El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó 97 ataques contra defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales durante enero de 2024 en Venezuela, según indica su informe mensual.
Del total, 85 incidentes involucraron a asociaciones que apoyan a víctimas de violaciones de derechos o realizan acciones humanitarias. La ONG denunció que la cifra evidencia la falta de protección para los activistas en el país, en un contexto de cierre progresivo de espacios para la sociedad civil.
«Las agresiones en contra de la sociedad civil se recrudecieron, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica, producto de los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales como parte de la política de estado represiva y de control social existente en Venezuela», indica el documento.
El CDJ logró identificar 39 casos de estigmatización, 32 de intimidación y hostigamiento, 23 amenazas y dos ataques digitales.
En este sentido, la estigmatización es caracterizada como el principal patrón de agresión de una política gubernamental de persecución a los defensores, que ya ha sido denunciada en múltiples ocasiones ante entes internacionales.
«Preocupa que sigue desprestigiándose el trabajo de las organizaciones, señalándolas de “conspiradoras”, “traidoras”, “desestabilizadoras”, entre otras, con el objeto de justificar la supuesta necesidad de un instrumento de esta naturaleza con base en acusaciones en contra de organizaciones y personas defensoras sobre el uso del financiamiento internacional con fines políticos e injerencistas”, apunta el CDJ.
Los responsables de los ataques
El CDJ denunció que los principales responsables de ataques e incidentes de seguridad fueron funcionarios del Estado (39 % de los casos documentados), incluyendo a miembros del Ejecutivo, ministros y diputados de la Asamblea Nacional.
Así mismo, en el 31 % de los casos los medios asociados al gobierno de Nicolás Maduro «sirvieron de plataforma para las campañas de estigmatización y los llamados de violencia». En el 4 % de los incidentes, los responsables fueron los organismos de seguridad estatales.
Por otro lado, la ONG recordó que a principios de enero se realizó, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, la consulta relativa al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines, un debate que estuvo acompañado de amenazas e intimidaciones hacia los defensores en el país.
El CDJ aseguró que la ley solo busca obstaculizar la labor de la sociedad civil y reiteró que es necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la emergencia humanitaria en el territorio venezolano.
«El avance de aprobación de esta propuesta normativa representa una grave amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y las victimas y beneficiarios a las que estas apoyan», puntualizó la organización en su informe.