La Fundación para el Debido Proceso Fundepro condenó el uso indebido de la fuerza y la participación de grupos paramilitares en un procedimiento policial donde resultaron «abatidos, heridos y detenidos varios ciudadanos venezolanos».
Al respecto, Fundepro en su comunicado del 16 de enero, reiteró que los organismos de seguridad «están al servicio de todos y cada uno de los residentes de nuestro país», por lo que «dentro del marco constitucional se deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento y su derecho a ejercerla».
Según lo informado por los entes gubernamentales, junto a Óscar Pérez, resultaron muertos Daniel Soto Torres, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Lugo y una ciudadana por identificar,.
Esta situación fue calificada por la organización no gubernamental como «una violación a sus derechos como venezolanos, conculcándoseles no solo el derecho fundamental a la vida con un despliegue policial impresionante, excesivo y desproporcionado uso de la fuerza, sino que claramente fue un atropello contra quienes disienten abiertamente en contra del gobierno».
«Estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales, consideradas dentro del derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad, constituyéndose como un ejemplo más de la indefensión y desamparo absoluto en el cual estamos inmersos los venezolanos», estableció Fundepro en el comunicado.
Finalmente, la Fundación para el Debido Proceso solicitó a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tomar «acciones contundentes contra las graves violaciones de los DDHH y la ausencia del estado de derecho en Venezuela» y además, exhortó a los Poderes Públicos venezolanos a «respetar y cumplir la Constitución y los convenios internacionales de DDHH y a garantizar el respeto de los mismos y tal obligación de garantizar el cumplimiento».
Conoce más sobre quiénes fueron los ciudadanos asesinados en El Junquito en el siguiente enlace.
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La Fundación para el Debido Proceso Fundepro condenó el uso indebido de la fuerza y la participación de grupos paramilitares en un procedimiento policial donde resultaron «abatidos, heridos y detenidos varios ciudadanos venezolanos».
Al respecto, Fundepro en su comunicado del 16 de enero, reiteró que los organismos de seguridad «están al servicio de todos y cada uno de los residentes de nuestro país», por lo que «dentro del marco constitucional se deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de pensamiento y su derecho a ejercerla».
Según lo informado por los entes gubernamentales, junto a Óscar Pérez, resultaron muertos Daniel Soto Torres, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Lugo y una ciudadana por identificar,.
Esta situación fue calificada por la organización no gubernamental como «una violación a sus derechos como venezolanos, conculcándoseles no solo el derecho fundamental a la vida con un despliegue policial impresionante, excesivo y desproporcionado uso de la fuerza, sino que claramente fue un atropello contra quienes disienten abiertamente en contra del gobierno».
«Estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales, consideradas dentro del derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad, constituyéndose como un ejemplo más de la indefensión y desamparo absoluto en el cual estamos inmersos los venezolanos», estableció Fundepro en el comunicado.
Finalmente, la Fundación para el Debido Proceso solicitó a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tomar «acciones contundentes contra las graves violaciones de los DDHH y la ausencia del estado de derecho en Venezuela» y además, exhortó a los Poderes Públicos venezolanos a «respetar y cumplir la Constitución y los convenios internacionales de DDHH y a garantizar el respeto de los mismos y tal obligación de garantizar el cumplimiento».
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