657 personas asesinadas en Zulia por cuerpos de seguridad del Estado

LA HUMANIDAD · 21 MAYO, 2020 15:45

Codhez reporta 657 personas asesinadas en Zulia por cuerpos de seguridad del Estado en 2019

Texto por Deisy Martínez

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Violencia policial. La Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reportó 657 personas asesinadas en dicha entidad durante 2019, en 497 hechos en los que actuaron las fuerzas de seguridad nacionales. La ONG alertó que se trató de un incremento de 135,48% con respecto a 2018, cuando se registró la muerte de 269 personas.

De acuerdo con la investigación realizada por la ONG zuliana, los homicidios fueron perpetrados presuntamente por organismos policiales o militares. Las fuerzas mayormente involucradas son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 20,88 % de los casos, seguido de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 18,47 %.

Las FAES fueron mencionadas esta semana por la Comisión Presidencial para los DD. HH., designada por Juan Guaidó, por estar involucradas en 158 ejecuciones extrajudiciales entre enero y marzo de 2020. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó el año pasado la eliminación de esta fuerza por considerarla un grupo de exterminio.

Maracaibo aparece en el informe como el municipio con más hechos de violencia policial con 29, 41 % de los casos.  Le sigue el municipio San Francisco con 13, 90 % y Cabimas con 6,95 %, entre otros.

La policía alega que se trató de enfrentamientos con presuntos delincuentes, pero la realidad indica que muchos de ellos, por patrones seguidos en situaciones de violencia, pueden ser considerados ejecuciones extrajudiciales. Es una práctica establecida por parte de autoridades nacionales y regionales”, expresó el coordinador general de Codhez, Juan Berríos.

Mayoría de víctimas no llega a 30 años

Berríos destacó el significativo aumento de estos asesinatos a partir del segundo semestre de 2019, puesto que en los primeros seis meses hubo 160 y el resto del año 497. Indicó que solo tres funcionarios resultaron heridos durante los supuestos enfrentamientos. Los meses en los que se presentaron más hechos de violencia de este tipo fueron entre julio y octubre.

En su mayoría (50,83 % de los casos), el promedio de edad de las víctimas oscila entre 20 y 25 años, lo cual asemeja, según el informe, a otros estados del país.

“Exigimos al Estado venezolano investigar y sancionar a los responsables, recordamos que el derecho a la vida es inviolable y el Estado tiene la obligación de protegerlo”, subrayó el activista de los DD. HH.

Mencionó que las comunidades indígenas que habitan en la Guajira son víctimas recurrentes de violencia militar pero también de grupos irregulares por encontrarse en la frontera.

Codhez también destacó que pese a que en 2019 disminuyeron las protestas en comparación con 2017 y 2018, sí se dieron manifestaciones de calle, entre ellas las que expresaron apoyo a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La ONG denunció que fueron respondidas (enero-febrero) con 57 detenciones arbitrarias contra 52 hombres, dos mujeres, de los cuales 14 eran estudiantes.

“Hay  juicios suspendidos por lo que las personas siguen en situación de persecución judicial. También hay procesos pendientes de 2014,  2017 y 2018”, dijo. Las investigaciones por 14 muertes registradas en el estado en 2017 no avanzaron tampoco en 2019.

Crisis de servicios públicos

En el informe anual de Codhez de cinco capítulos se refleja que durante el primer apagón nacional de marzo de 2019, estuvieron al menos 101 horas sin luz, sin que el Estado tomara medidas eficientes para atender la situación.

Berríos explicó que esta situación dio paso a racionamientos de 12 horas en bloques de seis por seis, pero que de los cortes en principio programados se dio paso a interrupciones indiscriminadas. Destacó  que a partir de octubre de 2019 muchos  se hicieron más prolongados y extendidos. El reporte reflejó 16 apagones regionales el año pasado con días de duración, aparte de los nacionales.

El estudio cita cifras del Colegio de Enfermeras del Zulia, según las cuales para el 10 de mayo se tenía reportes de al menos 15 muertes en centros asistenciales por dificultades derivadas de fallas en el servicio eléctrico para la atención de sus casos.

Los apagones intensificaron la deficiencia de agua. Luego del primer apagón solo funcionaban tres de seis bombas en Tulé, principal fuente de agua potable para Maracaibo. Se dieron protestas porque la gente tenía semanas, un mes o meses sin el servicio”, acotó el activista.

El estudio refleja que Maracaibo, antes de marzo de 2019, diversos sectores reportaban fallas en el abastecimiento de agua. La recibían por tubería cada cuatro u ocho días entre ocho y 12 horas. A partir del primer apagón nacional el agua comenzó a tardar hasta 40 días sin llegar, por lo que las personas se vieron obligadas a salir de sus casas para abastecerse en tomas de agua ubicadas en calles, plazas o cañadas o comprar agua suministrada por camiones cisternas particulares.

Cambian hábitos de higiene

De acuerdo con la ONG  la falta de agua cambió hábitos de higiene en la población. Por ejemplo,  asearse una vez al día (lavándose solo genitales, axilas y rostro), usar el sanitario una o dos veces al día (lo que supone acumular orina y heces de varias personas) con agua reciclada del lavado de platos. Además obviar el aseo de las mascotas, usar más veces la misma ropa (que se lava a mano y con menos jabón), regar menos o no regar las plantas, entre otras.

La ONG adelantó que en el contexto de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, decretada en todo el país,  entre el 13 y el 24 de marzo de 2020, 87 sectores del Zulia, distribuidos en ocho municipios y 31 parroquias, denunciaron dificultades de acceso al agua potable. Son 2 millones de personas afectadas por la escasez del líquido en esas zonas.

El estudio también deja constancia de fallas en el servicio de gas doméstico, principalmente en zonas rurales como La Guajira, Perijá y el Sur del Lago de Maracaibo. Así mismo, evidenció fallas en el transporte público y aseo urbano.

“El Estado venezolano no ha cumplido su obligación de proteger y garantizar de manera efectiva que todos tengamos servicios de calidad, no ha informado de manera oportuna y veraz sobre la situación del sistema eléctrico ni del resto de los servicios en el Zulia. Tampoco ha diseñado un plan de contingencia para atender la crisis, ni siquiera para proteger a quienes se encuentran más vulnerables”, advirtió la ONG.

Sin gasolina

La crisis eléctrica también dio paso a la agudización de la falta de combustible en Zulia. Las zonas más afectadas fueron la periferia de Maracaibo y zonas no urbanas. Cuando hubo suministro estuvo  plagado de irregularidades que involucraron desvío para el contrabando y supuesto sobornos a funcionarios militares que controlaron las estaciones de servicio,  a cambio de moneda extranjera, alimentos o favores.

“A principios de abril, tal espera, en promedio, era de tres horas. A mediados de abril, se duplicó, y en la última semana de mayo las filas alcanzaron unos dos kilómetros y doce horas de espera en promedio, siendo común la pernocta en las adyacencias de las estaciones de combustible”, se lee en el escrito.

Libertad de expresión

En cuanto a las violaciones a la libertad de expresión, el informe destacó que los diarios Panorama con 104 años de trayectoria y Mi Diario con 12, salieron de circulación por falta de papel. Ello se tradujo en que el Zulia se quedó sin los últimos medios impresos que quedaban. Los bloqueos al acceso a páginas web constituyó otro método de censura contra la libertad de información en la entidad.

También la detención de al menos nueve trabajadores de la prensa de distintos medios de comunicación. Se denunció además agresiones físicas y robo de equipos de trabajo. Los responsables fueron en su mayoría efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Tres medios de comunicación fueron allanados el año pasado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se precisó que dos  de los  afectados fueron los canales de televisión Global TV y Aventura TV.  También se aludió a visitas “intimidatorias” de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), especialmente a emisoras radiales del Zulia que transmitieron discursos de Guaidó.

La crisis de DD. HH. en Venezuela tiene carácter estructural, ocasionado por el quebrantamiento del orden constitucional y democrático que ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja sin precedentes”, reza el estudio.

Berríos destacó que fue un año difícil y que la intención del informe es servir de recordatorio de lo grave de la situación en el Zulia. De igual forma, dejar constancia de las violaciones de DD. HH. para que en un futuro próximo se haga justicia especialmente en los casos de ajusticiamiento.

“Esta crisis se profundiza con el paso del tiempo por la ausencia de respuestas del Estado”, advirtió.