La Red de Derechos Humanos del estado Lara demandó respeto a las garantías de salud y la integridad del personal médico de esta entidad venezolana.
A través de un comunicado un total de 20 organizaciones que conforman la RedhLara se pronunciaron para rechazar la detención de dos médicas residentes del Hospital Pediátrico Universitario Agustín Zubillaga (Hupaz), a quienes el Ministerio Público imputó por el supuesto delito de denegación de atención médica.
“Queremos expresar que con base en la información que hemos obtenido por diversas fuentes, la negación de atención por parte de las galenas imputadas por el Ministerio Público, no se produjo”, dijeron este domingo 7 de noviembre.
Sin pruebas
Añaden que en el hospital “existe un asiento en el registro del ‘Libro de Morbilidades’ de la emergencia del Hupaz del día en el que supuestamente se le negó la atención a un niño de 11 meses de edad (según se dice en el video grabado), con datos de identificación, diagnóstico y tratamiento de 2 niños de la misma edad y de diferente sexo. Dado que quién grabó y difundió el video y dice ser su madre, no realizó denuncia alguna ante ningún organismo del Estado ni ante las autoridades del Hupaz, no ha sido posible identificar con precisión al niño y a su presunta madre”.
La Redhlara señala que hay constancia “de la atención a de la atención a niños de la misma edad y sexo el mismo día de ocurrencia de los hechos y, de la declaración de la médico jefe de residentes del hospital “…quien manifestó que su colega cumplió con los procedimientos indicados para atender este caso”.
Las organizaciones cuestionan que la detención de las residentes, que practicó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se produjo “sin una denuncia concreta”, porque solo se basó en el video de la “presunta madre” en una red social.
Aseguran que el procedimiento lo siguieron “sin recabar evidencias en los registros de actuaciones médicas y, a partir de una visita al Hupaz en la que detienen con celeridad a dos médicas residentes, claramente configura una violación al debido proceso incurriendo en una detención arbitraria”.
Escarnio público
Cuestionan que en el tuit donde el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, se sometiera “al escarnio público” a una de las médicas acusadas por el organismo que dirige.
“Este tratamiento denigrante, inaceptable, contraviene toda norma de respeto a la dignidad de personas que no se las ha comprobado ningún delito y constituye una flagrante violación de los derechos humanos de las médicas imputadas sin fundamento”, denuncian.
Además, llaman a la Fiscalía a investigar por qué en el hospital pediátrico ha renunciando, según la red, el 75 % del personal de enfermería en los últimos cuatro años, “y en la actualidad sólo laboran alrededor de 170 enfermeras o evalúe las causas del crónico déficit de agua potable en diversos servicios de la institución”, dicen.
Por ello exigen que con la misma celeridad que detuvieron a dos residentes, el Ministerio Público actúe y cite a las autoridades sanitarias del estado Lara.
“Expresamos nuestra solidaridad con el personal médico y paramédico del Hospital Pediátrico Universitario Agustín Zubillaga. Exigimos respeto por su dignidad y sus derechos humanos. Rechazamos la campaña que ha buscado denigrar de sus labores y de su integridad. Exigimos al Fiscal General rectifique sus mensajes denigrantes y falsos y respete la dignidad del personal médico. Nos mantendremos atentos ante cualquier medida u acción dirigida a afectarles y desconocer sus derechos”.
Foto: El Impulso