Crisis en Apure: la escalada de la violencia guerrillera en territorio venezolano

LA HUMANIDAD · 16 FEBRERO, 2022 08:14

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Huyen de las balas. Son más de 7 mil desplazados que huyen de las balas en Apure, estado fronterizo con Colombia, al suroeste venezolano, según los datos que ofreció la ONG FundaRedes. Durante marzo de 2021, en la entidad se empezó a librar un conflicto armado entre el Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y militares del gobierno de Venezuela. 

A poco tiempo de cumplirse 365 días de los sucesos que sacudieron a los apureños, nuevos enfrentamientos se han desarrollado. El 2 de enero de 2022, en Arauca, el departamento colombiano que queda justo en frontera con Apure, se reportaron varios combates, pero esta vez entre disidencias de las Farc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejaron un saldo de al menos 24 muertos.

El viernes 11 de febrero ocurrieron nuevos enfrentamientos, según información compartida por la periodista Sebastiana Barráez en su cuenta oficial de Twitter. Ese mismo día, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó el fallecimiento de nueve civiles debido a detonaciones de artefactos explosivos, en el marco de los operativos militares.

Estos últimos iniciaron el 17 de enero bajo el nombre de Escudo Bolivariano 2022 y en ellos participan distintas facciones de cuerpos de seguridad venezolanos.

Por lo menos 86 personas han sido asesinadas en lo que va de año en la frontera de Colombia con Venezuela, informaron autoridades colombianas el pasado 13 de febrero. 

«Han sido 86 homicidios en 2022, de los cuales 16 personas tenían orden de captura ya que tenían vínculos con grupos criminales», indicó en Twitter el ministro del Interior, Daniel Palacios, luego de salir de un consejo de seguridad en el municipio fronterizo de Tame.

Clara Ramírez, coordinadora de Documentación y DDHH de FundaRedes, expresó a Efecto Cocuyo que, años atrás, la ONG ya había advertido al gobierno venezolano que Arauca y el estado Apure «operan como un corredor de grupos armados irregulares».

En ese entonces, se aseguró que eso traería consecuencias graves en algún punto, iniciando por una sistemática violación a los derechos humanos de las comunidades que viven en la frontera. 

Tiroteos, secuestros, minas antipersonas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y emboscadas es lo que ha caracterizado Apure desde 2021. La escalada de violencia va en aumento en 2022 a la vez que los civiles desarmados son los principales perjudicados en la disputa por el poder y el territorio. 

¿Cuándo inició el conflicto en Apure?

El 21 de marzo de 2021 se registró un enfrentamiento armado en el pueblo La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez en Apure. Los combatientes pertenecían a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el frente décimo de las Farc. Ese mismo día, aviones de combate K-8 de la fuerza aérea venezolana bombardearon la parte baja del poblado. 

El resultado fue el deceso de dos militares venezolanos y el cabecilla de un «grupo armado irregular colombiano», según informó el Ministerio de Defensa en Venezuela un día después. 

«En realidad, este enfrentamiento se trató del ataque al campamento de alias Ferley González, perteneciente al sector de las disidencias de las Farc dirigido por Gentil Duarte, en busca de desplazarlos de este territorio», indicó FundaRedes en su informe Apure, 60 días de conflicto armado

Por su parte, InSight Crime insistió en que «Apure se había convertido en un polvorín de intereses contrapuestos, donde diferentes facciones de los militares y el movimiento político chavista gobernante estaban enfrentándose, y una guerra fría de la guerrilla estaba comenzando a calentarse». Esta afirmación fue publicada en su investigación La batalla por Apure: el chavismo y las ex-FARC.

El 22 de marzo varios habitantes de La Victoria y sectores cercanos se desplazaron, temiendo por sus vidas, hacia la población de Arauquita, a poco más de 200 kilómetros del sitio del conflicto. Así mismo, se reportaron varios heridos y fallecidos a causa de la activación de minas antipersonas

Para el 24 de marzo la guerra entre los cuerpos de seguridad venezolanos y la disidencia de la guerrilla colombiana era ya un hecho. Apure estaba militarizado. Vecinos apureños comenzaron a denunciar que los funcionarios arrestaban a las personas de forma arbitraria y las señalaban como terroristas o guerrilleros. El 30 de marzo, se contabilizaban al menos 5 zonas afectadas: El Ripial, Arenales, Guafitas, El Ocho, Tres Esquinas y La Charca.

Los combates se extendieron hasta mayo y junio, cuando FundaRedes informó que los militares y disidentes entraron en una etapa de “tregua”. No obstante, Clara Ramírez dijo a Efecto Cocuyo que el conflicto no tuvo un final determinado. 

«El conflicto armado que se inició en marzo de 2021 no cesó, porque la gente seguía reportando que se seguían llevando pobladores como si fuesen de la guerrilla, en detenciones arbitrarias», señaló Ramírez. 

Sigue el terror en 2022

En enero de 2022 volvió el despliegue militar en Apure debido a enfrentamientos entre miembros del frente de guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en el departamento de Arauca. En el lado venezolano, el conflicto inició nuevamente en el pueblo La Victoria.

Organizaciones no gubernamentales indican que actualmente hay entre 800 y 1.200 personas que se desplazaron a ciudades colombianas.  

El 7 de febrero de 2022 se registraron detonaciones en el poblado de El Amparo. Los dos grupos guerrilleros enfrentados comenzaron a disparar a las 5:00 p.m., dejando un saldo de un civil muerto y tres heridos, de acuerdo con la versión del periodista Junior Parra. En videos difundidos en redes sociales se pueden oír tiros de armas de alto calibre y observar un helicóptero sobrevolando el lugar.  

Venezuela refuerza presencia militar en Apure tras conflictos en Arauca

Encerrados en sus casas, apureños denuncian que viven entre la zozobra causada por los tiroteos y los atropellos de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, expresó el 15 de febrero que hay más de 10 mil funcionarios desplegados en la entidad, con el objetivo de capturar los llamados Tancol, la denominación que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para referirse a los guerrilleros y que se traduce en «Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos». 

«Más de novecientas (900) trampas explosivas «Quiebra Patas» elaboradas con envases desechables plásticos con metralla por grupos terroristas colombianos han sido desactivados en el Sector Arenales por explosivistas de la FANB», publicó Hernández Lárez en su cuenta oficial de Twitter, al empezar la tercera semana de febrero.

¿Cuál es la situación actual de Apure? 

El 11 de febrero Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró en una rueda de prensa que se habían «neutralizado» nueve integrantes de grupos irregulares, capturado a 56 individuos, desmantelado 16 campamentos improvisados y hallado 2.000 kilos de drogas (1.200 de cocaína y 800 de marihuana). Igualmente, afirmó que se incautó armamento de guerra, insumos para la fabricación de explosivos, aeronaves, maquinaria pesada y equipos de comunicaciones. 

Sin embargo, no hay un alto al fuego en los enfrentamientos de los grupos de guerrilla. Este 15 de febrero miembros de las Fanb recolectaron trampas con clavos de puntas de arpón para detener el tránsito, presuntamente armadas por guerrilleros. Luego de que el descubrimiento se hizo público, varios activistas se pronunciaron en contra de la violencia que sigue azotando la entidad. 

«El Alto Apure es un territorio minado. Se necesita urgentemente asistencia técnica y actualización tecnológica de la ONU. No han ocurrido más desgracias por la baja densidad poblacional en la zona. Lamentablemente Venezuela dejó de ser un país libre de minas antipersonas», expresó la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.