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Dos mujeres entre 37 militares en huelga de hambre: quiénes son Carla Antón y Yusimar Montilla

Las únicas dos presas políticas de la protesta cumplen condenas de siete años y nueve meses

Han pasado más de 160 horas desde que 36 militares presos políticos iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, el pasado lunes 9 de noviembre. Entre los 34 hombres que participan en la protesta se encuentran las únicas dos mujeres del grupo: la teniente del Ejército Carla Antón Farías y la sargento técnico segundo Yusimar Montilla.

Ambas uniformadas permanecen detenidas desde 2019 por el caso conocido como el caso Gobernadora de Monagas. Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) las arrestaron tras señalarlas de integrar un supuesto plan, ocurrido en 2017, para detener a la entonces gobernadora Yelitze Santaella y tomar el Fuerte Paramaconi, en Maturín. 

En 2022, tribunales militares las sentenciaron a siete años y nueve meses de prisión por rebelión y traición a la patria, pero sus familiares y abogados sostienen que no existen pruebas que las vinculen con esos hechos.

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Carla Antón Farías

La teniente Carla Antón Farías fue apresada el 17 de junio de 2019 en el Fuerte Paramaconi, justo cuando entregaba su guardia. Durante los primeros cuatro días de arresto, los funcionarios la encerraron en un sótano sin agua, comida ni contacto con su familia.

Antes de llegar a Ramo Verde, permaneció en el anexo militar de la cárcel de La Pica, en Monagas, un área separada del penal común para uniformados donde sufrió violencia verbal, alimentación deficiente y falta de agua potable. 

El 6 de abril de 2022 recibió la condena de siete años y nueve meses en una audiencia nocturna en Monagas que terminó pasadas las 10:00 p. m., sin acceso para allegados. “Teníamos esperanza de que ella quedara en libertad, a ella no le consiguieron ninguna prueba. Está limpia totalmente, no tienen pruebas. Fue un mal proceso”, dijo su hermana Yanmary Antón a Efecto Cocuyo en 2022.

El 27 de abril de ese año la trasladaron a Ramo Verde, a más de 439 kilómetros de su hogar en Cumaná, estado Sucre. Aunque en ese recinto cesaron las torturas, Antón espera ser liberada por cumplimiento de pena. 

Yusimar Montilla

La sargento técnico segundo Yusimar Montilla fue detenida por la Dgcim en 2019 cuando tenía siete meses de embarazo. El 15 de agosto de ese año comenzó el trabajo de parto mientras estaba recluida en La Pica y fue sometida a una cesárea para dar a luz a una niña.

Los custodios intentaron devolverla al penal ese mismo día, pero la insistencia de sus parientes permitió que pasara la noche en el hospital. Al día siguiente regresó a la celda sin reposo médico y sin su hija. “Le hacen la cesárea y le quitan de una a la bebé y nos la entregan a nosotros. La bebé estuvo con ella unas horas, y después, al día siguiente, mandaron a Yusimar para La Pica y no le dieron reposo”, denunció su tía materna, Desiré Ortega, a Efecto Cocuyo en 2022.

Los tribunales le negaron una medida sustitutiva de libertad y tampoco le permitieron amamantar de forma continua a la recién nacida.

Durante el juicio le asignaron un defensor público, un abogado que no entregaba información del expediente a los familiares. Tras recibir la condena de siete años y nueve meses, sus parientes contrataron un abogado privado e interpusieron un recurso de apelación para que una instancia superior revisara el fallo.

El 26 de mayo de 2022 la trasladaron a Ramo Verde, a 533 kilómetros de Maturín, donde vivía su familia. Yusimar es madre de dos hijos y la crianza de ellos se ve afectada por su cautiverio. 

La madre de la militar vive con discapacidad auditiva. Montilla evitaba contar a sus parientes cómo eran sus días en prisión para no preocuparlos. 

Autor(a)

Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías