Harina, antibacterial, dinero y gasolina, lo que exigen algunos policías en alcabalas - Efecto Cocuyo

CORONAVIRUS · 6 ABRIL, 2020 12:33

Harina, antibacterial, dinero y gasolina, lo que exigen algunos policías en alcabalas

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo Fotos por Iván Reyes

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Una harina de maíz y un gel antibacterial le pidieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a *Ernesto Zambrano, en alcabalas que colocan en la autopista Francisco Fajardo, en plena cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Zambrano iba a llevarle comida a su madre y hermana que viven en Santa Mónica, Caracas, cuando fue sorprendido en una alcabala de la PNB a la altura del terminal de pasajeros La Bandera. “Tuve que cuadrar con un policía. Le di una harina pan y un gel y me dejó entrar por la autopista”, contó a Efecto Cocuyo.

Algo similar le ocurrió a Eduardo Crespo en Barquisimeto, estado Lara. El hombre a pesar de que estaba en un vehículo oficial fue detenido por funcionarios policiales. “Si no nos das gasolina para llenar nuestro tanque no pasas”, advirtieron los uniformados a Crespo, quien tuvo que darle el combustible para que lo dejaran seguir.

Durante el estado de alarma nacional, algunos funcionarios no solo se aprovechan de su autoridad en las carreteras. En las afueras de la estación Charallave Norte, del ferrocarril de los Valles del Tuy, Antonio Cadenas fue extorsionado por funcionarios de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El joven, de 22 años de edad, se dirigía a su trabajo en El Paraíso (Caracas), cuando en la entrada de la estación de trenes los uniformados le exigieron su salvoconducto. Cadenas no tenía el documento. “Si tienes algo ahí para cuadrar te dejo pasar”, le dijo un funcionario. Cadenas le aseguró que tenía 50 mil bolívares pero el policía le exigió Bs. 100 mil. “Tuve que darle eso que era lo que tenía y me dejó pasar”, contó.

No hay regulación de las alcabalas

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, señala que uno de los defectos en el decreto de estado de alarma es que no hay una regulación ni se establecen horarios para las alcabalas policiales y militares desplegadas en todo el territorio nacional para evitar el desplazamiento de las personas.

“El decreto carece de una reglamentación de lo que es el toque de queda, porque lo que tenemos es un toque de queda de hecho, pero no de derecho y por eso hay ese gran vacío”, dice.

Daniels explica que las las autoridades estadales y municipales no tienen competencia para establecer alcabalas o límites porque el decreto de alarma no le da esas competencias.

“Las disipaciones finales del decreto señala que ellos (alcaldes y gobernadores) apoyaran pero no dice que van a establecer los límites y derechos constitucionales (…) No tienen competencia constitucional para estar restringiendo derechos constitucionales, eso solo lo puede hacer el Ejecutivo nacional”, indica.

Ante estos casos de corrupción policial que Efecto Cocuyo documentó, el abogado y profesor de criminología Luis Izquiel explica que el estado de alarma no autoriza en ningún caso la corrupción policial ni los atropellos a los derechos humanos.

“Cobrar dinero por pasar personas o alimentos a través de una alcabala es un delito previsto en la Ley Contra la Corrupción. Las instituciones del sistema de justicia deberían procesar a los funcionarios involucrados. El problema es que sabemos la ilegitimidad y la competencia de los órganos encargados de impartir justicia en el país”, señala.

Izquiel señala que las alcabalas policiales están reguladas por una resolución conjunta del Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio de la Defensa y  el Código Orgánico Procesal Penal y en ninguna de estas normas se permite la corrupción, pero los  casos se producen por la descomposición de los cuerpos de seguridad.

“Están plagados de funcionarios que desvían sus conductas y no hay parámetros para que las denuncias en su contra puedan ser canalizadas hasta la suspensión o destitución de esos funcionarisos”.

Los ciudadanos están expuestos a los abusos policiales porque estos delitos de corrupción policial ocurren  en un marco de ausencia casi total de la institucionalidad, explica  el abogado penalista. “El ciudadano está indefenso ante los atropellos de derechos humanos que pueden cometer los policías y GNB”.

Aunque es una medida que casi nunca se cumple, Izquiel recuerda que si un ciudadano es detenido y es sometido a una revisión de su vehículo, en un alcabala policial o militar, está en el derecho de exigir la presencia de dos testigos y el funcionario deberá explicar por qué está realizando la requisa.