Defensores de derechos humanos apoyan discusión de ley de amnistía y piden excarcelaciones sin demora

Organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que respaldan el anuncio de la gobernante encargada Delcy Rodríguez sobre el inicio de un proceso para elaborar una Ley de Amnistía que cubra el período 1999-2026.

Las entidades consideran que esta iniciativa responde a una necesidad urgente y cuenta con amplio consenso nacional, ya que busca superar la profunda crisis de derechos humanos que afecta al país.

El texto subraya que una ley bien diseñada y discutida puede servir como herramienta clave para restituir derechos, fortalecer la convivencia democrática y reconstruir el tejido social. Sin embargo, las organizaciones insisten en que el debate no debe usarse como excusa para detener o retrasar la liberación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos.

“Estas personas permanecen privadas de libertad de forma arbitraria, y su excarcelación debe continuar sin condiciones ni demoras vinculadas al avance legislativo”, indica parte del texto.

Las ONG firmantes aclaran conceptos básicos: la amnistía no representa un perdón indiscriminado, ni otorga impunidad, ni promueve el olvido. Al contrario, funciona como medida excepcional que se ajusta a estándares internacionales de derechos humanos. Su objetivo principal consiste en liberar a quienes sufrieron persecución injusta y establecer garantías firmes de no repetición de violaciones.

Reconocen que un proceso de esta magnitud exige tiempo, consultas amplias y un debate serio. Aun así, reiteran que las liberaciones no pueden paralizarse. El resultado final de la ley debe surgir de un procedimiento progresivo, con participación real, transparencia total y respeto estricto a las normas internacionales.

Todo suma

Las organizaciones enfatizan que la futura Ley de Amnistía no contradice ni limita los mecanismos internacionales de justicia. “En particular, no afecta la investigación en curso por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), ni las obligaciones del Estado venezolano ante el derecho internacional”, dicen.

Entre las propuestas concretas, las entidades piden un rol activo para organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la propia CPI. Estos deben participar en las consultas, en la definición de criterios y en el análisis de casos, siempre en coordinación con las organizaciones nacionales que documentan violaciones desde hace años y acompañan a las víctimas.

Finalmente, las firmantes destacan que la amnistía representa solo un paso inicial. Este esfuerzo debe integrarse en una agenda más amplia de transición democrática que incluya memoria histórica, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales profundas y garantías efectivas de no repetición. Solo de esa forma Venezuela podrá avanzar hacia una democracia plena, en paz y con respeto absoluto a los derechos humanos.

Exigencias principales:

• Liberación inmediata y sin condicionamientos de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin esperar la aprobación de la ley.
• Publicación completa y oportuna del anteproyecto para que víctimas, organizaciones, academia y sociedad en general lo conozcan, evalúen y debatan.
• Proceso de discusión amplio, plural, transparente y participativo, con inclusión efectiva de organizaciones nacionales e internacionales como la OACNUDH.
• Garantía explícita de que la ley no generará impunidad, no bloqueará el acceso a la justicia ni restringirá obligaciones internacionales ni mecanismos de investigación y rendición de cuentas, incluida la CPI.
• Vinculación de la amnistía a una agenda integral de transición que abarque memoria, verdad, justicia, reparación y reformas.

Las organizaciones que firman el documento reiteran su disposición a colaborar desde una perspectiva de derechos humanos para avanzar en la libertad de los detenidos injustamente y en la construcción de un país democrático, plural y respetuoso de la dignidad humana.

Entre las ONG que aprobaron el comunicado están: Caleidoscopio Humano, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), Cepaz, Civilis Derechos Humanos, Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, Foro Penal, Fundaredes, Gritemos con Brío, La República TV, La TV Calle, Laboratorio de Paz, Nosotras por Todas, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Red de Derechos Humanos del estado Lara, Red de Derechos humanos en acción, Redes Ayuda, Transparencia Venezuela y Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto.