El coordinador del Foro Penal en el estado Delta Amacuro, Orlando Moreno, permanecerá privado de libertad por orden de una jueza en Tucupita que este miércoles 28 de abril le imputó tres delitos.
El director vicepresidente de esta ONG que se dedica a la defensa de presos políticos, Gonzalo Himiob, informó que la jueza Lizgreana Palma imputó a Moreno por los supuestos “instigación al odio, ultraje a funcionario, lesiones genéricas y resistencia a la autoridad“.
Además, deberá permanecer encarcelado hasta que se consigan fiadores para otorgarle una medida sustitutiva de libertad.
Himiob aseguró que “Orlando Moreno queda detenido indefinidamente hasta cumplir requisitos para libertad bajo fianza”. El activista alertó que el sitio de reclusión del defensor de DDHH podría ser el “peligroso retén de Guasina”.
Moreno fue apresado el pasado domingo 25 de abril en el muelle de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Tucupita, cuando recogía testimonios de los familiares de las víctimas y sobrevivientes del naufragio que ocurrió en aguas territoriales de Delta Amacuro.
El Foro Penal denunció que hubo una detención arbitraria en contra de su coordinador regional, a quien presentaron después de las 48 horas que constitucionalmente obliga al Estado a llevar ante juez a una persona cuando la privan de libertad.
Organizaciones piden cese de criminalización
Este jueves, 11 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, exigieron al gobierno de Nicolás Maduro la liberación inmediata de Moreno.
En un comunicado recordaron que el encarcelamiento del activista es “el último de una serie de ataques cada vez mayores contra defensores de derechos humanos y organizaciones por parte del Estado venezolano”.
Condenaron las declaraciones de la gobernadora de Delta Amacuro, la dirigente chavista Lizeta Hernández, quien este lunes 26 de abril acusó a Moreno de instigación al odio, aun cuando el activista no había sido presentado en los tribunales.
Sobre esto dijeron que “este tipo de declaraciones alimentan
la campaña de estigmatización en contra de los defensores”. Además añadieron que “el monitoreo continuo ha revelado la profundización de la política de represión, que incluye la criminalización a personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”.