Entre marzo de 2020 y el pasado mes de enero, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano ejecutaron 90 detenciones arbitrarias.
Esta cifra se desprende del informe «Libertad de expresión en cuarentena«, que la ONG venezolana Espacio Público presentó este domingo 28 de febrero.
Desde que comenzó la cuarentena en el país por la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo pasado, «la centralización de la información relacionada con el COVID-19» exacerbó las restricciones a la libertad de expresión en el país, denunciaron.
Espacio Público dijo que de las 90 detenciones arbitrarias, gran parte de ellas estuvo vinculadas «a la difusión de denuncias sobre el sistema de salud o críticas acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno».
En esos primeros 10 meses de cuarentena detuvieron a:
2️⃣8️⃣ Periodistas
2️⃣7️⃣ Particulares
9️⃣ Trabajadores públicos
9️⃣ Reporteros gráficos
6️⃣ Trabajadores de la salud
6️⃣ Conductores
3️⃣ Camarógrafos
2️⃣ Miembros de ONG e Iglesia
La ONG, que se dedica a la defensa de los derechos de la libertad de expresión y la información, dijo que en este lapso «se contabilizaron al menos 321 casos de violaciones a la libertad de expresión«.
Resaltaron que en marzo hubo 35 casos, 42 en abril y 46 en mayo. Desde entonces en los meses siguientes, se registró un promedio de 27 casos mensuales.
«El 37% de los casos registrados en 2020 atribuibles específicamente al COVID-19, se contabilizaron en al menos 105 casos y 250 violaciones. El 41% de las violaciones fueron intimidaciones, el 22% casos de censura, el 12% amenazas, 11% hostigamientos judiciales, un 7% restricciones administrativas, el 4% hostigamientos verbales y un 3% agresiones».
De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%, respectivamente.
Espacio Público recordó el impedimento al trabajo periodístico por restricciones que aplicaron las autoridades en centros de salud, en especial los hospitales centinela para la atención de pacientes con COVID-19; las estaciones de servicio para surtir combustible y el libre desplazamiento, que con el decreto de emergencia nacional fue un obstáculo para periodistas en gran parte de Venezuela.
«Las restricciones para surtir gasolina, que fueron recrudecidas debido a la escasez del combustible, derivó en una serie de limitaciones para la cobertura en las adyacencias de las estaciones de servicio».
«Libertad de expresión en cuarentena», informe de la ONG Espacio Público
Mencionaron las restricciones en redes sociales y la censura que se aplicó en Internet.
«Desde el 16 de marzo en adelante se registraron al menos 114 casos en los que se vio vulnerado o comprometido el derecho. Los meses con mayor cantidad de violaciones fueron abril y mayo, los cuales registraron 21 y 20 violaciones, respectivamente. De un total de 295 violaciones, la mayoría correspondieron a medidas de censura (103); restricciones administrativas (80); hostigamientos verbales (37), intimidaciones (29), amenazas (24), hostigamientos judiciales (21) y agresiones (1)».
Espacio Público destacó la nueva modalidad de detenciones que aplicaron los cuerpos de seguridad del Estado por la publicación de contenidos en estados de Whatsapp.
«La publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, presunta corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, fueron motivos de detención e inicio de procesos penales en al menos 11 casos».
Foto: Espacio Público
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Entre marzo de 2020 y el pasado mes de enero, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano ejecutaron 90 detenciones arbitrarias.
Esta cifra se desprende del informe «Libertad de expresión en cuarentena«, que la ONG venezolana Espacio Público presentó este domingo 28 de febrero.
Desde que comenzó la cuarentena en el país por la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo pasado, «la centralización de la información relacionada con el COVID-19» exacerbó las restricciones a la libertad de expresión en el país, denunciaron.
Espacio Público dijo que de las 90 detenciones arbitrarias, gran parte de ellas estuvo vinculadas «a la difusión de denuncias sobre el sistema de salud o críticas acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno».
En esos primeros 10 meses de cuarentena detuvieron a:
2️⃣8️⃣ Periodistas
2️⃣7️⃣ Particulares
9️⃣ Trabajadores públicos
9️⃣ Reporteros gráficos
6️⃣ Trabajadores de la salud
6️⃣ Conductores
3️⃣ Camarógrafos
2️⃣ Miembros de ONG e Iglesia
La ONG, que se dedica a la defensa de los derechos de la libertad de expresión y la información, dijo que en este lapso «se contabilizaron al menos 321 casos de violaciones a la libertad de expresión«.
Resaltaron que en marzo hubo 35 casos, 42 en abril y 46 en mayo. Desde entonces en los meses siguientes, se registró un promedio de 27 casos mensuales.
«El 37% de los casos registrados en 2020 atribuibles específicamente al COVID-19, se contabilizaron en al menos 105 casos y 250 violaciones. El 41% de las violaciones fueron intimidaciones, el 22% casos de censura, el 12% amenazas, 11% hostigamientos judiciales, un 7% restricciones administrativas, el 4% hostigamientos verbales y un 3% agresiones».
De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%, respectivamente.
Espacio Público recordó el impedimento al trabajo periodístico por restricciones que aplicaron las autoridades en centros de salud, en especial los hospitales centinela para la atención de pacientes con COVID-19; las estaciones de servicio para surtir combustible y el libre desplazamiento, que con el decreto de emergencia nacional fue un obstáculo para periodistas en gran parte de Venezuela.
«Las restricciones para surtir gasolina, que fueron recrudecidas debido a la escasez del combustible, derivó en una serie de limitaciones para la cobertura en las adyacencias de las estaciones de servicio».
«Libertad de expresión en cuarentena», informe de la ONG Espacio Público
Mencionaron las restricciones en redes sociales y la censura que se aplicó en Internet.
«Desde el 16 de marzo en adelante se registraron al menos 114 casos en los que se vio vulnerado o comprometido el derecho. Los meses con mayor cantidad de violaciones fueron abril y mayo, los cuales registraron 21 y 20 violaciones, respectivamente. De un total de 295 violaciones, la mayoría correspondieron a medidas de censura (103); restricciones administrativas (80); hostigamientos verbales (37), intimidaciones (29), amenazas (24), hostigamientos judiciales (21) y agresiones (1)».
Espacio Público destacó la nueva modalidad de detenciones que aplicaron los cuerpos de seguridad del Estado por la publicación de contenidos en estados de Whatsapp.
«La publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, presunta corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, fueron motivos de detención e inicio de procesos penales en al menos 11 casos».
Foto: Espacio Público