Familiares de detenidos por “Tancol” exigen inclusión en procesos de amnistía

Desde diversas poblaciones fronterizas del país, familiares de personas acusadas bajo el acrónimo “Tancol” (terroristas, armados, narcotraficantes, colombianos) se trasladaron ea Caracas para solicitar ante organismos de derechos humanos su incorporación en los procesos de amnistía que adelanta el Estado.

Los familiares denunciaron que sus allegados fueron judicializados sin pruebas sólidas y bajo un esquema que califican de “falsos positivos”. Afirman que los cuerpos de seguridad presentan a campesinos, ordeñadores y trabajadores humildes de la frontera como terroristas con el fin de cumplir cuotas operativas.

“Nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas”, declaró Oglis Ramos, hermano de Jhonny Ramos, detenido desde 2021.

Audiencias con autoridades

Durante la mañana de este jueves 30 de abril, la Defensora del Pueblo, Eglee González Lobato, recibió a los familiares. Escuchó cada testimonio, expresó su disposición a facilitar el acceso a la justicia y adoptó medidas inmediatas para atender la salud de algunos de los detenidos, según indica una nota de prensa del colectivo de derechos humanos Surgentes.

Agregaron que, por instrucciones del Fiscal General Larry Devoe, la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, también los atendió.

“La funcionaria escuchó directamente los relatos y se comprometió a revisar cada expediente para corregir posibles irregularidades, además de implementar acciones urgentes relacionadas con la salud de los privados de libertad”, señalaron.

Testimonios de los casos

Entre los relatos más graves destaca el de Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra. El joven fue detenido por la DGCIM el 2 de junio de 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, cuando tenía apenas 15 años y trabajaba como ordeñador.

“Erwin fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno de morados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo siendo apenas un niño”, relató la abuela.

Por su parte, Nurys Villamizar denunció la situación de sus hijos, Luis y Richard Domador, detenidos en San Cristóbal el 16 de marzo de 2022: “Estuvieron desaparecidos durante 8 días. Los llevaron al río Torbes y los arrodillaron mientras los funcionarios los amenazaban con matarlos. Habitantes de la calle que presenciaron los hechos comenzaron a gritar para que los soltaran. Los golpearon, los asfixiaron con bolsas y los colgaron por varios días. Los acusan de terroristas y el juez ya les informó que el 5 de mayo los va a condenar”.

Documentación y exigencias

Antonio González Plesmann, integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes, informó que en solo dos meses documentaron 67 casos con características similares.

“La gente guardó silencio durante cinco años por temor y por falta de recursos para denunciar. La exclusión por pobreza y por geografía facilitó que los utilizaran como números por parte del Dgcim. Existen patrones claros en estos casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones forzadas y forjamiento de pruebas”, señaló.

Los familiares exigieron que no se excluya a estos detenidos de los procesos de amnistía y que se inicie una revisión exhaustiva de sus casos para reparar las irregularidades denunciadas.