“Cierren los centros de torturas”, gritan militares en huelga de hambre en Ramo Verde

Desde la cancha deportiva del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, 36 presos políticos militares, entre ellos dos mujeres, y un efectivo detenido por delitos comunes, mantienen una huelga de hambre indefinida para exigir su libertad. 

En las rejas del recinto guindaron pancartas con la frase “Libertad para los presos políticos”, mientras a varios metros de distancia sus familiares se apostaron en las adyacencias del penal para respaldarlos y comunicarse con ellos a punta de gritos. “¡Cierren los centros de torturas!”, coreaban los manifestantes desde el interior de la cárcel.

La huelga de hambre comenzó el pasado lunes 9 de noviembre a las 6:00 de la mañana, con 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) procesados por el caso de Cotiza, y luego sumó a otros efectivos, hasta alcanzar los 37 huelguistas. Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Bandres y vocera de los parientes, a las afueras del recinto, explicó que al grupo de 36 presos políticos se integró un militar procesado por otra causa debido al retardo procesal. 

"Cierren los centros de torturas”, gritan presos políticos en Ramo Verde.

Familiares de presos políticos y ciudadanos se concentran este jueves 12 de noviembre en los alrededores del centro penitenciario de Ramo Verde, en el estado Miranda, para respaldar a los 36 funcionarios… pic.twitter.com/2f3gjfO2cg

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) November 12, 2026

Los huelguistas instalaron carpas en la cancha y duermen a la intemperie desde el inicio de la protesta, cubriéndose apenas con sábanas durante la noche para soportar el frío de Los Teques bajo la premisa de que no regresarán a las celdas porque deben estar en libertad. 

Hernández denunció que el director del centro, el general Luis Ojeda, ordenó aislarlos en ese espacio sin acceso a baños, aseo personal ni agua potable, además de impedir que el servicio médico del recinto los atienda. “Están tomando el agua que pueden recoger de la lluvia o el agua que está estancada, que se utiliza para regar las plantas. Este señor es un claro violador de derechos humanos; por orden precisa del general Ojeda, nuestros familiares están corriendo peligro, y lo digo con toda la responsabilidad y todo lo que esto pueda acaecer en mi contra”, advirtió.

La vocera emplazó a los dos eurodiputados que llegaron al país este miércoles 11 de noviembre, a visitar a los huelguistas y cuestionó a la dirigente opositora Dinorah Figuera por acudir de inmediato a ver al abogado Perkins Rocha sin pronunciarse sobre los militares en ayuno. “Aquí nadie es más importante que nadie. Nosotros exigimos que se pronuncie a favor de nuestros familiares”, reclamó.

También rechazó los anuncios del diputado Pedro Infante sobre posibles excarcelaciones desde la Asamblea Nacional, al considerar que los tribunales no actúan por cuenta propia pese a las listas y documentos entregados durante meses por las familias, y respondió a las publicaciones en X de Jorge Arreaza, quien acusó a los efectivos de victimizarse. “Ellos tienen la potestad de salir, dar una orden y decir: “Liberen a todos los presos políticos”, y lo van a cumplir de inmediato, porque esto es una decisión política. No se están victimizando; usted es un torturador”, sentenció Hernández en referencia a Arreaza.

Condenas vencidas en el caso Cotiza

Entre los sargentos que iniciaron el ayuno hay efectivos que permanecen en prisión pese a haber cumplido la totalidad de su condena. Nacari Díaz, esposa del sargento primero Jorge Enrique Rico Arrieta, imputado en la causa de Cotiza, detalló que la pena de su esposo venció el pasado 24 de octubre sin que hasta la fecha alguna autoridad haya revisado el expediente o respondido a las solicitudes de la defensa, y agregó que desde el inicio de la huelga no ha podido verlo ni saber de él. 

“Teniéndolos a ellos todavía tras las rejas están violando sus derechos y también están violando el Código Orgánico Procesal Penal, exactamente el artículo 474. Es un derecho, no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo justicia”, sostuvo.

En la misma situación se encuentra el sargento segundo Luis Gerardo Oviedo Piña, detenido hace siete años y nueve meses por el mismo expediente y con el cómputo de la pena ya cumplida. Su madre, Marjory Piña, lo visitó el domingo previo al inicio de la huelga sin que su hijo le mencionara la protesta para no angustiarla, pero hoy teme por su vida debido a las condiciones de aislamiento en la cancha y a que el militar sufre de arritmia cardíaca. 

“Si ya ellos lo cumplieron, ya tienen que estar en la calle. Ya estos días son de más, están ya en calidad de secuestro”, expresó.

Excarcelaciones parciales y condenas en ausencia

Al ayuno se unieron efectivos de otras causas judiciales marcadas por liberaciones selectivas y sentencias dictadas sin la presencia de los acusados. Yasmín Alburjas, madre del sargento segundo Antonio Padrón Alburjas, indicó que los siete procesados de la causa Sukhoi fueron condenados a 30 años de cárcel el 16 de enero de 2025, luego de que les negaran sin explicación la amnistía y la apelación.

Pese a que todos fueron imputados por los mismos delitos, el 12 de junio de este año excarcelaron a tres de los siete militares y dejaron recluidos en Ramo Verde a Padrón Alburjas junto a Rodery Prieto, Leomar Malvacia y Marcos Bello, sin que los tribunales atiendan o den respuesta a las familias sobre el motivo de esa distinción. 

“El domingo vino su esposa y mandó a decir que estaba bien y que se iba a unir a la huelga. Exigimos que den pronta respuesta y que se le otorgue también la libertad a ellos como fueron otorgadas a los tres primeros que salieron”, dijo Alburjas.

Por su parte, Yomaira Orozco se traslada desde los Valles del Tuy, en Miranda, junto al padre de su hijo para asistir al sargento mayor de tercera Rafael Mancilla, quien no cuenta actualmente con pareja y tiene una niña de nueve años en Acarigua que pregunta por él y no ha podido viajar a verlo por lo largo del trámite. 

Mancilla trabajaba desde hacía 13 años en el Buque Escuela Simón Bolívar, donde era el efectivo más antiguo cuando fue detenido hace seis años y medio en lo que su madre denuncia como un falso positivo por delitos de estupefacientes y asociación para delinquir, expediente en el que figuran él y un civil.

A Mancilla lo sentenciaron a 26 años y seis meses de prisión sin estar presente en su audiencia, y tanto la apelación como el recurso ante la Sala de Casación fueron negados. 

Torturas y traslados médicos negados 

A las afueras del penal también acudieron familiares de militares que no están en la huelga de hambre, pero que respaldan la protesta para visibilizar las irregularidades de sus juicios. Mariana Carrillo viaja todos los fines de semana desde Maracay para ver a su hijo Rafael Ángel Colmenares, quien entró a Ramo Verde a los 25 años y ya cumplió 30 tras pasar cinco años y tres meses detenido por la causa Radar.

Carrillo relató que al momento de la captura los detuvieron sin orden de aprehensión, les quitaron los teléfonos móviles y los torturaron durante un mes, hechos que denunció ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 126.

El caso suma dos audiencias preliminares y cuatro aperturas de juicio. Aunque ganaron un amparo en la Sala Constitucional, el juez lo ignoró y la defensa debió introducir un amparo por omisión de pronunciamiento. En junio salió en libertad uno solo de los procesados por decaimiento de la medida cautelar, beneficio que les corresponde a todos por estar en las mismas condiciones; sin embargo, el tribunal y la Corte de Apelaciones número 9 negaron el efecto extensivo, el avocamiento y las apelaciones.

A esto se suma que hace un mes a Colmenares le indicaron un estudio de Holter por una afección cardíaca y el juez emitió varios oficios en el expediente ordenando su traslado, pero el director de Ramo Verde se ha negado a ejecutarlo, según le contó el joven a su madre. 

“Ahora dice que está mala la máquina y es mentira, porque ya yo averigüé y es mentira. No hay justicia, no hay”, concluyó Carrillo.