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Carmen Nava vive en el barrio Las Quintas en la Cota 905. Hace un año, ella no despertó con la alarma de su celular sino con el estruendo de su puerta abriéndose de par en par. Hombres encapuchados con armas largas apuntaron a su esposo, hijos, hermanos y sobrinos, para obligarlos a salir de sus cuartos. Por más de cuatro horas, esta familia estuvo reducida a unos bultos semidesnudos (“porque así duermen los muchachos”), arrodillados, con las manos en la cabeza, en la sala de la vivienda.

Eran las 5:00 am cuando todo empezó para ellos ese 13 de julio. Sin moverse ni hablar, todos escucharon las risas, los cajones cayendo y los colchones levantándose; sin poder defenderse, tuvieron que ver cómo el televisor, los celulares, la ropa y la comida desaparecían en una pick up blanca conducida y escoltada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Carmen Nava no es el nombre de esta mujer de 40 años, con dos hijos de 19 y 24 años de edad. No quiso revelar su verdadera identidad porque después de 365 días, aún siente temor de que los encapuchados regresen y le quiten la ropa, los celulares y la comida que ha logrado comprar con su sueldo de doméstica y el de su esposo de obrero. Pidió anonimato para contar su testimonio.

Ella reconoce que mermaron los tiroteos nocturnos, pero no la delincuencia local. Como Carmen, otros habitantes ven con recelo los patrullajes policiales y las alcabalas militares, al mismo tiempo que se entristecen al contar casi 130 casas vacías de su comunidad. El miedo a los allanamientos ilegales, a las bandas delictivas y el desabastecimiento los obligó a abandonar su hogar, según reconocieron a Efecto Cocuyo los vecinos de Las Quintas.

La Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP) fue anunciada a Venezuela después del mediodía de ese 13 de julio de 2015, cuando 15 personas habían perdido la vida durante el procedimiento. Según el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, todos eran delincuentes y se enfrentaron a los 200 funcionarios que desplegó en la Cota 905. Ninguno resultó lesionado y solo seis tenían expediente criminal, dos por homicidio.

“Ahora el sector está tranquilo, porque los grandes líderes se fueron. Quedan unos muchachos que siguen en lo suyo y se quedan tranquilos si no los denunciamos a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ahora montan alcabala con una tanqueta en la entrada del barrio. A ellos sí les tengo miedo, porque a veces hacen patrullajes y se meten en las casas. Ya no tanto como el año pasado, pero todavía nos hacen pasar susto”, dijo Nava.

Vecinos con los que tuvo contacto Efecto Cocuyo, relataron que en 2015 sus viviendas fueron allanadas en diversas oportunidades por los uniformados policiales, quienes “en nombre de la OLP”, las registraban sin una orden judicial.  Muchos de estos episodios no fueron explicados por el ministro en algún comunicado.

Casas quemadas en septiembre, luego de un operativo policial

Ramón González*, representante de uno de los 16 consejos comunales que hay en la Cota 905, explicó que por esta razón, de una comunidad de 300 familias, solo quedan 70. María García*, familiar de uno de los 200 detenidos en la primera incursión de la OLP, atribuyó el éxodo al desabastecimiento del Mercal y las bodegas.

“Tenemos cicatrices, seguimos con más miedo a la policía que a los malandros. Ellos (la autoridad gubernamental) no han logrado recuperar la confianza de la gente en los funcionarios”, aseveró González*. Dijo que en mayo, en tres puntos del barrio, aparecieron alcabalas en la entrada de Las Quintas, Los Laureles (a la altura de la clínica) y en el sector Barlovento. En el primero, una tanqueta de la GNB está estacionada. Aseveró que casas abandonadas por sus dueños serían rehabilitadas para disponer módulos para los uniformados.

A esta militarización de una comunidad el ministro González López la llamó: segunda fase de la OLP.

En el primer semestre de la OLP, la Fiscalía contabilizó que fueron asesinadas 245 personas por supuesta resistencia a la autoridad y aseguró que sus funcionarios están investigando la muerte de estas personas. Hasta ahora se desconocen los nombres de los agentes policiales que están en la lupa del Ministerio Público y tampoco si ya han sido imputados algunos, aunque ya han pasado seis meses del anuncio.

La organización pro derechos humanos Provea también lleva su registro de irregularidades. En mayo de 2016 presentó en un documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que precisaba se produjeron 460 violaciones a la vida, 17.000 viviendas allanadas sin orden judicial y 9.756 casas demolidas durante la OLP.

Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos, el ministerio de Interiores Justicia y Paz desplegó el 10 de mayo las Unidades de Liberación y Protección del Pueblo (Ulpp).  Ese día no solo la Cota 905 amaneció militarizada, sino también El Valle y El Cementerio, sitios a los que se conoce como “zonas de paz”, por el poco rango de acción policial sobre las bandas que allí operan. Tanquetas, helicópteros y drones fueron vistos por los caraqueños, cual escenario de guerra en el Medio Oriente.

Según el Ministro, el propósito de la nueva fase estratégica OLP consiste en erradicar células cuyos objetivos políticos son desestabilizar la paz de los venezolanos y que el despliegue también llegaría a Barlovento y Los Valles del Tuy, del estado Miranda, y al estado Vargas.

“Hace un mes tuvimos que denunciar ante un coronel a varios funcionarios de la GNB que están en las alcabalas, por el cobro de vacunas a los comerciantes y el matraqueo a los vecinos. Ellos están allí, revisan al que pase y así en una oportunidad, le quitaron la quincena a un muchacho. A los bodegueros les quitaban refrescos o comida, con la amenaza de que les decomisarían todo”, dijo González y agregó que luego de una reunión con el militar de alto rango, esos abusos cesaron.

Regresar a la normalidad

En la redoma La India, al costado izquierdo del centro comercial Galerías El Paraíso, está una de las paradas de transporte público que comunica a la Cota 905 con Caracas. Ese terminal está a cinco kilómetros de distancia de la sala de operaciones de las bandas de secuestro, robo de vehículos y extorsión que controlan el crimen en la capital del país; pero los ciudadanos evitan hacer comentarios relacionados con ellos.

“La mayoría se ha ido, pero algunos siguen enconchados allá arriba. Lo mejor es evitarlos y no hablar de ellos, porque si no puede pasarnos como a la mujer que quemaron”, dijo uno de los usuarios. El hombre, que iba camino al estacionamiento en Las Mercedes donde trabaja como vigilante, se refería al caso de Elizabeth Margarita Aguilera Vegas, asesinada en el barrio San Miguel el lunes 27 de junio.

La mujer habría delatado a un delincuente que se escondía en una vivienda del sector Cruz Verde. El criminal y su banda se habrían enterado de esto, por lo que le dispararon y la quemaron.

“Es difícil esta situación que tenemos los consejos comunales. Las amenazas hacia nosotros cesaron, luego de la militarización de la zona. Nos dicen que nos dediquemos a lo nuestro, a arreglar las calles, las cosas sociales”, dijo González.

Para los transportistas, la acción de la OLP también es una solución dulce-amarga. Si bien los secuestros a sus unidades han mermado, los asaltos no. “Son los más chamos los que nos preocupan, los nuevos. Las bandas con más tiempo están un poco aplacadas y se dedican al secuestro afuera”, manifestó un conductor que no quiso ser identificado.

De acuerdo con información policial, los líderes de los grupos delictivos migraron hacia otros sectores, como Catia y El Junquito. Los integrantes que allí quedan, operan bajo el esquema de asociación con El Cementerio y El Valle y se resguardan en las veredas que comunican estos barrios, donde no ha llegado el despliegue policial y militar.

“Están resentidos e intentan reorganizarse, porque ya no se mueven con la misma libertad y sus líderes no están. Pero siguen vendiendo droga, con su negocio del secuestro y el hurto y robo de vehículos para la extorsión”, manifestó un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

“El Lucifer”, “El Galvi”, “Cara e Bruja”, «Pitbull» y “Mondongo”, son algunos de los cabecillas que murieron tras enfrentarse a la autoridad policial. Ninguno fue localizado en su comunidad. La policía está tras la pista de Carlos Revette, alias «El Coqui», hombre que logró unir a las bandas de El Cementerio, El Valle y la Cota 905, pero fuentes extraoficiales aseguran que este delincuente se esconde en la Penitenciaria General de Venezuela de Guárico. Su rostro no figura entre los buscados por la OLP, según la cuenta oficial en Twitter.

Eran los más cercanos a «El Coqui». Todos murieron en operativos policiales

Los habitantes de la Cota 905 guardan como norma salir de su casa después de que el sol aparece y regresar antes de las 8:00 pm. “A veces es más peligroso cuando el avispero se alborotó, aunque ya no esté la reina. A mis chamos no los dejo salir en la noche, porque la droga vuelve locos a los malandros”, exclamó una mujer con dos adolescentes en casa.

Mientras los vecinos esperan que “el pañito de agua caliente se enfríe”, los consejos comunales trabajan. “Como cerraron el Mercal en Las Quintas allí, se va a crear una base de misiones. Allí va a operar la Misión Vivienda, misiones educativas, Barrio Adentro, Barrio Nuevo Tricolor, entre otras. Hasta ahora solo funciona en la comunidad esta última y la Misión Cultura”, indicó González.