Clippve denuncia que se desconoce el paradero de la presa política Carla Da Silva

El traslado se realizó sin orden judicial y sin informale a sus familiares el lugar de reclusión

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipve) denunció mediante sus redes sociales la desaparición forzada de la presa política Carla Da Silva, quien se encuentra en prisión desde el 5 de mayo de 2020, tras el caso conocido como “Operación Gedeón”.

“El pasado 5 de agosto, su madre se encontraba en las instalaciones de El Helicoide para realizar entrega de paquetería y esperar la visita regular. Allí fue informada de manera verbal que Carla había sido trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof)”, señala la denuncia hecha por el Clippve la mañana de este viernes 3 de septiembre. 

La organización explicó que el traslado se realizó sin orden judicial, sin notificación previa, sin abogados presentes y sin respeto al debido proceso, y a pesar de que se habia informado que Da Silva se encontraba en el Inof, su madre informó que en la cárcel de mujeres le negaron la presencia de ella. 

“Esta situación representa una violación directa al derecho de la familia a mantenerse informada y al derecho de toda persona privada de libertad a mantener contacto regular con sus seres queridos”, demanda la organización, quienes además exigieron una fe de vida de Da Silva, información oficial de su lugar de reclusión y garantías del derecho a la visita y al contacto con sus familiares. 

Quién es Carla Da Silva, detenida tras ir a una fiesta infantil

En 2020, Carla Da Silva fue detenida en Caracas por un incidente en una fiesta infantil, donde comentó que conocía a alguien relacionado con la “Operación Gedeón,” un supuesto plan de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. 

Esta conversación llevó a que la anfitriona llamara a un funcionario de la extinta Faes (Fuerzas de Acciones Especiales), y Da Silva fue llevada a la sede policial de La Quebradita, donde supo que no regresaría a casa. Desde entonces, está detenida en la sede del Sebin en El Helicoide, acusada de conspiración y asociación para delinquir, a pesar de no haber participado en ningún delito, según sostienen sus familiares. 

Cuando su madre, Miriam Marrero, se enteró de la detención de Carla, comenzó a buscarla en todos los sitios de reclusión de Caracas hasta llegar a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, donde al preguntarle a un funcionario por el paradero de su hija fue amenazada con un arma larga.

Finalmente, 20 días después, un oficial le confirmó que Carla estaba detenida en El Helicoide. No obstante, el calvario no terminó ahí; incluso después de localizarla, a Marrero se le dificultó entregarle alimentos y ropa.

Durante su detención en la sede de las Faes, Carla fue víctima de torturas. El 6 y 7 de mayo de 2020, funcionarios policiales la amarraron y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica, pidiéndole que revelara más información sobre la “Operación Gedeón”. Da Silva perdió el conocimiento durante los golpes.

A pesar de estas torturas y de que le vaciaron su teléfono y la sometieron a ocho pruebas de polígrafo, sin encontrar ninguna prueba que la vinculara con la fallida incursión, los funcionarios la trasladaron a El Helicoide, diciéndole que sería liberada.

En El Helicoide, Carla fue sometida a un juicio rápido y sin las garantías del debido proceso. Su madre se enteró del juicio a través de rumores de otros familiares de detenidos.

El juez, José Mascimino Márquez García (el mismo que está detenido por corrupción en 2023), le aconsejó a Carla declararse culpable para recibir una condena menor, pero ella se negó, afirmando que no había cometido ningún delito. A pesar de que el juez le aseguró a la familia que Carla era inocente y que su detención era por órdenes del gobierno, el proceso judicial continuó, lo que extendió su reclusión hasta este 2025. 

Desapariciones de presos políticos

La desaparición forzada de Carla Da Silva no es la única que se ha reportado en los últimos días de personas privadas de libertad por motivos políticos. 

Por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció el pasado 3 de agosto el traslado arbitrario de los hermanos Guevara, quien aún permanecen en desaparición forzada bajo custodia del Estado. 

“Nos encontramos ante una situación alarmante que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos: traslados sin información y desapariciones bajo custodia”, denunció la ONG el pasado 1 de septiembre.

Otro de los detenidos por motivos políticos que tambien se encuentran en la misma situación, es el periodista y activista políticos Roland Carreño y el dirigente político nacional del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano. 

“Casos recientes, como el de Freddy Superlano, Roland Carreño y los hermanos Guevara, ponen en evidencia una preocupante práctica de trasladados de los detenidos sin que sus familias, abogados y en muchos casos ni los tribunales competentes, reciban información sobre su paradero”, aseguró JEP.