Venezuela bajo observación. Con el fin de constatar las denuncias sobre la violación de los derechos laborales por parte del Estado venezolano, una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó al país el 8 de julio para sostener reuniones durante cinco días con trabajadores, empleadores y el Gobierno de Nicolás Maduro.
La llamada Comisión de Encuesta o comisión de investigación está integrada por su presidente Manuel Herrera Carbuccia (de República Dominicana) y los vicepresidentes María Emilia Casas Baamonde (España) y Santiago Pérez del Castillo (Uruguay). Tras abandonar el país, los magistrados elaborarán un informe con las conclusiones.
La investigación es parte de un largo proceso que se ha desarrollado desde que Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales del país, introdujo una queja formal a la OIT en el año 2003 sobre el incumplimiento de varios acuerdos en materia laboral que han sido suscritos por de Estado venezolano.
Desde entonces, una comisión de alto nivel de este organismo de las Naciones Unidas vino a Venezuela en 2014 y publicó recomendaciones que, a juicio de los empresarios, han sido ignoradas por el Gobierno. En 2018 estaba programada otra visita de una comisión al territorio, pero esto no ocurrió. Luego el organismo realizó una serie de entrevistas a las partes vía Skype y, en mayo de 2019, tanto Fedecámaras como una representación del Estado viajaron a Ginebra para presentar sus alegatos.
Acuerdos incumplidos
El empresario y expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, destacó la relevancia de la visita, pues “es el mecanismo que se reserva esta instancia para casos sumamente graves” de violación de los derechos laborales. Detalló que en los 100 años que tiene de historia la OIT solo ha realizado 13 visitas de este tipo y esta es la segunda que es promovida por un grupo de empleadores o patronos.
Recordó que para que pudiera darse la visita se requirió del consenso entre los representantes de los gobiernos de los países, sindicatos y empleadores del mundo que conforman el Gobierno tripartito de la OIT.
Roig detalló que, aunque consideran que el gobierno ha faltado a muchos más acuerdos, se demanda el incumplimiento de tres principales: el convenio sobre la libertad sindical (87), el relativo al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos (26) y el convenio sobre la consulta tripartita para la toma de decisiones en asuntos laborales (144).
En este sentido recapituló sobre el hostigamiento y persecución contra dirigentes gremiales desde el Gobierno del fallecido Hugo Chávez, el hecho de que el salario mínimo se decreta de manera unilateral por parte del Ejecutivo y sobre ausencia total de un diálogo tripartito para la formulación de normas relativas al trabajo.
Consecuencias del informe
El también ingeniero indicó que el informe que elabore la comisión de investigación deberá ser presentado ante el Consejo de Administración de la OIT que se reúne tres veces al año. Sus próximas sesiones serán entre octubre y noviembre. (Ambien)
Señaló que, pese a que sus recomendaciones no son de carácter vinculante, es decir que no hay una obligación del Estado para su cumplimento, “Venezuela podría quedar ante el mundo como un país que no solo viola derechos humanos, sino que viola derechos laborales”, lo cual podría dar amplitud a la aplicación de más sanciones internacionales.
Roig aclaró que el interés de la OIT es netamente para evaluar las condiciones de los derechos laborales y no la situación política en el país.
Expectativas
El director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, celebró el avance del proceso y aseguró que confía en que los resultados del informe arrojen recomendaciones para favorecer a los trabajadores venezolanos.
Destacó que entre las denuncias que han sido elevadas a la OIT se encuentra “la criminalización de la protesta y la persecución a los dirigentes sindicales”, como es el caso del secretario general de Ferrominera del Orinoco, Ruben González, quien se encuentra preso por segunda vez en la cárcel de La Pica, estado Monagas. El trabajador fue apresado el 28 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una protesta en Caracas, contra las violaciones de la contratación colectiva por parte del Gobierno de Maduro.
El abogado reiteró su confianza en el equipo de magistrados encargado de evaluar las condiciones de los derechos laborales en el país, así como del equipo técnico que los acompaña.