Eliminar el hacinamiento de los centros de detención preventiva del país es una de las primeras metas que se ha fijado la comisión especial para “la revolución judicial”, una nueva misión que ha creado el gobernante Nicolás Maduro para acabar con la sobrepoblación en los calabozos del país.
Pero la aglomeración en los centros de detención y cárceles venezolanas no es algo nuevo; desde hace casi cinco años las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las privadas y los privados de libertad han venido advirtiendo sobre este problema que afecta a la población reclusa.
Diosdado Cabello y Cilia Flores serán los encargados de encabezar la comisión; el primero será quien la presida y la “primera combatiente” asumirá la vicepresidencia del equipo de trabajo. En esta misión también trabajará la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, quien será la secretaria ejecutiva.
Llover sobre mojado
Maduro exigió a la recién creada comisión que en un plazo de 60 días se pueda eliminar el hacinamiento en los calabozos policiales; sin embargo, Diosdado Cabello aseguró que en 30 días podrán eliminarlo.
“Hemos establecido un lapso de un mes para visitar centros penitenciarios de detención preventiva, tomar decisiones judiciales en un mes. Que en un mes podamos tener desocupados los centros de detención preventiva”, dijo el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
En entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), indicó que la medida ordenada por Maduro es un reconocimiento del Estado al grave hacinamiento que esta institución sin fines de lucro ha denunciado periódicamente.
“Tenemos cuatro años denunciando esta situación y casi 5 años presentado informes anuales, semestrales, especiales y acudiendo a organismos internacionales a denunciar la situación de los calabozos policiales”, dijo Nieto Palma.
UVL sostiene que el hacinamiento en los centros de detención preventiva se debe a las políticas aplicadas por el Ministerio para Servicios Penitenciarios. “Mientras Iris Varela estuvo al frente se prohibió el ingreso a nuevos reclusos, si no eran autorizados previamente por su despacho”, explica el director de la ONG.
UVL denuncia muerte de 192 detenidos en manos del Estado en 2019
Durante la gestión de la ministra Varela la cartera de cárceles ella no aceptó la responsabilidad de lo que ocurría en los calabozos policiales. En el año 2018, cuando murieron 68 reos en un motín de una comisaría del estado Carabobo, la funcionaria se deslindó de responsabilidades.
“Hubo una tragedia que nos duele en el alma, pero los calabozos policiales no le corresponden al Ministerio Penitenciario porque eso es función policial”, dijo en aquel entonces la ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
“Hasta hace una semana fue que Iris Varela reconoció que había problemas en los calabozos policiales, ellos no habían hablado de ese tema, lo habían obviado por completo, se habían hecho los locos. Yo me contento desde que Varela y la Comisión de Política Interior hablaron de ese tema y dijeron que estaban en condiciones infrahumanas (…) me contenta de que se hayan dado cuenta después de tantos años, no lo considero un avance pero al menos ya reconocen el problema, antes no lo reconocían y eso era grave”, explica Nieto Palma.
Cifras y responsabilidades
La situación en los calabozos policiales es tan grave que los datos de UVL señalan que en el año 2020 por lo menos 208 privados de libertad murieron dentro de centros de detención preventivas, ubicados en 19 estados del país. De ellos, 143 fallecieron a causa de enfermedades, la mayoría por tuberculosis.
El pasado 10 de junio, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 6D, los parlamentarios del chavismo reconocieron el retardo procesal, el hacinamiento y las mafias que existen dentro de las cárceles del país.
En ese momento, el presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño, dijo que en los centros de detención preventiva en el país hay 38.736 personas. La cifra se distribuye en 11.659 detenidos en delegaciones y subdelegaciones del Cicpc en todo el país; 5.947 en sedes de la Guardia Nacional Bolivariana y 21.130 en comandos de las policías nacionales, estadales y municipales.
Pero, según UVL, en el país existen poco más de 500 calabozos policiales. La ONG contabilizaba un total de 65 mil detenidos en centros de detención preventiva en toda Venezuela. UVL monitorea 238 calabozos policiales que albergan a 19.091 presos.
“Aquí el retardo procesal está por el orden del 70 % de los presos venezolanos, tanto en cárceles como en calabozos policiales no tienen una sentencia definitivamente firme, o sea que son presuntamente inocentes, no han ido a un juicio. Yo creo que la creación de tribunales accidentales que se ocupen de adelantar todas estas causas, llevar los Tribunales a las cárceles y a los centros de detención y efectuar allí las audiencias o las diligencias que se puedan hacer para adelantar el proceso eso sería un punto importante”, recomienda Nieto Palma.
Ante los datos ofrecidos por Carreño, el representante de UVL señala que son nuevos y que no los manejan. “Insistimos que hay más de 60 mil, los datos oficiales son bien diferente a los que uno maneja”, alegó.
30 días no son suficiente
Aunque en UVL dan el beneficio de la duda para que el plan anunciado por Maduro funcione, estiman que los 30 días anunciados por Cabello para acabar con el hacinamiento y visitar los centros de detención preventiva no serán suficiente, ya que en el país existen más de 500 calabozos policiales.
“Por ahora Diosdado Cabello dijo que en 30 días visitaba todas las cárceles y ya las tenía sin hacinamiento, pero yo no creo que en 30 días lo pueda lograr, estamos hablando de aproximadamente 500 espacios en todo el país”, dice Nieto Palma.
Nieto Palma espera que la recién creada comisión no sea una más y que a la ONG le parece importante que el hacinamiento haya sido una de los primeros problemas a atacar ya que están reconociendo un problema que habían obviado antes.
“Si vas a quitar el hacinamiento de los centros de detención preventiva y eliminar el retardo procesal en 60 o 30 días tienes que trabajar muy pero muy duro, yo creo que no tenemos ni la planta física ni los jueces necesarios ni los fiscales necesarios, hay que darle un reacomodo completo al poder judicial para poder hacer esto que piensan ellos hacer”, dice el defensor de derechos humanos.
¿Están las cárceles en condiciones de recibir a nuevos reclusos?
Al conformarse la nueva Comisión, una de las preguntas que queda en el aire es sobre a cuáles cárceles serán llevados los reclusos que conviven hacinados en centros de detención preventiva del país.
Nieto Palma señala que es necesario saber en qué condiciones se encuentra los penales del país, aunque cree que estas sí podrían recibir a los reclusos proveniente de los calabozos, ya que a pesar de muchas denuncias y de que las cárceles carecen de muchos servicios básicos, es un lugar con mejores condiciones que un centro de detención preventiva.
“Es probable que pueda haber alguna (cárcel), o haya espacio donde se puedan meter nuevos presos, aunque no hay condiciones higiénicas, ni de agua, de salud, ni de nada, igualmente en las cárceles hay hacinamiento y malas condiciones de vida pero si toca comparar o escoger en fenómenos malos, entre un calabozo policial, que no tiene ni comedor, ni baños, un baño para 100 personas con condiciones infrahumanas, pero bueno en las cárceles por lo menos tienen un patio, luz, aire, y tienen otras cosas”, dice el coordinador de UVL.
Otra de las recomendaciones que Nieto Palma hace a la naciente comisión es construir nuevos penales y recuperar algunos que fueron cerrados durante la gestión de la exministra Varela.