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Confirman excarcelación de civiles involucrados en el caso Paracamay

Finalmente, Óscar Caamaño y Dirimo Pernía fueron puerstos en libertad tras más de 8 años sin debido proceso

 Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, confirmaron este jueves la excarcelación de los presos políticos Óscar Alejandro Caamaño y Dirimo Antonio Pernía, quienes permanecían detenidos desde 2017 por su presunta vinculación con el caso Paramacay.

Ambos habían sido condenados en diciembre de 2025 a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación venezolana. La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo revisó las sentencias: en el caso de Caamaño y Pernía la pena fue reducida a tres años, lo que permitió su libertad por pena cumplida tras casi nueve años de reclusión.

Otras condenas se mantuvieron o se modificaron parcialmente; el capitán Juan Carlos Caguaripano, principal señalado como líder de la acción, vio ratificada su pena de 30 años.

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Según las ONG, Caamaño (ciudadano hispanovenezolano, exagente de inteligencia) fue procesado en un tribunal civil pese a enfrentar imputaciones de naturaleza militar. En el caso de Pernía se denunciaron tratos crueles e inhumanos durante su detención. Familiares y abogados, entre ellos de Foro Penal, esperaron en los centros de reclusión hasta concretarse la salida. Jenny Gutiérrez, abogada de Foro Penal en Carabobo, acompañó a Caamaño tras su excarcelación.

⁠https://efectococuyo.com/la-humanidad/ratifican-condena-de-30-anos-para-caguaripano-y-otorgan-libertad-a-varios-implicados-en-la-causa/

El caso Paramacay

Este caso se remonta a la madrugada del 6 de agosto de 2017. Un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el entonces capitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott (prófugo en ese momento), asaltó el Fuerte Paramacay, sede de la 41.ª Brigada Blindada del Ejército en Naguanagua, estado Carabobo. La acción, conocida como “Operación David”, buscaba sustraer armamento (fusiles AK-103, lanzagranadas y municiones) en medio de la crisis política y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.⁠

Hubo enfrentamientos: dos atacantes resultaron muertos y varios heridos de ambos bandos. Parte del grupo logró sacar armas y huir; Caguaripano y otros fueron capturados posteriormente.

En total, 23 personas fueron procesadas por delitos como rebelión, traición a la patria, sustracción de efectos militares y ataque al centinela. El juicio se prolongó más de ocho años, con denuncias de irregularidades, retardo procesal, vulneración del derecho a la defensa y denuncias de torturas.