Comunidad de la ULA rechaza posible suspensión de elecciones anunciada por MinEducaciónU

Estudiantes y profesores de la Universidad de Los Andes (ULA) se movilizaron este miércoles frente al Rectorado, en Mérida, para rechazar las intenciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de suspender los procesos electorales que la institución adelanta para renovar el cogobierno profesoral y las autoridades universitarias.

Según denunció Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula) y aspirante a rector, el pasado 30 de septiembre, durante una reunión entre la ministra Ana María Sanjuán y representantes estudiantiles, la funcionaria manifestó su “voluntad de pretender suspender las elecciones” de la casa de estudios.

El proceso electoral de la ULA está organizado en tres fases:

  • 7 de octubre de 2026: elección del cogobierno profesoral (representantes a consejos de escuela, facultad, núcleos y Consejo Universitario).
  • 11 de noviembre: primera vuelta para autoridades universitarias (rector, vicerrectores y secretario).
  • 11 de diciembre: segunda vuelta, en la que se definiría el nuevo equipo rectoral.

Castillo defendió el derecho de la universidad a renovar sus autoridades después de casi dos décadas sin elecciones.

18 años sin renovación de autoridades

Las últimas elecciones de autoridades en la ULA se celebraron en 2008. Desde entonces, sucesivas intervenciones judiciales —principalmente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia— han paralizado los intentos de renovación. En marzo de 2024, el TSJ suspendió un proceso que ya estaba en marcha, argumentando un recurso presentado por un profesor jubilado.

Tras la aprobación de un nuevo Reglamento Transitorio Electoral (que incorpora la participación de jubilados en ciertos términos), la Comisión Electoral Central de la ULA logró convocar nuevamente los comicios este 2026, en un hecho que sectores de la comunidad universitaria consideran un avance histórico hacia la reinstitucionalización.

La posible intervención del Ministerio genera preocupación en la ULA, que durante años ha denunciado tanto la asfixia presupuestaria como las amenazas a su autonomía universitaria, garantizada por el artículo 109 de la Constitución.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación Universitaria no ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la posible suspensión. La comunidad ulandina insiste en que el proceso debe continuar según el cronograma establecido por la propia universidad.

Otros gremios universitarios, como la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) condenaron el hecho y exhortaron a las autoridades ministeriales a respetar la autonomía universitaria.