La persecución de disidentes venezolanos se extiende de Santiago a Bogotá
Yendri Velásquez, activista por los derechos Lgbtiq+, y Luis Peche, consultor político, se exiliaron en Colombia en septiembre de 2024, tras el clima de persecución que siguió a las elecciones del 28 de julio
Este lunes 13 de octubre, un ataque sicarial en el norte de Bogotá, capital de Colombia, contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche reavivó el debate sobre la seguridad de los activistas y oponentes al gobierno de Nicolás Maduro que han tenido que exiliarse tras amenazas de cárcel y persecución.
Este atentado, que dejó a ambos activistas heridos de bala en el barrio de Cedritos, de la capital neogranadina, rápidamente generó una ola de indignación y trajo a la memoria el caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Santiago de Chile en febrero de 2024.
A pesar de las diferencias geográficas y en el modus operandi, ambos incidentes evidencian un patrón de persecución política transnacional que pone a prueba la capacidad de los gobiernos de la región para proteger a quienes huyen de Venezuela buscando refugio político tras la Emergencia Humanitaria, que atraviesa el país desde 2017.
Atentado en Bogotá
Yendri Velásquez, activista por los derechos de las personas Lgbtiq+ y defensor de derechos humanos, y Luis Peche, consultor político, se exiliaron en Colombia en septiembre de 2024, tras el clima de persecución que siguió a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, donde se proclamó a Nicolás Maduro como ganador, pese a que la oposición refutó el resultado denunciando fraude que con el respaldo de más de 70% de la actas electorales, que hasta este 14 de octubre, el CNE no ha publicado.
Ambos fueron víctimas de un ataque sicarial, según declaraciones de la policía colombiana, en el que les dispararon al menos 12 veces. Velásquez recibió ocho impactos de bala, mientras que Peche fue alcanzado en una pierna. Por fortuna, ambos se encuentran fuera de peligro.
“Nosotros estamos convencidos de que esto tiene un móvil político y ha sido coordinado desde Venezuela”, afirmó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, en declaraciones a la revista Semana.
Según García, el ataque sicarial contra los activistas Velásquez y Peche no fue un hecho aislado, sino una advertencia orquestada para silenciar a la disidencia en el exilio.
“Nosotros hemos visto dos casos de amenazas directas que nunca habíamos vivido. Unas personas identificadas como miembros del Tren de Aragua les decían que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela, ellos iban a atentar contra ellos. En esa amenaza les mandaron la dirección de donde vivían. Nos tocó moverlos de lugar”, dijo García.
La respuesta de las autoridades colombianas no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, señaló que “ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia” y aseguró que el Estado tiene información sobre los autores intelectuales del atentado, mencionando la coordinación de “mafias” en una reunión en Cúcuta, en Norte de Santander.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el atentado e instaron a las autoridades colombianas a investigar y garantizar la seguridad de los exiliados.
La sombra de Ronald Ojeda
Este atentado en Bogotá en contra de dos disidentes recuerda el secuestro y asesinato del militar y opositor venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile.
El exteniente del Ejército, que había sido degradado y declarado “traidor” por el gobierno de Nicolás Maduro, fue secuestrado en su domicilio de Santiago el 21 de febrero de 2024. Su cuerpo fue hallado diez días después en una zanja en la comuna de Maipú.
La autopsia preliminar reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que se le aplicaron “técnicas de tortura” propias de entornos militares.
La investigación de la Fiscalía chilena, liderada por el fiscal Héctor Barros, apunta desde el inicio a un móvil político. La principal hipótesis es que el crimen fue un “encargo” desde Venezuela, con la posible participación de agentes del gobierno venezolano.
En el proceso judicial que se desarrolla en la capital chilena, al menos tres testigos clave han declarado que el crimen fue encargado por una motivación política y vinculándolo a una supuesta orden de un alto funcionario del gobierno chavista.
A diferencia del atentado en Bogotá, que fue un ataque sicarial directo, el caso Ojeda presentó un modus operandi más sofisticado. Se trató de un secuestro coordinado que, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se dividió en distintas fases: ubicación, secuestro, traslado, cautiverio, muerte e inhumación ilegal.
La fiscalía chilena detuvo a un adolescente e identicó a otros dos sospechosos que, según los reportes, habrían huido a Caracas tras el crimen.
Similitudes en el patrón de persecución
A pesar de las diferencias en los detalles, ambos casos comparten un patrón que subraya la naturaleza de la persecución política de venezolanos opositores en el exilio.
Las víctimas de ambos ataques son figuras disidentes que huyeron de la persecución en el país. Ojeda, un militar degradado que se fugó de la cárcel de Ramo Verde, y Velásquez y Peche, activistas que salieron de Venezuela tras el aumento de la represión post-electoral.
La principal hipótesis en ambos casos es que los crímenes son de origen político y tienen como objetivo silenciar a las voces críticas en el exterior. La fiscalía chilena ha confirmado esta tesis en el caso Ojeda, mientras que en Bogotá, las declaraciones de la Fundación Juntos Se Puede sobre las amenazas y la vigilancia previa apuntan en la misma dirección, aunque aún las autoridades que investigan el caso no han informado sobre la motivación del sicariato.
Los ataques demuestran que la persecución no se limita a las fronteras de Venezuela, ya que las amenaza de la violencia y el amedrentamiento se extienden a países vecinos, como Colombia y Chile, que han recibido una gran cantidad de migrantes y refugiados venezolanos.
Cabe destacar que meses antes de las elecciones presidenciales, el activista Yendri Velásquez había sido detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando abordaría un vuelo para un evento relacionado con la defensa de los derechos humanos en el exterior, lo que deja un precedente de su persecución política dentro de Venezuela.
Diferencias
La diferencia más marcada entre ambos sucesos es el resultado de los ataques.
El caso de Ronald Ojeda culminó en un asesinato, mientras que el de Velásquez y Peche, aunque fue un acto de violencia extrema, no fue fatal, gracias a que ambos fueron atendidos de forma rápida en un centro de atención médica cercano a donde ocurrió el ataque armado.
El modus operandi en Chile fue un secuestro que, según la Fiscalía, utilizó técnicas militares sofisticadas de tortura.
En Bogotá, el ataque fue un acto de sicariato directo con armas de fuego, similar al que le quitó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en junio de 2025.
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