Protección a los defensores. La abogada Katherine Martínez, quien desde 2008 defiende los derechos de los niños, niñas, adolescentes y madres cuidadoras del hospital JM de los Ríos a través de su organización Prepara Familia, recibió medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).
Las medidas cautelares son otorgadas por la Cidh en situaciones “graves y urgentes” con el fin de prevenir un daño irreparable. La decisión de la Comisión sobre Martínez, en respuesta a una solicitud de las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Acción Solidaria, resalta que enfrenta una situación de grave riesgo debido a los diferentes actos de hostigamiento que ha sufrido por su labor en Prepara Familia.
Las amenazas contra Martínez comenzaron cuando Prepara Familia empezó a denunciar el deterioro de las condiciones del JM de los Ríos en 2017, año en el que un brote infeccioso cobró las vidas de niños en el servicio de Nefrología. Tras la denuncia, comenzaron a perseguirla dentro del hospital e incluso fue catalogada como “perturbadora del orden interno del hospital”. Luego se le ha impedido la entrada al hospital.
“Nos prohibieron la entrada de manera determinante, inclusive con órdenes del Ministerio de Salud, pero teníamos que continuar denunciando. Teníamos el tema de los niños del área de Hematología que estaban a la espera de trasplante de médula ósea. Esos niños estaban en situación de riesgo, estuvimos con las madres denunciando lo que pasaba, pero comenzaron a morir en mayo de 2019 a pesar de todas las advertencias que se hicieron”, dijo Martínez durante una rueda de prensa este miércoles, 12 de agosto.
A inicios de 2020, el centro de acopio de Prepara Familia en Caracas fue invadido. Aunque denunciaron la situación, finalmente tuvo que ser cerrado por amenazas en contra de las voluntarias que elaboraban unos “kits de dignidad” para las madres cuidadoras. Ahora los kits son elaborados en otros lugares y entregados en las afueras del hospital. A pesar de los obstáculos, Martínez asegura que no permitirá que nada limite su accionar.
“Este es un compromiso de vida, de fe inclusive, el mío y el de mi equipo de voluntarias, de las mujeres. La mayoría de las personas que integran nuestro equipo son mujeres cuidadoras, mujeres que pasaron de ser víctimas a ser activistas de derechos humanos que forman comités de víctimas, comités por servicios de patologías crónicas”, añadió Martínez.
Apoyo entre defensores
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, afirmó que continuarán demandando todas las medidas de protección que sean posibles para aquellos defensores que trabajan en el país de manera desinteresada.
“Damos absoluta fe del trabajo tan importante que hacen en beneficio de los pacientes y familiares del JM de los Ríos. Sin embargo, queremos hacer énfasis en que esta situación de indefensión de Prepara Familia, como de otras organizaciones que intentan en este contexto de emergencia humanitaria compleja ayudar a los venezolanos, se da en una situación de construcción de nueva normalidad que necesita la naturalización máxima de todos los liderazgos sociales independientes en nuestro país”, indicó Uzcátegui.
Lexys Rendón, en nombre de Civlilis, Provea y Laboratorios de Paz, afirmó que celebran las medidas de protección para Katherine Martínez por ser defensora de derechos humanos y por realizar una labor humanitaria para comunidades vulnerables con necesidades prioritarias.
“También es un mensaje a la comunidad internacional. No solo se hace una advertencia al Estado del incumplimiento de sus obligaciones, sino que se le está diciendo al mundo, al sistema internacional de protección de derechos humanos y a los países y los estados del mundo, que Venezuela no está cumpliendo y no está garantizando que defensores de derechos humanos lo hagan en las mejores condiciones, y su vida está en riesgo”, expresó.
Beatriz Borges, directora de Cepaz, aseguró que el Estado debe detener cualquier acto de hostigamiento, de persecución o estigmatización que haya sobre los defensores de derechos humanos y sobre Katherine Martínez, pues no solo está en riesgo su vida y su integridad, sino también los derechos de las poblaciones que ella defiende y atiende, que ya incluyen otros cuatro servicios pediátricos.
“Este reconocimiento es muy importante porque la Cidh sigue monitoreando lo que está pasando en Venezuela y que esto se dé en el contexto humanitario marca un precedente muy importante. Ya hemos visto cómo los trabajadores de la salud y los defensores de derechos humanos están siendo victimas de persecución en el contexto humanitario, pero agravada en contexto de COVID-19″, dijo.
La medida de la Cidh exhorta al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Katherine Martínez.
Vea la decisión de la Cidh aquí