Este 5 de octubre la audiencia preliminar del caso Juan Pablo Pernalete fue diferida por sexta vez, debido a la ausencia de 5 de los 13 acusados por la muerte del joven quien murió asesinado debido al impacto de una bomba lacrimógena.
La información fue confirmada por el Centro de Derechos Humanos de la Univerisdad Metropolitana, que lleva seguimiento del caso. “Continuaremos apoyando a los Sres. Pernalete en su búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”, añadió el organismo.
La madre de Pernalete informó a través de su cuenta en Twitter que acudió sin expectativas a la audiencia que, en su opinión, considera “ la palabra Justicia es molestia para sus oídos, la impunidad es la orden, juegan al desgaste, al agotamiento, burlándose del dolor de unos padres”.
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La muerte de Juan Pablo Pernalete ocurrió en abril de 2017, en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En un principio desde Miraflores promovieron la versión de que la muerte del joven deportistas habría sido ocasionada por una pistola de perno, una tesis que difundió el entonces ministro de Comunicación e Información y ahora de Cultura, Ernesto Villegas.
Sin embargo, los análisis forenses demostraron que fue el impacto de una bomba lacrimógena la que le provocó la muerte a Pernalete.
Justicia para Pernalete
Desde entonces su familia exige justicia, porque la acusación contra los militares involucrados es de «homicidio preterintencional en grado de complicidad», es decir, que justifican como un accidente su deceso, según señala la defensa de Pernalete.
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El último fin de semana de agosto varias organizaciones no gubernamentales y el CDH-Unimet se concentraron en la casa del joven. Allí develaron un mural con el rostro de Juan Pablo, pero además exigieron justicia y que se acuse a los guardias nacionales de su homicidio.
Su caso es uno de los que documentó la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, un grupo de tres juristas que designó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para investigar las violaciones a las garantías fundamentales en el país.