Humberto Prado: Cuando un juez priva de libertad a una persona, ya va sentenciada a muerte

El sistema penitenciario venezolano atraviesa una crisis multifactorial originada por la inacción del Ministerio Penitenciario, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional. Así lo diagnostica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien maneja un subregistro sobre la letalidad en los centros de reclusión del país durante los últimos meses. 

“Hasta los momentos contabilizamos más de 60 presos sociales fallecidos desde el mes de abril”, informó el defensor de derechos humanos de los presos sociales mediantre una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

El experto responsabiliza a la Defensoría del Pueblo por no interponer recursos a favor de la población penal y cuestiona el accionar de los tribunales, que emiten boletas de encarcelamiento con pleno conocimiento del hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de supervivencia en las celdas. 

“Cuando un juez priva de libertad a una persona ya va sentenciado a muerte porque lo van a dejar morir y a las autoridades no les interesa”, sostuvo. 

Esta inacción institucional cobró recientemente la vida de Luis Alejandro García, un joven de 30 años que falleció presuntamente por tuberculosis en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, en Tocuyito, estado Carabobo. El OVP documentó que esta instalación carabobeña mantiene a más de 2.200 personas aglomeradas en un espacio concebido para 1.400.

Las enfermedades y la situación médica de los reclusos

Las patologías prevenibles han desplazado a la violencia como causa principal de las muertes en los recintos penitenciarios del país. Según los informes del OVP correspondientes a 2025, el 95 % de las 181 muertes carcelarias fueron ocasionadas por fallas cardíacas, pulmonares, tuberculosis, sarna y cuadros gastrointestinales. 

Prado denuncia que el Estado contempla el pago de nóminas de salud, pero la asistencia de especialistas para frenar los contagios es prácticamente nula. “Tú tienes que preguntarte dónde están los médicos a los cuales se les paga, porque los penales deben tener un especialista todos los días y no por consultas de vez en cuando”, dijo. 

Al abandono del sistema de salud en los centros de reclusión se suma una desnutrición agravada por el suministro de alimentos descompuestos por parte del Ministerio Penitenciario, comida que el coordinador de la ONG califica como “bazofia”. 

El activista señala que la crisis alimentaria empeora en los centros de detención preventiva o calabozos policiales porque las oficiales no tienen presupuesto para mantener a reclusos por más de 48 horas.  “Por más que la madre lleve caliente la comida no se la entregan inmediatamente, sino que es devuelta toda revuelta después de estar horas esperando”, indicó. 

Prado subraya la gravedad de omitir la entrega de tratamientos antirretrovirales a la población penal que vive con VIH. “Una persona con sida o con VIH en la cárcel si no le proporcionan el medicamento es como si lo están condenando a muerte”, afirmó. 

La situación en los calabozos policiales

Prado reiteró que las sedes de los cuerpos de seguridad siguen operando como prisiones de castigo prolongado y explicó que la paralización del sistema gradual de medidas alternativas y la suspensión de traslados colapsó las comisarías, que hoy albergan a detenidos sin baños ni luz natural. 

“Todos los problemas se le trasladan a las policías municipales, nacionales y a otros cuerpos de seguridad”, indicó. 

El hacinamiento en estos recintos transitorios se mantiene en niveles críticos por el retardo procesal. Una investigación del OVP reveló que 7.414 ciudadanos permanecen en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

El lapso de retención promedio ronda los 615 días y un 87,9 % de los detenidos soporta el encierro sin haber recibido sentencia definitiva.

Prado advirtió que asignar la custodia de estos espacios a funcionarios formados para la investigación científica institucionalizó el cobro de extorsiones y las familias se ven obligadas a pagar tarifas en moneda extranjera a los custodios para garantizar que el recluso pueda recibir luz solar o dormir en un espacio menos hacinado. “Ahí se paga hasta por el derecho a respirar y eso precisamente es lo que hace que no se solucione este problema”, agregó.

La cantidad de presos en el país

La maquinaria judicial mantiene a una elevada cantidad de personas bajo su control sin contar con capacidad estructural. El abogado precisa que el sistema abarca a más de 100.000 ciudadanos si se incluye a la población que recibió medidas cautelares. 

“En las diferentes cárceles nacionales hay alrededor de 27.000 reclusos, mientras que los calabozos policiales concentran a otros 32.000 y registramos al menos 700 adolescentes detenidos”, enumeró. 

Frente a esta cifra, el fundador de la organización repudia que el liderazgo político nacional evada el tema penitenciario y enfoque sus pronunciamientos públicos únicamente en la situación de los privados de libertad por motivaciones ideológicas. “Esa diferencia es acertada porque los presos sociales son invisibles, no existen para la dirigencia que lo único que sabe hacer es pedir investigaciones después de que ocurre una masacre”.

El cierre de centros penitenciarios

El origen del déficit operativo que hoy asfixia al sistema penitenciario radica en la clausura de infraestructuras sin la edificación de nuevos espacios con instalaciones que busquen la reinserción social de quienes están presos.

 Prado reiteró que el cierre de más de 14 recintos emblemáticos, como el retén de Catia, La Planta, el internado de Apure y la cárcel de Sabaneta, lo que generó un déficit superior a las 11.000 plazas. “Inmediatamente anunciaron la construcción de otro penal, cuestión que nunca hicieron y más bien se desaparecieron una cantidad de millones de dólares de ese proyecto”.

Para Prado la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios hace 15 años agudizó el colapso de los centros de reclusión al monopolizar las decisiones de traslado. El especialista subraya que desde el Ejecutivo se impusieron lineamientos que despojaron a los jueces de su autonomía, subordinando el ingreso de los condenados a las cárceles a la aprobación de ese ministerio. 

“La autoridad judicial quedó arrodillada ante el Gobierno nacional porque ahora para trasladar a alguien a un internado hay que pedirle permiso”.