Esta semana culminó la audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que el Estado venezolano, la representación de las víctimas y la Fiscalía de la CPI argumentaron sus posturas ante los jueces.
Durante el proceso, que se llevó a cabo este 7 y 8 de noviembre, las autoridades del gobierno venezolano afirmaron que comenzaron a investigar estos casos donde se cometieron presuntos crímenes de lesa humanidad, mientras que la Sala Penal de la Corte afirmó que tales procesos no se han realizado.
La comparecencia se pautó luego de la apelación de Venezuela contra una decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que, en junio de este año, autorizaron reanudar la investigación contra Venezuela por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad.
Para comprender lo ocurrido durante los dos días de audiencia, Efecto Cocuyo entrevistó al abogado Fernando Fernández, profesor derecho penal económico, penal Internacional y derechos humanos, quien hizo un análisis del debate jurídico que se realizó en La Haya.
El abogado valora la audiencia como muy positiva y considera que es un avance significativo en torno a los derechos de las víctimas y lo que significa aclarar los puntos en discordia, derivados de la apelación introducida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la defensa de las víctimas.
“Creo que el balance favorece a la Fiscalía y a la postura de la Oficina de Protección a las víctimas porque el Estado quedó en evidencia, presentó una gran cantidad de inconsistencias que agravan su postura y que contradicen la intención de investigar y de juzgar a los posibles responsables”, explicó.
El jurista recordó que la CPI explicó, antes de que se realizara la audiencia, que durante la comparecencia no se tomaría ninguna decesión, sino después, aunque no especificó fechas. Para Fernández, el fallo de la CPI va a tardar unas cuantas semanas en publicarse y posiblemente se emita durante el mes de enero de 2024.
Sus cálculos no son oficiales, son estimaciones aproximadas que hace el experto en derecho internacional, tras lo que calificó como un denso, prolijo e intenso debate que se dio durante los dos días de audiencia.
La tardanza del fallo sería a causa de la pretensión del Estado en que le tradujeran los 25 mil documentos y casos que envió a la Corte sin antes transcribirlos al inglés y francés, los idiomas de trabajo del ente internacional.
“Es un tema en el cual no se puede avanzar, sería muy cuesta arriba para la Corte (hacer las traducciones). Es obligación del Estado apelante proveer de las copias, de los originales y las copias certificadas en los idiomas de trabajo de la Corte”, agrega.
Para el abogado la falta de traducción fue un argumento muy débil del Estado y seguramente tendrá una respuesta contundente.
“Vendrán respuestas sobre el tema de la voluntad de investigar, si existe o no y de la capacidad de investigar. Esos son dos de los grandes temas de fondo del asunto”, indicó.
¿Qué viene después de la audiencia y qué pasa si el Gobierno de Nicolás Maduro desconoce el fallo?
El abogado asegura que el gobierno ha estado tratando de retrasar, a como de lugar, las investigaciones y el avance del proceso y es por esa razón que ha apelado en diferentes oportunidades.
“Por eso introduce documentos que no traduce, volúmenes impresionantes de papeles —no pocos— para poner a trabajar a los investigadores de la Fiscalía y para ganar tiempo”, afirma.
Fernández agrega que esta ha sido la actitud que siempre ha mantenido el Gobierno: desconoce el fallo para volver a apelar e inventar alguna nueva causa, que seguramente será declarada inadmisible.
“(En el futuro) Tendría que apelar por otra cosa, no por este asunto. Esto sería un punto definitivo y final que no se discute más”, recalcó.
El discurso de las víctimas es sentimentalista y retórico, según el gobierno
Para el abogado, calificar de sentimentalista y retórica la posición de las víctimas es manifestar un hondo desprecio hacia ellas, ya que son seres humanos que sufren y son revictimizados.
“No solamente han perdido un familiar, perdieron la libertad de un familiar o han perdido la libertad propia. Ahora el Estado se ha dedicado a negar los hechos, a litigar y a evitar que haya un pronunciamiento sobre el fondo”, dijo.
Fernández cree que este argumento es muy pobre y “malísimo”. El experto señala que aparte el Estado utiliza el argumento ad hominem, que es una falacia y un desprecio a las personas que están poniendo todo su dolor, todo su sufrimiento en los testimonios que han enviado y dentro de las expectativas tienen cifradas que se haga justicia en la CPI, a sabiendas que en Venezuela no van a recibir justicia.
“Esto deja ver que el Estado venezolano no tiene miramientos en cuanto a las víctimas y no las aprecia, sino que todo lo contrario”, añade.
A juicio de Fernández, el gobierno tiene actitudes cada día más hostiles hacia organismo internacionales y tuviera que pensarse que más que una estrategia, es una política.
El experto en derecho internacional señala que esto no ayudará al Estado y definitivamente lo va a perjudicar. “Esperemos que los funcionarios judiciales no se dejen provocar y sean muy objetivos, ecuánimes, imparciales y se limiten a decidir conforme al derecho, sin tomar en cuenta este tipo de mala crianza”, expresa.
Para finalizar, Fernández añade que la afirmación de que en Venezuela se han dictado más decisiones judiciales que la propia CPI es una provocación, sobre todo viniendo de un país que está de último lugar en el índice de estado derecho e índice impunidad de los delitos
“No tiene la cualidad jurídica, institucional, ni moral como para ponerse de ejemplo frente a un organismo impoluto como es la CPI”, indicó.