Provea denunció la detención arbitraria en el estado Lara de médicos y defensores del derechos al acceso al sistema de salud y otros servicios públicos. Con el hashtag #LaraResiste en las redes sociales, este viernes 26 de junio la ONG alza su voz para visibilizar, entre otras cosas, la condición de precariedad hospitalaria en la que murió el activista Víctor Martínez.
Durante la cuarentena se han contabilizado en el estado Lara al menos tres detenciones arbitrarias por parte de organismos de seguridad a médicos y defensores de derechos humanos.
El 31 de marzo, dos semanas después de que inició la cuarentena nacional y con esta, la escasez de gasolina, la Guardia Nacional (GN) detuvo al abogado Henderson Maldonado, mientras documentaba a pacientes renales que solicitaban tickets para la gasolina en Barquisimeto.
Luego, el 16 de abril de 2020 la GN detuvo al ginecólogo Luis Amaya, presuntamente por incitación al odio, tras haber enviado un mensaje a través de sus redes sociales que reprochaba a un alto funcionario de la administración pública.
El pasado 7 de junio 2020 también detuvieron al doctor Ángel Silva, residente de medicina interna del Hospital Central Universitario, por no atender rápidamente a un policía que necesitaba atención médica, por encima de otros pacientes.
El doctor Amaya y el doctor Silva continúan detenidos, mientras que actualmente Maldonado está bajo régimen de presentación.
En memoria de Víctor Martínez
El pasado 1 de junio Víctor Martínez murió en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, tras estar hospitalizado por siete días y batallar contra el cáncer. El exdirigente político murió a la espera de ser intervenido por una obstrucción intestinal, 11 años después del asesinato de su hijo.
Mijail Martínez, por su parte, murió en noviembre de 2009 a manos de sicarios, tras una oleada de denuncias sobre la corrupción en el estado. Este hecho hasta el día de hoy sigue impune. Entre los años 2004 a 2009 ocurrieron por lo menos 26 ajusticiamientos policiales en sectores populares de Lara: Barrios Los Pocitos, El Tostao, Loma de León, en Río Claro y Quíbor.
Además de las denuncias que elevó desde la muerte repentina de Mijail, Víctor Martínez formó parte de la Red Lara de Derechos Humanos denunciando la emergencia humanitaria compleja y alentando movilizaciones de pacientes con enfermedades crónicas. En los últimos años de su vida Martínez fue víctima de varios intentos de asesinato, el último de ellos en su casa en abril de 2015, según denuncia la iniciativa.
La Red de Derechos Humanos de Lara advierte que estos ataques contra civiles ocurren en un contexto de precariedad del sistema de salud. En Lara hay un promedio de 900 pacientes renales que se dializan en solo nueve unidades.
“Algunos comienzan a faltar a las sesiones porque no tienen cómo trasladarse”, advirtió la Red de derechos humanos, al igual que lo había demostrado Henderson Maldonado antes de ser detenido.
De los “abusos” contra los larenses han surgido cuatro organizaciones: el Comité Víctimas contra la Impunidad; el Movimiento Víctimas contra la Violencia y la Impunidad; el Comité de Familiares de Víctimas Cárcel de Uribana; y la Asociación Civil Fundación Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz)