Principales violaciones de DD. HH. en Venezuela según informe de Provea

LA HUMANIDAD · 15 JULIO, 2020 18:02

Las principales violaciones de DDHH en Venezuela, según el informe anual de Provea

Texto por Deisy Martínez Fotos por Provea

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El  Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este lunes 14 de julio su informe anual 2019. El uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y las víctimas que cobró, así como las torturas, formaron parte del reporte sobre violaciones de derechos humanos en el país el año pasado por parte de la ONG.

De acuerdo con Provea, apoyada por otras organizaciones y expertos, las  principales irregularidades y crímenes cometidos desde el Estado en materia de DD. HH. en 2019 fueron:

Contra el derecho a la vida. Provea informa que en 2019 pudo conocer las circunstancias en las que fueron asesinadas 2.102 personas, de las cuales se identificó  a 1.045. Se denunció  que en cada una de las muertes intervinieron policías y militares.

“De las 1.045 víctimas identificadas, en 312 casos los familiares o vecinos de los fallecidos denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas. 41 asesinatos se produjeron como consecuencia de uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones”, se lee en el informe.

Torturas. Provea reportó  574 víctimas de tortura en el país durante 2019. La cifra representa un aumento de 526 % con respecto a 2018. Producto de esta práctica considerada crimen de lesa humanidad, han muerto 23 personas.

Uso desproporcionado de la fuerza policial.  La ONG reportó 1.497 civiles fallecidos durante operativos de organismos de seguridad. En 979 casos analizados se registró el deceso de 16 funcionarios policiales, lo cual equivale a un uniformado muerto por cada 94 civiles asesinados, según el informe.

Contra la libertad personal. Entre enero y diciembre del año pasado se reportaron 2.744 violaciones al derecho a la libertad personal, lo cual representa 147 % de aumento con respecto al período anterior analizado.

“El aumento señalado se debió al significativo incremento en el número de personas detenidas de manera masiva durante 2019. Provea registró un total aproximado de 1.957 personas detenidas masivamente, lo que constituye 71% del total de las presuntas violaciones a la libertad personal de este año”, reza el informe.

Contra la integridad personal. En el período analizado se detectó un  total de 357 denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal  con 5.211 víctimas. La Constitución Nacional establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y no puede ser sometida a “penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El aumento con respecto a 2018 es de 310,77 %.

TSJ como “brazo político de la dictadura”. El informe también hace alusión a la situación de denegación de la justicia desde el Poder Judicial venezolano. Resalta el papel del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como brazo ejecutor de decisiones políticas que responden a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Contabiliza por ejemplo, 30 sentencias del alto tribunal contra la Asamblea Nacional y  que sabotearon su funcionamiento.

Entre los fallos se encuentran los que enjuician a 24 diputados y les viola la inmunidad parlamentaria.

Contra la participación política. El estudio resalta cifras de Foro Penal según las cuales 2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente durante 2019, entre ellos miembros del Parlamento nacional, dirigentes políticos, entre otros, en clara violación de sus derechos a la participación política.  La cifra de presos políticos para entonces se ubicó en 338 personas, entre ellas  118 militares.

“Indican (Foro Penal) que en los primeros cinco meses, según su monitoreo, pudieron verificar los casos de 50 personas asesinadas, producto de la represión dentro del contexto de manifestaciones”, agrega el estudio.

Contra el derecho a la alimentación. En 2019 el  derecho a la alimentación de la población venezolana estuvo limitado por el colapso del sistema alimentario, incluyendo la disponibilidad para el consumo humano por la caída de la producción, así como el acceso físico y económico a los alimentos para su consumo en cantidad y calidad, producto de los bajos salarios (tres dólares diarios el año pasado).

Se reprocha que por el bajo poder adquisitivo, cada vez más venezolanos fueron empujados a depender de las cajas del programa de alimentación CLAP, cuya cobertura es insuficiente y baja en calidad en cuanto a los productos ofrecidos.

Contra los derechos laborales.  El informe alude a la caída del poder adquisitivo del salario, violaciones a las contrataciones colectiva, persecución y criminalización de la protesta por reivindicaciones, especialmente en el sector público.

“De 811 casos de amenazas y hostigamiento registrados en el capítulo Derecho a la integridad personal del presente Informe Anual 2019, se contabilizan 405 casos contra trabajadores, es decir, 50%. La mayoría de ellos docentes, personal de salud y trabajadores de empresas del Estado”, reza el documento.

Se señala al CICPC y directivos del Ministerio de Educación como los principales  responsables de amenazas y hostigamiento, con 150 casos cada uno, contra trabajadores. Le siguen colectivos paramilitares afectos al chavismo en 60 casos que incluyeron amenazas de muerte contra el personal de la Maternidad Concepción Palacios en Caracas. Lara encabeza los casos con 310 y Distrito Capital está en segundo lugar con 81.

Escasez de agua. El informe dedicó una parte a la emergencia generada por el COVID-19 en el país este año. Se reflejó que 80% de los hospitales públicos no tienen agua por tubería y deben abastecerse con cisternas. Se indica además que en centros de salud adscritos al Seguro Social hay 27% de escasez de medicinas.