Enfermedades causaron 95% de las muertes en cárceles en 2025, según informe del OVP

Cinco mujeres murieron a causa de enfermedades durante su reclusión carcelaria

La crisis carcelaria se acentúa en Venezuela. Un total de 151 personas privadas de libertad murieron por diversas enfermedades en las cárceles venezolanas durante el año 2025, una cifra que representa el 95% de los decesos registrados dentro de los internados judiciales del país.

Estas cifras forman parte del Informe Anual 2025 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denominado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, presentado este martes 2 de junio a través de una conferencia de prensa en línea. Durante el encuentro, el director general de la organización, Humberto Prado, y su equipo técnico expusieron la realidad que enfrentó el sistema de prisiones durante el año pasado.

“Hemos visto una debacle, el problema no es de cárceles y presos, sino de falta de voluntad política”, denunció Prado durante su intervención.  

Los datos recopilados por la ONG, que defiende los derechos humanos de la población reclusa, señalan que el hambre extrema, la falta de atención médica y la ausencia de diagnósticos a tiempo se convirtieron en la causa casi exclusiva de muerte en el sistema carcelario regular. 

La investigación señala que esta crisis de salud llegó a desplazar por completo a los incidentes por violencia física interna o motines, los cuales antes solían encabezar las listas de letalidad.

Al sumar los registros de las cárceles nacionales con los fallecimientos ocurridos en las comisarías y calabozos policiales, la contabilidad global del informe asciende a 181 muertes bajo la custodia y responsabilidad del Estado. El monitoreo pormenorizado del OVP distribuye este impacto en 158 fallecimientos dentro de los penales principales y 23 decesos ocurridos en los centros de detención transitorios.

Al comparar estos registros con los del año anterior, la organización documenta un incremento sustancial en la mortalidad tras las rejas. Los fallecimientos en los establecimientos carcelarios pasaron de 105 muertes registradas en el año 2024 a 158 decesos documentados durante el año 2025. Los cálculos de la ONG revelan que este cambio representa un incremento absoluto de 53 fallecidos, lo que se traduce en un repunte del 50.48% en la tasa de mortalidad intracarcelaria en apenas doce meses.

Razones médicas que causaron las muertes

Al examinar las razones médicas detrás de ese 95% de muertes por razones de salud, los investigadores de la ONG identificaron que los problemas del corazón y los paros cardiorrespiratorios —asociados directamente al estrés y las malas condiciones del ambiente carcelario— ocupan el primer lugar con 48 casos documentados. En segundo orden, las enfermedades pulmonares y respiratorias graves, como la tuberculosis, cobraron la vida de 39 internos a lo largo del año.

El balance de fallecimientos por motivos de salud cierra con 8 casos provocados por fallas severas en múltiples órganos y 7 decesos causados por shocks debido a pérdidas extremas de sangre o líquidos corporales en cuadros clínicos que nunca recibieron tratamiento. 

Por otra parte, el restante 5% de las muertes ocurridas en las cárceles del país, equivalente a 7 fallecimientos, obedeció a causas ajenas a patologías médicas. El OVP indica que este porcentaje menor se vinculó a incidentes puntuales de peleas intracarcelarias y accidentes fatales derivados de la falta de mantenimiento en los penales.

El impacto en grupos vulnerables

El informe del OVP dedica un apartado especial a visibilizar cómo la precariedad de los penales golpea de forma diferenciada a las mujeres y a la población Lgbtiq+. En el caso de las mujeres, la organización confirmó la muerte de 5 internas durante 2025, todas por complicaciones graves de salud. 

El OVP señaló que dos decesos de mujeres ocurrieron en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), una en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, en el estado Lara, una en el Centro de Reclusión Femenina (C.R.F.) en Carabobo y una última en el anexo femenino de Barinas.

En cuanto a la población Lgbtiq+, el estudio del OVP advierte que este grupo enfrenta una doble desprotección dentro de las cárceles debido a prejuicios y a la falta de normativas institucionales para su resguardo. 

La ONG destaca que estas personas sufren con mayor dureza el maltrato institucional, severas restricciones para recibir las visitas de sus parejas o familiares, y la exclusión casi total en el acceso a los pocos medicamentos y alimentos que ingresan a las prisiones. 

“Muchos de ellos son obligados a realizar labores de limpieza, a lavar la ropa de reclusos y de custodios”, denunciaron durante la presentación del informe. 

Hacinamiento crítico

La infraestructura penitenciaria venezolana operó bajo condiciones de sobrepoblación extrema durante todo el año 2025, según el informe. El censo del OVP ubicó la población total recluida en 26,694 personas. 

“En Venezuela tenemos 52 cárceles y para 2025 funcionan 31. Hay mucha falta de información, hay opacidad en centros operativos, no hay una data específica por parte de las autoridades oficiales que albergan privados de libertad”, aseguró Mariangel Rincón, abogada de la organización. 

El informe enfatiza que el Estado mantiene a esta cantidad de ciudadanos encerrados en un sistema que no cuenta con el espacio físico básico ni humanamente regulado para albergarlos.

De acuerdo con la organización, el sistema carcelario del país tiene una capacidad instalada en papeles de 26,238 plazas; sin embargo, la capacidad operativa real, es decir, el espacio que verdaderamente sirve y está en funcionamiento, se reduce a apenas 15,096 puestos debido al cierre de instalaciones y al colapso estructural de pabellones enteros. 

Esta reducción genera un déficit de 11,142 plazas desaprovechadas, arrastrando al sistema a un nivel de hacinamiento general crítico del 176.83%, según se lee en el informe. 

La tasa histórica de muertes por salud

Las series estadísticas recopiladas en el tiempo por la organización demuestran que el año 2025 rompió todos los registros anteriores en cuanto a muertes por enfermedad. El OVP detalla en sus gráficos que en el año 2017, de un total de 149 muertes carcelarias, solo 28 correspondieron a motivos de salud, lo que representaba el 20%. Aunque en 2018 el indicador bajó levemente al 14%, a partir de 2019 comenzó un ascenso continuo, iniciando con un 63.4% de muertes asociadas a afecciones médicas.

El monitoreo de la ONG detalla que el año 2020 registró 184 muertes por salud de un total de 292 decesos, fijando la proporción en un 63.1%. Durante 2021, el porcentaje alcanzó el 71.4%; en 2022 se ubicó en 72.3%; en 2023 descendió al 51% y en 2024 se situó en el 58%. 

El registro de 2025, donde el 95% de las vidas se perdió en celdas por fallas de salud, duplica las tendencias y promedios históricos del sistema penitenciario, según las cifras reportadas por el OVP.

Colapso carcelario

El OVP atribuye el aumento de la presión y el colapso de las cárceles a la compleja dinámica política y judicial que atravesó el país durante los años 2024 y 2025. 

La ONG señala que el flujo de ciudadanos arrestados en el contexto de las protestas postelectorales ocurridas tras los comicios de julio de 2024 continuó saturando de forma masiva los centros de detención durante los meses posteriores, incrementando la población interna y reduciendo el espacio disponible por persona a mínimos extremos.

A este factor político se sumó el retardo procesal y la paralización en el otorgamiento de los beneficios de libertad que establece la ley, descritos en el informe como los principales obstáculos judiciales que impidieron desahogar los penales. 

El OVP recuerda en su balance que las demandas humanitarias planteadas por la población reclusa durante la huelga nacional de hambre del año 2024 siguieron sin recibir respuestas institucionales efectivas en 2025, manteniendo las prisiones muy por encima de sus capacidades reales.

Violencia sigue siendo mayor en calabozos policiales

La ONG también detalló que de las 23 muertes ocurridas en estos espacios que legalmente deberían ser de paso corto, 11 casos corresponden a causas violentas, abarcando el 47.83% del total de las bajas del sector. 

La investigación destaca que el suceso de mayor gravedad tuvo lugar en el estado Zulia, donde ocho detenidos murieron durante un intento de fuga.

El resto de las muertes en las comisarías policiales se dividió en 6 casos asociados a deterioros severos de salud, representando el 26.09% de este grupo. Asimismo, los investigadores del OVP computaron 5 muertes catalogadas como presuntos suicidios, lo que abarcó un 21.74%. 

El último caso de la lista, equivalente al 4.35%, ocurrió bajo circunstancias confusas que la organización califica formalmente como “no esclarecidas” debido a la total ausencia de investigaciones oficiales por parte de las autoridades competentes.

Para leer el informe completo, haga clic aquí.