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Emirlendris Benítez, Franks Cabaña y Derbys Rodríguez tienen años tras las rejas y son considerados presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Todos afirman no ser culpables de los delitos por los que se les acusa y están detenidos en condiciones indignas, sufren humillaciones y han sido sometidos a torturas.

En Venezuela hasta este 21 de diciembre, la organización no gubernamental Foro Penal ha registrado que 244 personas están presos por motivos políticos, 231 son hombres, 14 son mujeres, entre ellos hay un adolescente y se divide entre 113 civiles y 132 militares.

Dentro de estas cifras están los casos de Benítez, Cabaña y Rodríguez, quienes fueron acusados por los órganos de justicia del país de estar involucrados en delitos como terrorismo, asociación para delinquir y divulgación de información.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet en reiteradas ocasiones ha hecho llamados a la administración de Maduro para que libere a los detenidos por motivos políticos. Sin embargo, Benítez, Cabaña y Rodríguez continúan tras los barrotes.

“Señora suelte a mi mamá”

Cuando el hijo de siete años de Emirlendris Benítez fue a visitarla en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) le dijo a una de las custodias: “señora suelte a mi mamá porque me hace mucha falta”.

Desde el pasado 5 de agosto de 2018, la vida de Benítez, de 40 años de edad, cambió por completo cuando se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba con su esposo. Cuando iban por la vía del estado Portuguesa, una alcabala policial los detuvo y sin muchos detalles los apresaron y trasladaron a Caracas.

Para su sorpresa a Benítez la acusaron de ser participe en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que se realizó el 4 de agosto de 2018.

Durante sus tres años de prisión ha sido víctima de torturas, tratos crueles y degradantes y un aborto.

Ella, quien trabajaba como comerciante y taxista, estuvo detenida por un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta en el estado Miranda, hasta que, posteriormente, fue trasladada a una cárcel de mujeres.

Sus hermanas Beatriz Leal y Melania Leal afirman que fue en ese lugar donde hombres militares la golpeaban, la sometían a torturas e hicieron que tuvieran un aborto. Cuando fue detenida tenía cuatro meses de gestación.

“Está pasando humillaciones, malos tratos y aguantando hambre”, comenta Beatriz Leal, hermana.

Benítez es madre de dos hijos, la mayor de 21 años vive fuera del país, emigró antes de que su mamá fuera detenida. El más pequeño tiene 7 años y vive con su padre, quien se encarga de cuidarlo mientras su madre está recluida.

La familia de Benitez ha venido denunciado el empeoramiento de las condiciones de salud de su hermana. Ha presentado cuadros febriles y hasta el momento no la han traslado a un servicio médico porque la juez lo ha negado.

Benítez está en silla de ruedas porque no puede durar mucho tiempo de pie, ya que sufre de un intenso dolor en la columna por una infiltración de biopolímeros en sus glúteos.  “Cuando tiene mucho tiempo parada se le desmaya la pierna porque no tiene mucha fuerza. Tiene un bioma en un ovario y, también, una hernia en la columna”, dijo Beatriz a Efecto Cocuyo a través de un contacto telefónico.

A pesar de sus dolencias y su complicado estado de salud las autoridades de la prisión lo que hacen es burlarse de ella. “Por maldad la humillan, la obligan a caminar, ella camina pero no lo suficiente porque no tiene fuerza”, reitera la hermana.

Cuando por las torturas Benítez tuvo la pérdida de su embarazo de cuatro meses, fue llevada sedada al hospital Militar de Caracas, donde sus familiares supieron gracias a miembros del personal de salud, que había sido sometida a un curetaje. Las autoridades militares nunca reconocieron que estaba embarazada.

Este 2021 Benítez sigue tras las rejas y con un juicio que continua con diferimientos y otras obstáculos. Está imputada por los delitos homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria.

“Cuando a él lo detuvieron lo torturaron y le preguntaban por Óscar Pérez”

Franks Cabaña tiene cuatro años detenidos. El 13 de septiembre de 2017, sin orden judicial y saltándose todos los pasos de un procedimiento legal, funcionarios de seguridad del Estado lo detuvieron y allanaron la residencia de su madre; allí se llevaron a su hermano adolescentes, que para ese entonces tenía 17 años de edad y aun primo que se estaba quedando en la residencia.

 “Cuando a él lo detuvieron lo torturaron y le preguntaban por Óscar Pérez. Lo golpearon, le decían que dónde estaban las llaves del helicópteros, esto ha sido una locura”, explica su madre Xiomara Anadara, quien se tuvo que exiliar en Chile tras las constantes amenazas y persecuciones por el caso de su hijo.

Cabaña de 34 años de edad, está recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas. En ese calabozo policial comparte celda junto a otros presos comunes.

Era escolta y fue así que logró conocer a Oscar Pérez, el policía científico que tomó un helicóptero del Cicpc y detonó bombas sonoras en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia y que, posteriormente, falleció durante una acción ejecutada por funcionarios del Gobierno en El Junquito, a pesar de que a través de transmisiones en vivo en redes sociales anunciaba su rendición.

A Cabaña se le vincula con Pérez porque su número telefónico supuestamente apareció entre los registros telefónicos de Pérez, pero su familia afirma que él no tuvo nada que ver con las actividades realizadas por el policía sublevado.

El fiscal 54° Nacional imputó a Cabaña por los delitos de terrorismo en grado de complicidad y asociación para delinquir. Fue acusado de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas.

“Nunca han tenido las pruebas y él no tiene el poder para entrar al Cicpc y robar el helicóptero, él no maneja helicópteros. La única prueba que hay que lo vincula es una llamada que hizo un día antes que sucediera el robo del helicóptero”, dijo la madre de Cabaña.

Cabaña está casado y tiene dos hijos uno de 6 y otro de ocho años de edad. La última vez que uno de ellos fue a visitarlos salió triste del calabozo policial y lloraba porque no entendía por qué su padre estaba preso.

“Es muy difícil porque ellos estaban muy pequeños, ellos han tenido que soportar muchas cosas principalmente porque han visto a su papá. El más pequeño pidió de regalo de cumpleaños que su papá estuviera en esta navidad con él y tenemos las últimas esperanzas”, dice la madre de Cabaña.

Durante el momento de su arresto Cabaña fue víctima de tortura. Los funcionarios lo golpearon y le preguntaba sobre el paradero de Pérez.

Durante su instancia en reclusión ha sufrido diversas enfermedades, entre ellas COVID-19, por los síntomas que presentó, porque nunca se le pudieron hacer pruebas ya que no lo han llevado a un centro médico.

“Mi hermano está renuente a recibir visitas”

Derbys José Rodríguez Sánchez está bajo arresto desde el 8 de junio de 2020. Es un controlador aéreo que trabajaba en la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Con 44 años de edad, Rodríguez cumple su proceso judicial en la cárcel de El Rodeo II y comparte celda con aproximadamente 80 personas. Se niega  a recibir visitas ya que se siente humillado por el hecho de estar preso sin haber cometido delito alguno.

“Él dice que bastante humillación ya tiene con el hecho de estar allí siendo inocente”, señala su hermana, Nancy Rodríguez.

Aunque realmente no está claro el motivo de la detención de Rodríguez, los familiares aseguraron que durante su jornada laboral, un compañero de trabajo lo alertó sobre un soborno de 45 mil dólares que le estaban ofreciendo por dejar despegar una aeronave.

Al enterarse de la situación Derbys se dirigió a su jefe y le contó la situación. Horas después una comisión de funcionarios de seguridad detuvieron a los dos empleados de la torre de control para una supuesta investigación. Posteriormente Oriana Rojas, novia de Derbys también fue detenida y, actualmente, tiene una medida de presentación en tribunales.

Como el de otros presos políticos, el proceso judicial contra Derbys Rodríguez se ha atrasado por diferimientos de las audiencias. Los motivos casi siempre son los mismos, falta de boleta, falta de traslado, etc.

Ha sido acusado por la Fiscalía de divulgación de información y asocian para delinquir.

“Resulta que el papá de mi hermana es una persona cuadripléjica y cuando mi hermana no estaba de guardia estaba pendiente de que si llegaba el camión de ayuda humanitaria, por tener información de un compañero de que si llegó el avión o no llegó lo acusaron de divulgación de información”, dice la hermana.

Rodríguez además de controlador aéreo era chef, y trataba de mantener una alimentación saludable, cosa que en la cárcel es muy difícil de cumplir.

Hace pocos días el controlador aéreo tuvo que acudir al servicio médico por presentar una infección respiratoria que le produjo una tos muy fuerte. Nunca fue sometido a una prueba para saber si era COVID-19 u otra enfermedad.

Como a Rodríguez no quiere que su familia sufra al someterse a las intensas requisas para entrar a El Rodeo II, su hermana lo puede ver es una vez al mes cuando es llevado a los tribunales.

Derbys tiene una hija de 15 años edad y, lamentablemente, no pudo estar en su celebración de 15 años. Con la detención de su padre, la adolescente se ha vuelto más callada y distraída.

“Ha sido muy difícil, mi  mamá tiene un dolor muy grande, yo la veo como deprimida; llora por todo. Obviamente creímos que esto sería como le dijeron cuando se lo llevaron, que era para una investigación y ya ha pasado más de un año y medio es esto continúa”, dice Nancy Rodríguez.