Familiares de los presos políticos exigen celeridad en aplicación de la Ley de Amnistía
Activistas del Clippve denuncia discrepancias entre las cifras aportadas por el Gobierno y las que han podido verificar las organizaciones no gubernamentales
Este martes 3 de marzo, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y familiares de detenidos se concentraron frente al Palacio de Justicia, en Caracas, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Amnistía.
Los manifestantes consignaron documentos ante los tribunales con el fin de agotar las instancias nacionales y denunciar la lentitud en los procesos judiciales.
Sairam Rivas, integrante de Clippve, acudió a la sede judicial para interponer el recurso de amnistía en busca de su libertad plena. Durante la jornada, acompañó a otros familiares que denuncian condiciones inhumanas en los centros de reclusión del país y la falta de respuestas institucionales por parte del Estado.
La protesta surge tras cumplirse 12 días de la aprobación del instrumento legal, tiempo en el cual los activistas reportan una discrepancia entre las cifras oficiales de liberación y la realidad verificada en los centros de detención.
Reparación recae sobre el Estado
Sairam Rivas señaló que, aunque utilizan la ley, la responsabilidad de la reparación recae sobre las instituciones estatales. “Sabemos que no es necesaria una amnistía para liberar a los presos políticos porque es el Estado quien debería pedir perdón a las víctimas”, afirmó la activista durante la entrega de los documentos.
Por su parte, Diego Casanova, miembro de Clippve, cuestionó la veracidad de los datos ofrecidos por los organismos públicos sobre las boletas de libertad otorgadas.
“Las cifras oficiales siguen mostrando la manipulación que existe de un instrumento como este que se ha utilizado de manera propagandística para inflar cifras de supuesta justicia”, aseveró.
Irregularidades en el proceso de excarcelación
Casanova detalló que, tras un monitoreo independiente realizado después del 20 de febrero, solo se han confirmado 150 excarcelaciones. Esta cifra contrasta con los reportes oficiales que mencionan más de 240 personas beneficiadas con libertad plena bajo la nueva normativa.
El vocero de Clippve indicó que muchas de las personas liberadas mantienen medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales. Para Casanova, esto contradice el principio de libertad plena que debería otorgar la amnistía de manera automática y sin condiciones adicionales.
La organización subrayó que la falta de voluntad política mantiene en vilo a los familiares que permanecen en campamentos a las afueras de los recintos. Casanova recordó que en El Rodeo I se prometieron liberaciones desde el 8 de enero que aún no se han concretado.
Familiares denuncian torturas y problemas de salud
Naibel Venot, esposa de Gabriel Castellanos, denunció que su familiar fue trasladado al centro 26 de Julio, en el estado Guárico, sin notificación previa y permanece sin acceso a agua.
“Pido la boleta de excarcelación de su libertad plena, que sea enviada correctamente al centro penitenciario 26 de julio, no al centro de Yare III”, exigió Venot.
Venot explicó que su esposo cumple cinco años detenido tras ser condenado a 30 años. La mujer señala que los documentos de amnistía han sido entregados en diversas instancias de la Asamblea Nacional y la Corte de Apelaciones sin recibir respuesta efectiva.
En la protesta también se encontraba María Alejandra Chueco solicitando atención médica urgente para su esposo Orlando Laufer, de 70 años, quien padece un tumor cerebral y se encuentra sin tratamiento.
“Él sigue igual con sus malestares, ha tenido sangramiento, ha estado mal, ha estado complicado y no le prestan atención”, relató sobre la situación en el centro penitenciario Simón Bolívar, en El Paraíso, Caracas.
Chueco indicó que su esposo tiene cuatro años detenido sin apertura de juicio y que debió gestionar la solicitud de amnistía personalmente ante la falta de apoyo del defensor público. Denunció que la detención ocurrió en su vivienda en Caracas mediante un allanamiento ejecutado por funcionarios vestidos de negro sin orden judicial.
Yaqueline Nava, hermana del exalcalde del municipio Miranda, del estado Zulia, Jorge Nava, exigió la libertad del funcionario detenido el 13 de marzo de 2025 en el Comando Antidroga Las Acacias.
“Exigimos libertad para mi hermano, que es un detenido, un preso político inocente. Tanto él como cinco alcaldes del estado Zulia han sido detenidos de manera brutal”, manifestó.
Nava subrayó que la detención se produjo violando la autoridad del alcalde y los derechos humanos de su familia, afectando psicológicamente a sus hijos. Aseguró que, aunque su hermano se encuentra estable de salud, el objetivo de la familia es que se aplique la amnistía para su retorno inmediato al hogar.
Simaru Fuentes, vocera del caso Pdvsa Obrero, calificó el proceso como nulo debido a detenciones arbitrarias masivas y desapariciones forzosas en el estado Anzoátegui.
“No puede ser que una persona privada de su libertad sea ingresada y sea presentada por primera vez ante un tribunal sin permitirle entrevistarse con un abogado”, denunció.
Fuentes alertó sobre la existencia de un “triángulo represor” entre tribunales, fiscalía y defensa pública que impide el acceso a defensores de confianza. Hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que supervisen centros como El Rodeo y Fuerte Guaicaipuro, donde asegura que se practican actos de tortura contra los detenidos.
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