Cidh otorga medidas cautelares en favor de 5 presos políticos venezolanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares de protección en favor de cinco personas privadas de libertad en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, expuestas a un riesgo inminente de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

La medida, asentada en la Resolución 67/2026 adoptada el pasado 26 de agosto y difundida este martes, beneficia a los presos políticos Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas, Freddy Manuel Alvarado Castillo, Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera.

De acuerdo con las solicitudes presentadas ante el organismo interamericano, los cinco ciudadanos permanecen reclusos en condiciones inadecuadas, enfrentan severas restricciones para comunicarse con sus familiares o defensores de confianza, y no reciben atención médica especializada ni oportuna para sus padecimientos físicos y psicológicos.

#CIDH otorga medidas cautelares a cinco personas privadas de libertad en #Venezuela

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— CIDH – IACHR (@CIDH) September 1, 2026

Estado en silencio

En el texto, la CIDH subrayó la “vulnerabilidad e indefensión de los reclusos” y cuestionó que el Estado venezolano no presentó respuesta ni información sobre las acciones adoptadas para mitigar los riesgos denunciados.

“La Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias”, señala la resolución emitida desde la sede del organismo en Washington D.C.

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Exigencias al Estado venezolano

Con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH exhortó a la administración venezolana a adoptar medidas urgentes e inmediatas:

Atención médica inmediata: Realizar una evaluación médica especializada de los cinco detenidos y brindarles el tratamiento adecuado, garantizando el acceso a agua potable y alimentación digna.

Enfoque de género: Implementar acciones específicas para garantizar la atención en salud que requiere Maurimal Carolina Solórzano Armas.

Aclaratoria de condena: Confirmar de manera oficial la fecha de cumplimiento de la condena impuesta a Wilder Anderson Vásquez Velásquez y, de ser el caso, precisar su fecha de excarcelación o argumentar legalmente su permanencia en prisión.

Garantía de derechos: Restablecer el contacto regular con sus familiares y abogados, asegurar que no sufran agresiones o intimidaciones dentro de los centros penitenciarios, e investigar los hechos que dieron origen a la resolución.

El organismo recordó que el otorgamiento de estas medidas cautelares forma parte de sus competencias de protección de derechos humanos y no prejuzga sobre eventuales peticiones de fondo interpuestas ante el Sistema Interamericano.

¿Quiénes son los presos políticos?

Entre los beneficiarios de la resolución se encuentran perfiles vinculados tanto a causas políticas opositoras como a supuestos operativos anticorrupción del propio Ejecutivo. Tal es el caso del estudiante universitario Wilder Anderson Vásquez Velásquez, apresado en 2018 y sentenciado en el marco del proceso por el presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro; pese a haber cumplido íntegramente su condena de cinco años en octubre de 2023, las autoridades han mantenido su privación de libertad de forma arbitraria.

Por otra parte, Pedro Rolando Maldonado Marín (expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana) y Felipe Santiago Contreras Caldera (exvicepresidente del Sector Hierro y Acero de la CVG) fueron aprehendidos a inicios de 2023 durante las investigaciones estatales por la trama de corrupción denominada “PVDSA-Cripto” y reubicados posteriormente bajo un estricto régimen de aislamiento.

Asimismo, la medida abarca a Maurimal Carolina Solórzano Armas y Freddy Manuel Alvarado Castillo, quienes junto al resto del grupo permanecen recluidos bajo severas restricciones en el internado judicial El Rodeo I, en el estado Miranda. De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y presentadas ante la CIDH, los cinco privados de libertad han enfrentado trabas sistemáticas para la designación de abogados defensores de su confianza, así como limitaciones severas para el contacto familiar y la falta de garantías procesales básicas, situaciones que el organismo interamericano calificó como un escenario de indefensión que expone sus vidas e integridad a un peligro inminente.