En un contundente llamado a la justicia, a pocos días para la Nochebuena, la organización no gubernamental FundaRedes exigió la liberación plena e inmediata del defensor de derechos humanos y profesor universitario, Javier Tarazona, quien lleva 900 días detenido de manera arbitraria e ilegal en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide, Caracas.
A Javier Tarazona, junto con Rafael Tarazona y Omar de Dios García los arrestaron el 2 de julio de 2021, tiempo desde el que enfrentan acusaciones de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio. Desde entonces, el Estado venezolano ha mantenido a Tarazona privado de su libertad de manera ilegítima, según denuncia FundaRedes.
La ONG señala que el proceso judicial de Tarazona y sus compañeros ha sido interrumpido en reiteradas ocasiones, convirtiéndose en un castigo anticipado antes de que se demuestre su culpabilidad. FundaRedes considera inaceptable que el Estado venezolano recurra a tácticas dilatorias para prolongar la detención de ciudadanos por motivos políticos y de pensamiento.
Javier Tarazona ha superado los límites máximos establecidos para su prisión preventiva, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
La tarde de este martes 19 de diciembre se conoció que la audiencia de juicio fue suspendida y pautada para el próximo 9 de enero.
“Este 19 de diciembre marca el triste hito de 900 días de privación ilegítima de su libertad”, se lee en un comunicado de prensa de la ONG.
FundaRedes hizo un nuevo llamado al Estado venezolano para que ponga fin al encarcelamiento de Javier Tarazona y garantice la libertad plena e inmediata así como a los activistas de FundaRedes Rafael Tarazona y Juan de Dios García.
“Es imperativo recordar que el Estado venezolano ha incumplido las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela. Estas instancias internacionales han exhortado al respeto de los derechos fundamentales y a asegurar un juicio transparente e imparcial, pero hasta el momento, estas recomendaciones han sido ignoradas por las autoridades venezolanas”, dice el comunicado.