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Consternada, pero decidida a seguir adelante en busca de justicia, la familia de Emirlendris Benítez defiende la inocencia de esta comerciante condenada a 30 años de cárcel por su supuesta vinculación con el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

“Esta decisión es tan injusta. Pero estamos con la frente en alto, porque Emirlendris es inocente y con la confianza puesta en nuestro señor Jesucristo, en el nombre de Dios, apelaremos”, dijo Melania Leal, hermana de la presa política, en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo.

Aseguró que con la sentencia a su familia “le cayó el mundo encima”.

A través de un video publicado la noche de este jueves 4 de agosto, Melania Leal dijo que sus familiares esperaban que la declararan inocente de todos los cargos de los que se le acusaba.

“Esperábamos su libertad porque mi hermana no ha cometido ningún delito. Respecto a la sentencia de tan gran magnitud nos sentimos destrozados, devastados, porque mi hermana no ha cometido ningún delito para que la condenen a 30 años de prisión. Ella es inocente”, insistió Leal.

Condenaron a 30 años a su pareja

De los 17 sentenciados por el atentado fallido con dos drones contra Maduro, a 12 los condenaron a la pena máxima de 30 años. Entre ellos está Benítez, de 41 años de edad, a quien detuvieron el 5 de agosto de 2018 cuando acompañaba a su pareja, Yolmer Escalona, en un servicio de taxi en Portuguesa.

A Escalona también le impusieron 30 años de cárcel. El entonces ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo señaló en 2018 de ser uno de los presuntos explosivistas de los drones, acusación que también recayó en su hermano, Yilber Escalona Torrealba.

En el caso de Benítez, su hermana explicó que su salud está deteriorada; y lamenta que con la decisión que tomó la jueza Hennit López Mesa, del tribunal primero contra el terrorismo, empeorará más su situación.

Qué dijo la ONU

Emirlendris Benítez tiene una hija de 22 años y uno pequeño de 8 años. «Su hijo no sabe nada del caso, piensa que está trabajando”, aseguró.

En febrero de este año, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que la detención de la presa política Emirlendris Benítez es arbitraria y por lo tanto debería tener libertad inmediata.

Estos expertos pidieron al gobierno venezolano ponerla “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de acuerdo con el derecho internacional”, según se lee en un documento difundido por el organismo de la ONU.

“El Grupo de Trabajo insiste en que las desapariciones forzadas están prohibidas por el derecho internacional y constituyen una forma particularmente agravada de detención arbitraria y decide remitir este caso para las decisiones que considere necesarias al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, explican.

Concluyeron que Benítez fue detenida sin orden de arresto que emitiera alguna autoridad, porque además no la encontraron en delito flagrante. Los expertos de la ONU señalan que a la mujer no le hicieron conocer los motivos de su detención y la mantuvieron incomunicada.