El TSJ es arte y parte en el conflicto parlamentario

En los últimos 15 días el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional no dejan de ser noticia. El 23 de diciembre la mayoría simple del Poder Legislativo designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes. El 30 de diciembre el Tribunal Supremo de Justicia decidió la suspensión, adjudicación y proclamación de los diputados del estado Amazonas luego de que se impugnaran los resultados. Seis días después una mayoría opositora tomó posesión del Parlamento para una nueva legislatura.

Varias cosas han pasado: en la instalación solo hubo 109 diputados de los 112 de la Mesa de la Unidad Democrática y 54 de 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en la primera sesión ordinaria de la AN, se juramentaron tres de los cuatro faltantes, aunque no participaron en ninguna de las decisiones de la cámara, esto fue suficiente para que la bancada del oficialismo acusara a la directiva de “desacato” y de intentar un “golpe parlamentario”. En esa misma sesión, la mayoría opositora decidió nombrar una comisión que investigará las condiciones en las que se nombraron a los magistrados.

El diputado Pedro Carreño, acompañado de otros de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, acudió este jueves siete de enero al TSJ para solicitar que se declare nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional. “La bancada revolucionaria ha acudido al máximo ente de administración de justicia e introduce tres documentos para solicitar que por la vía jurídica haga un llamado a la mesura” puntualizó Carreño. Además introdujeron un documento que tiene un petitorio de siete puntos en virtud del desacato de la sentencia del TSJ.

Al respecto, el abogado constitucionalista José Vicente Haro precisó que el Poder Judicial es arte y parte. En primera instancia porque el tema de del desacato que argumenta el oficialismo, se produce por la juramentación de tres personas que ya fueron adjudicados por el Consejo Nacional Electoral y que por lo tanto ya tienen inmunidad parlamentaria. “Solo pueden ser despojados con un antejuicio de mérito y un allanamiento de su inmunidad con los 2/3 del Parlamento. Además, el desacato es un delito y si se considera que hay un delito quien debe actuar es el Ministerio Público y no el TSJ. El tema del desacato genera discusiones y un conflicto de poderes, pero al final la última palabra la tiene la AN”, agregó.

Para Haro, los magistrados que fueron nombrados el 23 de diciembre carecen de legitimidad desde el punto de vista jurídico y constitucional, por lo que considera que se deben inhibir de decidir sobre cualquier recurso o asunto relacionado con el desempeño de la AN, tal como lo pidiera la bancada oficialista a la sala político – administrativa. “Hay un conflicto de poderes”, reveló.

La exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León considera que el Poder Judicial no puede hacer nada que afecte a la AN; puede afectar a los diputados en cuestión (los tres que se juramentaron), pero jamás a la Asamblea completa. “El acto de constitución del Parlamento fue valido porque se constituyeron 109, y después se incorporaron los tres. Está por definirse la legitimidad de la designación de los magistrados de la sala cuyo desacato se invoca”, agregó.

Mármol de León reveló que hay una sentencia que estableció que en los amparos electorales  no pueden prevalecer los intereses particulares a los colectivos.