La audiencia de apelación del Estado venezolano contra la investigación que reanudó la Corte Penal Internacional (CPI) culminó tras un extenso debate entre la representación de las víctimas, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la representación del Gobierno de Nicolás Maduro.
Este 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo esta audiencia en La Haya, Países Bajos, donde la delegación que representó al gobierno de Venezuela admitió que no había investigado la mayoría de los casos enviados por la Fiscalía.
Para conocer las primeras impresiones de esta audiencia inédita en la historia de la Corte, la organización no gubernamental Cepaz realizó una conferencia por el servicio Space de la red social X, en la que expertos en Derecho Internacional y víctimas dieron sus opiniones sobre el proceso.
Thairi Moya, investigadora y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, calificó la audiencia de este miércoles como “álgida”, por la forma en la que se manejaron los representantes del Estado venezolano.
“Tengo años siguiendo las audiencias, debido a mi labor, y nunca había visto lo que se observó hoy (miércoles), de manera general, en comparación con el día de ayer (martes), la audiencia de este 8 de noviembre tuvo un especial trasfondo por los temas que se manejaron, más que de forma, de fondo”, dijo Moya.
Por su parte, Calixto Ávila Rincón, abogado, investigador y especialista en derechos humanos, señaló que los dos días de audiencia fuero bastante “complejos” porque los motivos de la apelación por parte del Estado son muy variados.
“Hicimos frente a un Estado que tiene claro que sus investigaciones no son genuinas, que tampoco reflejan las investigaciones que está adelantando la Corte Penal Internacional y en estos temas los elementos contextuales de los crímenes, en particular, si son sistemáticos o si corresponden más bien a una política de Estado”, dijo el experto.
El abogado señala que el Estado ratifica su posición que ha venido sosteniendo en decir que no se ha cometido los crímenes de lesa humanidad y, por el otro lado, que tampoco hay una política que conlleve estos crímenes.
“Es decir, que si no existen crímenes de lesa humanidad, obviamente no va a aceptar que existe una política de Estado de cometer un ataque contra una población civil y prefiere plantearlo como hechos aislados y hechos individuales”, sostiene.
La postura de la delegación del Estado, según Ávila Rincón, descalifica la posibilidad de que exista esa política sistemática, pero uno de los grandes inconvenientes, a su parecer, es que el Estado está investigando bandos bajos y lo presenta como «gran cosa«.
“Tres tenientes coroneles investigados dentro de los diferentes agentes del Estado que fueron mencionados y esto es realmente ínfimo, teniendo en cuenta que en la cadena de mando están los coroneles y luego tienes cuatro niveles de generales. En el caso de Venezuela, mal podría afirmarse que se estén investigando las cadenas de mando, en particular en los niveles más altos”, dijo.
Discurso de las víctimas como sentimental y retórico, según el Estado
Durante la comparecencia, la representación del Estado calificó el discurso presentado por la representante de las víctimas como sentimental y retórico, pero, para la investigadora y profesora de derecho Internacional Thairi Moya, el discurso de cierre de la representación de las víctimas fue impecable y contundente
“De hecho lo hizo en español, para dejar claro a las víctimas que ella estaba transmitiendo su mensaje; eso sin lugar a duda marca muchísimo a los jueces y a todo aquel que pueda estar participando en este tipo de procedimiento”, dijo.
Moya señala que la defensa del Gobierno de Maduro atacó el discurso de las víctimas como una forma de contrarrestar y que es normal que ocurra, a pesar de que le agrade o no a las distintas partes.
“El deber de ese abogado es defender a su cliente, es algo que también se debe valorar. En este contexto vamos a encontrar este tipo de hechos”, dijo.
Lenguaje no adecuado
Al igual que durante otras comparecencias ante organismos internacionales, las representaciones del Estado han descalificado a sus contrapartes para intentar imponer sus discursos. Durante la audiencia de la CPI se repitió este escenario y, a pesar de que no fue novedoso, al abogado Calixto Ávila Rincón no deja de sorprenderle.
“No deja de sorprender de todas maneras el recurso del lenguaje descalificatorio durante los debates en la CPI, porque estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje por parte del Estado. En el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, no hay que olvidar el último debate del informe de la Misión de Determinación de Hechos y posteriormente el comunicado de la Cancillería, descalificando en un término mucho más severos a los miembros de la Misión”, recordó.
Para Ávila Rincón, que este tipo de comportamientos se repita en la CPI, como modus operandis del Estado, de los agentes del Estado y de los mismos abogados, es bastante preocupante.
“No deja de ser sorprendente que rompan inclusive los reglamento de la CPI; por eso hoy lo más sorprendente fue que el primer acto del presidente de la Sala de Apelaciones fue llamar la atención sobre el lenguaje utilizado el día anterior donde el abogado del Estado descalificó a los miembros de la oficina para la defensa de las víctimas”, argumentó.
El defensor de derechos humanos indicó que el Estado también trató de descalificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, sobre la base de 25.000 documentos que habían sido transmitidos por parte del Gobierno al organismo, y no habían sido traducidos a los idiomas de francés en inglés.
Para el experto esto ha sido una estrategia permanente, que consiste en llenar de información a la CPI y enviar información que no es pertinente, pero que aún así constituyen estos 25.000 documentos.
“Utilizaron ese mismo argumento para descalificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, diciendo que como no habían sido traducidas la mayoría de estos documentos la Sala no había podido tomar una decisión razonable al momento de autorizar al Fiscal”.
La justicia internacional como esperanza
La representación de las víctimas en la Corte dejó claro que Venezuela no investiga ni investigará los casos denunciados por las víctimas. Meudy Osío, esposa del exconcejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Estado en 2018, señaló que la justicia internacional es la opción que queda.
“Con mucha esperanza espero que en algún momento se consiga esa justicia merecida”, dijo la viuda de Albán, que recordó que el activista de Primero Justicia fue sometido a desaparición forzada, le violaron todos sus derechos y posteriormente fue objeto de tortura y muerte en custodia dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Nicolás Maduro.
Osío informó que está fuera de Venezuela y que fue víctima de persecución mientras estuvo en el país, tanto así que su casa fue allanada.
La defensora de derechos humanos felicitó a las personas que están en Venezuela y sigue luchando por la justicia.