Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, una de las más prestigiosas del país; trabaja en dos instituciones, durante más de 80 horas a la semana, ha sido amenazado de muerte y gana menos de un salario mínimo. Efraím Vegas no es policía en una de las barriadas más peligrosas de Caracas; es médico del Hospital Periférico de Coche y profesor en su alma mater.
“El año pasado atendí a un niño de 16 años con dos tiros de 9 mm en la pierna derecha. Estuvo cuatro horas en el hospital, lo saqué de un paro tres veces. No tenía algunos medicamentos para atenderlo y como pudimos, encontramos una ambulancia para llevarlo al Pérez Carreño. Allí no tenían cómo operarlo y lo mandaron otra vez al Periférico. En esas ocho horas, la pierna se quedó sin sangre y tuve que amputarla. Ese niño después de que se recuperó estuvo buscándome para matarme, porque no entendía por qué lo amputé”, narró el médico durante la presentación del informe anual de Provea de 2015, este martes 24 de mayo.
Sus palabras fueron la carne viva de los números y análisis que la ONG expuso en boca de Rafael Uzcátegui e Inti Rodríguez. Ambos especialistas, representantes de Provea, resaltaron el incremento de la crisis económica, que afecta al sector salud y alimenticio del país, en comparación con el año anterior.
Según Rodríguez, durante 2015 se contabilizaron 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario, 40% más que en 2014. Más de la mitad de estas denuncias estaban relacionadas con el desabastecimiento de medicinas y 47% con escasez de dotación y equipamiento, entre otros factores.
“Lo que ellos comentan en números, yo lo vivo todos los días. Tuve que inyectarle morfina a un niño de 17 años que tenía un tiro de escopeta en la rodilla para que se muriera como se mueren las personas en la guerra. No tenía insumos para atenderlo. Queremos que se hable de este problema como lo que es: una crisis humanitaria”, exclamó Vegas, quien representa también a Médicos por la Salud. Pidió al Gobierno que acepte la ayuda internacional en esta área.
Los pobres: excluidos y reprimidos del 2015
Emily León es una mujer morena con cabello negro, rizado. Usa jeans y una camisa blanca con zapatos de goma. Tiene dos hijos menores de edad, trabaja en una tienda de ropa, vive en una casa multifamiliar en Propatria con su esposo que es electricista. Ambos ganan salario mínimo.
León cumple con el perfil social para recibir el abrigo de las políticas del Gobierno Nacional. Pero no es beneficiaria. Ella encarna las violaciones de los derechos sociales y económicos que denuncia Provea.
“Ellos dicen que ayudan a todos y hoy tengo 10 meses sin casa, durmiendo en el piso con mis hijos, porque me desalojó la Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP). Y no les bastó con dejarme sin casa, también me detuvieron con presos comunes durante 47 días”, dijo León.
Ella fue una de las 110 familias a las que sacaron de sus viviendas el 24 de julio de 2015 durante un procedimiento de la Guardia Nacional Bolivariana en el barrio La Ensenada de Coche, Distrito Capital. Los habitantes tenían 33 años de haber fundado la comunidad e incluso tenían sembradíos de verduras y hortalizas.
Ese mismo año, en solo seis meses, 970 viviendas fueron demolidas en el país y 1.490 personas fueron desalojadas de complejos habitacionales de la Misión Vivienda Venezuela por la OLP.
Durante los procedimientos enmarcados en la nueva política de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro, de julio a diciembre se registraron 15.946 detenciones arbitrarias y en todo 2015, los casos sumaron 17.071.
“La OLP institucionalizó la pena de muerte en el país”, aseguró Rodríguez, luego de revelar que en 2015 hubo 460 violaciones a la vida, de las cuales 245 se cometieron en las OLP.
En el mismo contexto, Rafael Uzcátegui señaló que el año pasado los pobres fueron las principales víctimas de la represión, así como lo fueron los seguidores de la oposición en 2014. Mostró su preocupación por el incremento de la represión como política sistemática, lo cual debilita los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos.
“Los sectores de menores ingresos sufrieron los mayores impactos. Los resultados de la gestión de Maduro afectaron negativamente los avances sociales. Sus resultados son peores que los aplicados en los años ’90 con el neoliberalismo“, manifestó Uzcátegui.
La aseveración fue argumentada con los datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), los cuales apuntan que la caída del ingreso como la principal causa del aumento de la tasa de pobreza del país.
También Provea usó la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) en la que se reveló que la pobreza aumentó hasta alcanzar 75% de la población venezolana y que 23 millones de habitantes tienen dificultades para satisfacer sus necesidades. “Por primera vez, la pobreza extrema es mayor que la pobreza general“, dijo Rodríguez.
Foto: TW @luisfcocabezas