CDH-Ucab: Minería ilegal en Bolívar promueve la prostitución forzada y explotación sexual

LA HUMANIDAD · 20 MAYO, 2021 16:57

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María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin


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Un nuevo estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) visibiliza y describe el impacto diferenciado sobre las mujeres víctimas de trata, prostitución forzada y explotación sexual en el estado Bolívar, siendo estas actividades formas análogas de esclavitud.

La esclavitud moderna se refiere a situaciones en las que una persona mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, se le coarta su libertad y se le obliga, en contra de su voluntad, a realizar actividades que no desea realizar, se le controla su cuerpo, se le obliga a elegir o rechazar un empleo, o dejar de trabajar.

El informe Formas Contemporáneas de Esclavitud Moderna en el estado Bolívar: una perspectiva género sensitiva, que se presentó este jueves 20 de mayo, evidencia cómo a las niñas, adolescentes y mujeres las someten a roles y estereotipos patriarcales en condiciones que afecta su dignidad y ponen en riesgo su salud y su vida.

“En su mayoría, las mujeres en el contexto minero suelen estar limitadas a roles de ‘gestión social’, como cocineras, en trabajos domésticos, como parejas de los mineros, o son prostituidas. La demanda de este último trabajo fomenta actividades como la trata y la explotación sexual, en un contexto de precarización de condiciones en donde dicha actividad es vista como una opción considerable para afrontar la crisis”, refiere el documento.

El 92% de las personas obligadas a trabajar en servicios de alojamiento y preparación de alimentos son mujeres

OIT – Walk Free Foundation

Tráfico sexual y minería ilegal

La coordinadora e investigadora del CDH Ucab Guayana, Eumelis Moya, y la investigadora del CDH Ucab y directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, refirieron cómo en Bolívar se agudizó la explotación laboral y sexual, así como altos niveles de violencia, frente al auge de la minería ilegal promovido por el proyecto del Arco Minero del Orinoco y el declive de las empresas básicas.

Indicaron que, particularmente desde 2016, se comenzó a reseñar en los medios de comunicación sobre las mujeres que viajaban a estas zonas mineras y que realizaban trabajos de cocineras o las prostituían. Estimaciones de autoridades locales indican que en la actualidad habría unas 3.500 mujeres que ejercen la prostitución en esa entidad.

“Un tema recurrente y preocupante es la demanda de mujeres jóvenes en las minas. Las niñas menores de edad y las mujeres consideradas vírgenes tienen un precio superior a un valor asociado a estereotipos de género y sexualización de jóvenes y menores de edad”, señalaron las expertas.

Poco más del 99 % de las víctimas de explotación sexual en el mundo son mujeres

OIT – Walk Free Foundation

El informe insiste sobre cómo el tráfico sexual opera de la mano y de forma intrínseca con la minería ilegal, y que en estos espacios se profundiza la violencia contra las mujeres: las cosifican y las usan como mercancía en un contexto de violencia generalizada.

Impacto diferenciado

Además se describe algunas de las consecuencias diferenciadas por la contaminación por mercurio a la que se exponen las personas que trabajan en las minas: en el caso de las mujeres embarazadas causa malformación del feto y abortos espontáneos, mientras que en los hombres se reporta impotencia sexual.

Borges y Moya también refirieron cómo a las mujeres que prostituyen se les obliga a no usar condones, pero al mismo tiempo se les puede culpar y castigar por la transmisión de enfermedades.

Recordaron que el estado Bolívar no es solo un punto de tránsito y origen, sino también de destino para la trata de personas, especialmente en los municipios de El Callao, Roscio y Sifontes. También desde esa región se moviliza a personas hacia el estado Delta Amacuro y de ahí a países como Trinidad y Tobago.

El estudio exhorta al Estado venezolano a investigar sobre estos delitos con una perspectiva de género, que permitan diseñar políticas públicas para prevenir actos actos, así como que se aplique la justicia para desarticular estas redes de explotación y se sancione a los responsables.

El informe completo está disponible haciendo clic aquí