Los 17 cuerpos de las víctimas de la masacre de Tumeremo que fueron encontrados en la Mina Atenas, estaban sin mutilaciones. La causa de muerte de todos fue un proyectil de bala, 16 en la región cefálica y 1 en la región torácica. Así lo anunció la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en una rueda de prensa, acompañado por Douglas Rico, Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
El proceso de identificación de los cuerpos se realizó en una morgue improvisada en el Fuerte Tarabay, que fue acondicionado para tales fines. Se revisó que, además de contar con instalaciones adecuadas, contara con el equipo necesario, y hasta allá se trasladó un equipo del Ministerio Público y del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec).
“14 de los cuerpos están plenamente identificados y ya fueron entregados”, dijo la Fiscal, quien también aseguró que “está descartado” que sean 21 o más desaparecidos, contrario a lo que aseguró la tarde de este lunes en una entrevista. “El Ministerio Público ha procesado todas las denuncias y se ha entrevistado con los familiares”.
El proceso de identificación de los cadáveres tomará “el tiempo que sea necesario. No se puede apresurar a los técnicos y experto”, según Ortega. Además, anunció que del desaparecido número 18 no hay mayor dato. “No ha sido posible que los familiares de esta persona 18 nos dé cédula, fotografía”.
Agregó que se han tramitado tres órdenes de captura a los presuntos autores del hecho, que calificó de “lamentable y terrible”, y que una de ellas es para Jamilton Andrés Ulloa Suárez, mejor conocido como “El Topo”. Al respecto, Mundaray puntualizó que serán procesados por homicidio calificado por motivos innobles y legitimación de capitales, y que el hecho tiene “diversas vertientes”.
Una posible participación de funcionarios públicos en el suceso no se puede descartar hasta que haya una sentencia, ya que esta investigación “apenas está comenzando”, dijo Ortega. Por su parte, Douglas Rico aseguró que si esto se puede comprobar el funcionario será sancionado, y que hay algunos que van a ser extraídos de sus respectivos cuerpos para ser investigados.
Rico, Zahir y Ortega celebraron la actuación de los distintos cuerpos policiales, que trabajaron de manera colaborativa para lograr resultados, aunque Ortega recalcó que están obligados a acatar las órdenes del Ministerio Público. “El MP dirige la investigación, ordena que se haga tal o cual diligencia y el funcionario o particular está en la obligación de hacerlo”
Especificaron que los cuerpos estaban enterrados bajo una gran cantidad de tierra, “como para que nunca los encontraran”, pero que la maquinaria pesada utilizada para desenterrarlos también permitió indicar que no hay ningún otro cadáver en la zona.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que no descartaba la existencia de otras fosas comunes en varias minas de Tumeremo, por lo que las pesquisas del caso continuaban en la mina de Hoja Lata. Al respecto Ortega dijo que el MP no ha sido informado de una fosa en esa zona y que ellos son la autoridad competente de organizar la pesquisa, y allí no han hecho ninguna.
Las autoridades hicieron énfasis en que uno de los centros de la investigación es el cuidar la identidad de los familiares de las víctimas, y pidieron a los medios de comunicación y a cualquier persona que la conociera, que la resguardara. Señalaron que por ese motivo la entrega de los cuerpos se realizó sin presencia de los medios.
El Ministro de Defensa y el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz están trabajando conjuntamente para proteger la zona, que es delicada puesto que es “pleno motor del arco minero”, dijo Rico, quien también señaló que están trabajando para evitar que se repita un hecho de este estilo o que personas como “El Topo” hagan vida en la zona.
Otras denuncias
La Fiscal General de la República señaló varias veces que el proceso de denuncia debe ser acudir a las autoridades correspondientes, y que las realizadas por otros medios carecen de validez. “Toda denuncia debe llegar al Ministerio Público. Si no, no se procesa”.
Relató que hace dos días tomaron otra denuncia de un desaparecido en la zona y que ya se iniciaron los trámites correspondientes para lograr su identificación, pero que fue un caso “extraordinario”.
Con relación a las denuncias realizadas por el diputado Américo De Grazia, dijo que le iba a enviar una comunicación solicitándole una cita para que informe de los elementos que conoce y que pueden ayudar a la investigación.
También mencionó que una posible indemnización a los familiares de las víctimas dependería del Ejecutivo y que habría que esperar los resultados de las investigaciones para decidirlo, puesto que solo se indemniza en casos que incluyan violaciones a los derechos humanos.