El informe de la Misión de determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “es un gran insumo” para la Corte Penal Internacional (CPI) afirma la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez Sandoval.

La investigadora y defensora de derechos humanos señaló que el documento puede abonar el camino para que el tribunal inicie la fase de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que ahí se señalan y los responsables de los mismos.

“Este informe es un gran insumo para la CPI, viene de una misión creada por el consejo de derechos humanos de la ONU, con un nivel de evidencia muy alto, y eso es lo que recibe la Fiscalía de la CPI a la hora de tomar decisiones para pasar al siguiente paso y esperamos que este informe abone ese camino”, manifestó.

Jiménez recordó que Venezuela tiene un examen preliminar abierto desde 2018 en la CPI y se espera que la Fiscalía de la corte determine si existen méritos suficientes para iniciar una investigación y un eventual juicio.

En 2018, un grupo de seis países (Argentina, Chile, Colombia Paraguay, Perú y Canadá) pidieron al tribunal internacional investigar al gobernante Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.

Es por eso que la directora de Amnistía Internacional considera que la CPI “se presenta como una posibilidad”. Otra razón es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene jurisdicción sobre Venezuela después de que el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez denunciara al organismo en 2013.

En caso de que se de luz verde a la investigación y el juicio determinen responsabilidades, Jiménez indicó que la corte tiene el mandato de emitir órdenes de captura contra aquellos que se han encontrado culpables.

Informe “histórico”

Carolina Jiménez Sandoval sostiene que el informe abre una situación “inédita e histórica” porque no solo habla de violaciones de derechos humanos que comete el Estado venezolano sino que explica detalladamente por qué considera crímenes de lesa humanidad e identifica con nombre y apellido responsabilidades individuales.

“Los cuatro nombres que más surgen son los de Nicolás Maduro, el ministro de Interior (Gustavo González López), el ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) y también menciona a Diosdado Cabello por la influencia que tiene sobre algunos órganos muy represivos como el Sebin”, precisó.

Jiménez explicó los alcances de la documentación que hizo la misión experta de la ONU y las implicaciones que tiene la calificación de crímenes de lesa humanidad, en entrevista con la comunicadora social y dirigente política Mercedes Malavé.

“Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen contra una población civil y tienen un alcance generalizado o sistemático. Esto quiere decir que no ocurren de forma aislada y que hay una planificación para que esos crímenes se cometan. Es de suma importancia esa categorización porque detrás de estos crímenes hay coordinación. Otra característica que me parece importante es que no prescriben, son crímenes que se cometen y esa responsabilidad no se desvanece nunca; la justicia puede llegar en un año o en 20 años”, precisó.

Sanciones violan derechos de la población

La directora de Amnistía Internacional también se pronunció en contra de medidas punitivas como las sanciones que han tomado países como Estados Unidos contra Venezuela. “Las sanciones y aislamientos no son temas propios de la justicia, no puede ser una buena idea que a un país que tiene una emergencia humanitaria se le impongan sanciones a su economía porque eso lesiona los derechos económicos y sociales de la población”, manifestó.

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