Conferencia Episcopal Venezolana exige transparencia sobre procesos de excarcelación de presos políticos

Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), declaró este lunes que los gestos relacionados con una amnistía no pueden resultar contradictorios.

Lo afirmó tras la detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa el domingo, apenas horas después de su excarcelación provisional —luego de permanecer preso desde mayo de 2025—.

Durante la presentación de la exhortación pastoral de la CEV ante la prensa, el arzobispo subrayó que los signos deben converger hacia un objetivo común.

“Si el Estado ya reconoció la necesidad de una ley de amnistía —cuya aprobación se prevé esta semana—, las acciones no pueden contradecirse entre sí”, dijo.

El jerarca exigió que el debate del proyecto sea amplio e inclusivo, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, dada la complejidad de la medida. Consideró que el ritmo acelerado de su tramitación contradice ese propósito de amplitud.

“La amnistía va más allá de un simple perdón estatal: representa la toma de conciencia colectiva de una sociedad que decide recomponer las reglas del juego democrático. Para que la dinámica política se restablezca, resulta indispensable reconocer la pluralidad política”, agregó al cierre de la plenaria de obispos venezolanos.

En ese contexto, reveló que la CEV ha sostenido encuentros con el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —instalado por la gobernante encargada Delcy Rodríguez—, pero no ha recibido convocatoria formal para integrarse a la consulta pública sobre la legislación.

La exhortación pastoral, leída por el propio monseñor González de Zárate, destaca que el panorama político y social de Venezuela cambió de forma profunda a partir del 3 de enero, fecha en que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.

El documento reitera el llamado a la liberación plena de todos los presos políticos, la creación de espacios de diálogo para alcanzar un gran acuerdo nacional, la reconstrucción de la institucionalidad democrática y la garantía de independencia de los poderes públicos.

Los obispos respaldaron además la demanda de derogar leyes que restringen derechos fundamentales, en sintonía con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que critica que la amnistía no incluya la eliminación de normativas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, piezas de un marco legal considerado represivo.