Durante el pasado mes de mayo, varios medios de información nacionales, entre ellos Efecto Cocuyo,  continuaron en la lista de portales web más bloqueados por el Estado, según el más reciente monitoreo de la ONG  Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

IPYS Venezuela evidenció en ese balance cómo el poder sigue aplicando diferentes mecanismos para, a su juicio, «asediar a quienes promueven la libertad de expresión y las garantías informativas en el país».

Indica el informe que este cerco pretende «regular y criminalizar el trabajo de periodistas, activistas, medios de comunicación y organizaciones civiles que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa como pilares de una sociedad democrática».

Identificaron además que en este mes de mayo se suscitaron 479 evidencias de bloqueos «por parte de las empresas privadas Digitel (168), y Movistar (165), siendo estas las principales ejecutoras de la censura en la red durante los días observados».

A continuación los datos más importantes que encontró el Ipys Venezuela durante el quinto mes de 2022 en el país:

Luego que el pasado 15 de abril la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista iniciara la discusión del anteproyecto de “Ley de Cooperación Internacional” para luego ser elevada a la plenaria del Legislativo, el 18 de mayo 500 organizaciones y 250 personas de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento en el que rechazan la discusión y aprobación de dicho instrumento legal que, de ser promulgado, representaría un mecanismo de persecución por parte del gobierno que violaría el derecho a la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones no gubernamentales, y truncaría el trabajo a favor de los derechos humanos. 

Los bloqueos a los portales informativos en Venezuela continuaron aplicándose de forma constante durante el quinto mes del año. Así lo pudo comprobar el equipo de monitoreo del IPYS Venezuela a partir de 1.440 mediciones realizadas a través de la metodología del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI Run), a 45 medios de comunicación nacionales e internacionales y sus dominios alternos, así como a redes sociales y páginas de organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre el lunes 23 y el viernes 27 de mayo.

Del total de las mediciones, 479 arrojaron evidencias de bloqueos por parte de las empresas privadas Digitel (168), y Movistar (165), siendo estas las principales ejecutoras de la censura en la red durante los días observados, mientras que la estatal CANTV fue responsable de 146 limitaciones de acceso. Estas acciones restrictivas perjudicaron a 21 dominios de 20 medios de comunicación a través de bloqueos de DNS (345) y HTTP (134).

Los medios nacionales Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla, AlbertoNews, Caraota Digital, Noticia al Día y Monitoreamos aparecieron bloqueados en 31 ocasiones cada uno desde las tres operadoras. Luego se ubicaron El Pitazo, Crónica Uno y El Nacional con restricciones en 21 oportunidades para cada portal. Aporrea y Runrunes completaron esta lista con 10 y una prueba de bloqueo, respectivamente.

En el caso de los medios internacionales y las OSC, la lista de evidencias de impedimentos estuvo encabezada por NTN24 (31) y Vivo Play (30), medio que también sufre limitaciones de acceso a través de su dominio alterno Mi Vivo Play, el cual registró 15 episodios de censura bajo la modalidad HTTP que se constataron en CANTV y Movistar. Los otros portales que arrojaron interrupciones fueron VPItv (21), Infobae (21), EVTV (20), El Tiempo de Colombia (20), y las organizaciones Mi Convive (21) y Acceso a la Justicia (9).

Las libertades informativas en el espacio digital siguen siendo obstaculizadas por los prestadores del servicio de internet en Venezuela. Esta organización y otras como VE sin Filtro han insistido recurrentemente a las autoridades públicas el cese de estas acciones que restan posibilidades de acceso a la información a los ciudadanos en todo el país.

Las fallas de estructura también persistieron en mayo. Durante este tiempo el IPYS Venezuela constató 35 casos que afectaron las telecomunicaciones en el país y las operaciones de una emisora radial. De acuerdo con el registro, 21 de los hechos fueron causados por incidentes desconocidos, mientras que siete fueron producto de apagones o cortes eléctricos y otros siete, por cortes de fibra óptica. Las entidades más afectadas por estos incidentes fueron el Área Metropolitana de Caracas y el estado Aragua, con 11 sucesos cada una, seguidas por Lara (8) y Anzoátegui (6).

Los proveedores de internet que presentaron más dificultades de conectividad fueron la estatal CANTV, con 16 casos, e Inter, con ocho incidentes. Estas empresas tienen respectivamente el primer y tercer lugar en número de suscriptores al servicio de internet a nivel nacional, según cifras de 2020 publicadas por la Conatel el pasado marzo. De acuerdo con Libertades digitales en riesgo, el Reporte Anual Derechos Digitales 2021, publicado por IPYS Venezuela el pasado 16 de mayo, en 2021 “La falta de mantenimiento e inversión, y las carentes medidas de seguridad para proteger los equipos de conexión de operadoras fijas y móviles ocasionaron interrupciones temporales y continuas en todas las entidades del país”.

En las últimas semanas destacó el inicio del juicio del periodista Roland Carreño, detenido arbitrariamente desde el 26 de octubre de 2020. La primera sesión judicial estuvo pautada para el 2 de mayo, pero la misma fue diferida, situación que se repitió con la segunda y la cuarta audiencia, tal como informó la defensa. Los abogados de Carreño destacaron que dos de los testigos de la Fiscalía presentaron relatos contradictorios de lo ocurrido cuando el comunicador fue encarcelado, lo que sigue dejando en evidencia las irregularidades dentro del caso.

Otra arremetida del Estado contra la libertad de expresión fue representada mediante la demanda por “difamación agravada continuada” interpuesta por Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, contra Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), y Alfredo Infante, sacerdote jesuita y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, dos meses después de que estos activistas exigieron investigar al mandatario regional por su presunta responsabilidad por los homicidios perpetrados por PoliCarabobo durante 2021.

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