Tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares de protección a favor de familiares del capitán Rafael Acosta Arévalo.
La medida también se extendió a los familiares de la defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju. La Cidh considera que el núcleo familiar de Suju, en el país, “se encontrarían en una situación de riesgo tras ser objeto de acosos y hostigamientos por parte de autoridades estatales”, se lee en el comunicado.
La medida favorece a Francisco Arturo Suju Raffo, Carmen Cecilia Fuentes de Suju, Marisela Suyen Suju de Rivero, Andrés Rivero Muro, Oswaldo Ramón Suju Raffo, Elena Torres de Suju y Sungliying Helena Suju Torres.
La Cidh con base en el artículo 25 de su Reglamento, solicitó “al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la familia del señor Rafael Acosta Arévalo; concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas beneficiarias y su representante; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”, reza el documento.
Entierro del capitán Acosta Arévalo: un sepelio silencioso controlado por el Gobierno
Las medidas fueron emitidas este martes, 10 de octubre, y según el organismo internacional, la familia de Acosta Arévalo y de su esposa, estarían siendo objeto de intimidación y seguimientos por funcionarios del estado venezolano.
En el caso de Suju, la Cidh tomó en consideración que la situación de riesgo de las personas beneficiadas con la medida, estaría conectada a la actuación internacional de la abogada, como defensora de derechos humanos y opositora política al gobierno de Nicolás Maduro. Según la Comisión, el núcleo familiar de Suju, habría sido blanco de allanamientos por lo menos 5 veces en un periodo inferior a un mes.
“La Cidh ha urgido al Estado Venezolano a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno. La Comisión, asimismo, ha expresado su preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para perseguir penalmente a disidentes políticos y reprimir las críticas públicas al gobierno.”
El capitán de fragata Acosta Arévalo, fue asesinado el pasado 29 de junio, cuando estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contraiteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. El militar había sido detenido el 21 de junio. Luego se sabría que el gobierno de Nicolás Maduro lo vinculaba a un grupo subversivo que planeaba un supuesto golpe de Estado que se ejecutaría el 23 de junio.
El pasado 24 de septiembre los homicidas de Acosta Arévalo fueron condenados a seis años de prisión luego de admitir los hechos y obtener una rebaja de un tercio de la pena.