Defender garantías fundamentales en un país como Venezuela tiene sus consecuencias: la persecución política es una de ellas. En los últimos meses, la escalada represiva ha ido contra mujeres que destacan por su lucha en la defensa de los derechos humanos.
La abogada Tamara Suju, directora del Instituto Casla, por ejemplo, no puede ingresar a Venezuela, porque tiene una orden de arresto.
De igual forma ocurre con la periodista Sebastiana Barráez, a quien implicaron en una operación militar que supuestamente pretendía causar desestabilización en el país, al igual que Suju.
Uno de los casos más recientes es de la abogada y activista Rocío San Miguel, que este 9 de marzo cumple un mes detenida en El Helicoide, tras ser vinculada a la operación «brazalete blanco» denunciada por altos funcionarios del chavismo como un atentado contra Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal.
En Venezuela también hay al menos 26 mujeres tras las rejas por razones políticas. Desde los órganos de justicia algunas han sido acusadas de conspirar contra el gobierno de Maduro.
Muchas de las mujeres que se encuentran presas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, violencia sexual y basada en género, por lo que en la Fiscalía de la Corte Pena Internacional (CPI) hay una investigación abierta contra el gobierno por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Persecución a las mujeres no es algo nuevo
Para la activista feminista y cofundadora de Yo Te Creo Venezuela, Ariana González, el gobierno de Nicolás Maduro persigue a cualquier persona que considere una amenaza para su estabilidad o incluso sin serlo.
“No hay que ser una defensora de los derechos humanos para ser el objetivo. Lo que pasa es que ahorita probablemente nosotros estamos viendo algo que no había sucedido antes, algo sin precedentes, que es la detención de Rocío San Miguel, probablemente una de las defensoras de derechos humanos venezolanas con más alto perfil”, explica.
En la misma línea, Gabriela Buada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, reitera que la persecución a las mujeres defensoras de derechos humanos en Venezuela no es algo nuevo. Es sistemática y grave con distintas formas de represión por parte del Estado y agentes no estatales.
Buada asegura que algunos de esos patrones son las amenazas, el hostigamiento, la vigilancia constante por parte de organismos estatales y grupos armados afines del gobierno.
Las defensoras de derechos fundamentales en el país, agrega Buada, también son víctimas de violencia digital, violencia en medios de comunicación y canales del Estado.
“Son una serie de patrones de intimidación, de vigilancia y presiones para que ellas abandonen sus actividades de defensa de derechos humanos”, dice.
Persecuciones distintas
Para Ariana González, el gobierno de Maduro persigue de distintas maneras a las mujeres en el país y un ejemplo es el caso de María Corina Machado, inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales, a pesar de que la líder opositora encabeza las encuestas electorales.
Agregó que en el caso de mujeres presas por razones políticas hay activistas de los derechos de los animales, profesionales, hay militares, trabajadoras y la mamá de un militar que está preso.
“Hemos visto cómo los patrones de persecución y de detención hacia mujeres también pueden ser una consecuencia de una persecución a un tercero. Y por ese tercero, las persiguen a ellas”, añadió.
Silenciar voces
Buada indicó que otras formas de persecución en Venezuela son las restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, que dificulta el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos.
“Hemos visto cómo a través de una ley que quieren aprobar se ha limitado muchísimo la capacidad de organizaciones y protestas de las activistas (…) Los mensajes también de intimidación que se reciben a través de las redes sociales, a través de vía telefónica, en espacios como ‘Con El Mazo Dando’, son de alguna manera represiones y al final tienen el objetivo de silenciar y neutralizar la defensa de los derechos humanos. Imagínate eso en una mujer defensora que realmente es vulnerable por su misma condición de mujer”, dice.
Organizaciones como Cofavic, junto al Observatorio de Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Vicaría de Derechos Humanos, publicaron en 2021 que en el año 2019 había una escalada de agresiones, actos de hostigamientos y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos e hicieron un apartado de mujeres.
“La persecución política hacia mujeres defensoras de derechos humanos se enmarca en un contexto de discriminación por género, y eso está contemplado en la Ley contra la violencia a la mujer, y de alguna forma atacar a estas mujeres por su activismo, por su oposición al gobierno, por su oposición a ideas políticas, perpetúa un ciclo de violencia de género que socava su autonomía y su rol en la sociedad civil, como es el de la defensa de los derechos humanos”, argumenta.
Buada enfatiza que la persecución política hacia las mujeres también se considera como una forma de violencia contra la mujer, debido a que esta no se limita únicamente a la violencia física o de género, sino que también incluye violencia psicológica, emocional, económica y política.
“En el caso de la persecución política hacia mujeres defensoras de derechos humanos en Venezuela se están vulnerando sus derechos fundamentales. No solo su derecho a defender derechos, sino que también se les intimida, se les hostiga, se les detiene de manera arbitraria, se les limita su libertad de expresión y asociación. Estas acciones tienen amplios objetivos, pero siempre es silenciar sus voces”.
La violencia
Tras la persecución y el encarcelamiento, las mujeres defensoras o presas políticas que se mantienen dentro de las cárceles son víctimas de violencia en distintos aspectos.
Ariana González señala que en el informe de la Fact-Finding Mission está un capítulo dedicado solamente a tratos crueles y violencia basada en género de las privadas de libertad por razones políticas que hay actualmente en Venezuela.
Recalcó que la mayoría de las mujeres detenidas han sufrido violencia por razones de género. La activista cita como ejemplo la detención de Yosida Vanegas, que fue arrestada por ser la madre de un militar detenido por razones políticas.
También recordó el caso de Ermilendris Benítez, que estaba embarazada cuando la detuvieron y la obligaron a tomar un medicamento abortivo sin su consentimiento y sin su conocimiento.
“Yo creo que nosotros deberíamos tener una campaña mucho más agresiva para no solamente visibilizar estos casos, sino exigir la inmediata liberación de estas mujeres. Porque si ya es difícil ser un preso político en Venezuela y asumir las consecuencias de todo lo que eso conlleva, violencia, ataques, humillación, no solamente al preso político, sino a su entorno, su familia”, agrega.
La defensa de los DDHH
La directora de Caleidoscopio Humano reitera que la persecución política puede exponer a las mujeres defensoras a un mayor riesgo de sufrir violencia física y psicológica.
“Otra de las consecuencias, sin duda, es que existan menos mujeres involucradas en la defensa de los derechos humanos. La persecución política de los últimos años ha desmotivado a otras mujeres a involucrarse, a mantener su rostro en la defensa de los derechos humanos. Y además de esto, puede ocasionar la disminución de la diversidad de voces y perspectivas en el movimiento de derechos humanos”, advierte.
Buada deja claro que el objetivo de estas persecuciones son acallar las voces de las defensoras y así lograr que otras mujeres tengan miedo a defender los derechos humanos. “De alguna manera las silencian”, exclamó.