Familiares protestan frente a la Defensoría y denuncian torturas a presos políticos

Colgados con cadenas, asfixiados y aislados durante días. A pesar del llamado “nuevo momento político”, familiares de quienes continúan tras las rejas por pensar distinto denunciaron que los tratos crueles, inhumanos y degradantes aún continúan como parte del patrón de represión documentado por informes de las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos. 

La mañana de este lunes 7 de septiembre, familiares y miembros del Comité para la Liberación de Presos Políticos (Clippve) protestaron frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. 

La exigencia de los familiares se centró en la celeridad procesal y el fin de las torturas, un petitorio que entregaron directamente a la defensora Eglee González Lobato tras ser atendidos en las afueras del ente rector.

Torturas post 3 de enero

La base de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que está ubicada en la base aérea La Carlota, operó como el principal centro de agresiones durante los primeros días de detención de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que participaron en la investigación sobre los hechos ocurridos el 3 de enero, fecha en la que fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. 

A ese centro de detención fue trasladado Álvaro Roger Valladares Eslava, de 38 años de edad, funcionario activo y fotógrafo forense del Cicpc. Lo apresaron el 23 de enero de 2026, mediante una falsa citación, semanas después de realizar el levantamiento planimétrico de los sucesos del 3 de enero. 

Jeimy Guzmán, esposa del funcionario, relató que Valladares fue sometido a castigos físicos que involucraron su inmovilización durante un día entero. “Fue colgado con tres cadenas, más o menos, cada cadena de 10 cm que le colgaban del cuello hasta los pies”, dijo a Efecto Cocuyo.

El mismo patrón de violencia se aplicó contra el teniente coronel Manuel Alejandro Osorio Arteaga, de 45 años de edad, detenido por un  grupo de 30 agentes encapuchados, quienes irrumpieron en su casa el 21 de enero, llevándoselo sin orden judicial y confiscando su uniforme y el cargador de su arma de reglamento. 

Osorio Arteaga permaneció 11 días incomunicado y fue víctima de asfixia y descargas eléctricas, mientras que su alimentación en ese periodo se limitó a raciones de arroz con aceite. 

Yury Burgos, esposa del militar, detalló a Efecto Cocuyo que su marido sufrió un gran deterioro físico tras la represión. “Ahorita lo estoy viendo un poco más delgado; él es asmático crónico y fue afectado tras una revuelta que hubo en Rodeo I”, aseguró. 

En el caso del hermano de Yoly Luzardo, un fotógrafo forense de 53 años de edad, las torturas iniciales en La Carlota le ocasionaron graves lesiones en un brazo, el hombro y una rodilla. 

La familiar, que también se encontraba en la protesta,  precisó que la integridad física del funcionario se sigue vulnerando dentro de los recintos penitenciarios. “En el Rodeo hubo una problemática hace como dos meses y le metieron unos perdigonazos”, añadió.

Las detenciones también involucran a civiles como Gusmary Zapata, de 20 años de edad, imputada por terrorismo y tráfico de armas en el penal  La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda. Zapata fue detenida por acompañar a un amigo que fotografiaba un vehículo particular. Gustavo Zapata, padre de la joven, advirtió que su hija sufre un cuadro de ansiedad tras el encierro. 

“Ahorita está con mucha ansiedad, está nerviosa, tiene una patología que es colon inflamado; ya se le han llevado sus medicamentos y está en tratamiento”, agregó.

Exigencias del comité frente a la inacción estatal

Tras la reunión con la representación del Clippve, la defensora González Lobato se comprometió a instalar una mesa técnica en un plazo máximo de 15 días. Hiowanka Ávila, hermana del preso político Enyerberth Rivas, detalló que la funcionaria prometió evaluar inspecciones directas a los penales y priorizar la revisión de los expedientes  de los presos políticos con problemas de salud más críticos. 

“Quedó en que iba a establecer una mesa técnica para recibir los casos de las personas que tienen patologías graves de salud, también de las personas que tienen pena cumplida y de los que tienen retardo procesal”, indicó Ávila, tras salir del encuentro con la Defensora del Pueblo.

Ávila agregó que Lobato justificó la falta de información sobre los recientes traslados alegando que la cárcel de El Rodeo I es un lugar hermético al que no es sencillo llegar para las propias instituciones.

Frente a la promesa de estas mesas de trabajo, los familiares demandan acciones inmediatas en lugar de actos protocolares. Andreina Baduel, vocera del comité y hermana de Josnar Baduel, aseguró que el inicio de esta ruta de protestas busca respuestas tangibles y no simples reubicaciones de los detenidos. 

“Nosotros no estamos pidiendo traslados, nosotros estamos pidiendo la libertad de los presos políticos, no el cambio de un centro de tortura a otro”, dijo.

Baduel cuestionó además las recientes medidas otorgadas por los tribunales y advirtió que las autoridades ejecutan recapturas inmediatas, como el caso de dos mujeres en el estado Monagas que volvieron a ser apresadas horas después de recibir sus boletas de excarcelación. 

La representante del Clippve enfatizó que el objetivo de las familias es una libertad sin condicionamientos legales. “La mayoría de los presos políticos que han salido de la cárcel han salido con medidas restrictivas de su libertad e incluso con limitaciones para poder sacarse pasaporte o cédula”.