Caracas, Zulia, Trujillo y Lara encabezan la lista con más detenciones arbitrarias en lo que va de 2025

En lo que va de 2025, al menos 250 personas han sido arrestadas en Venezuela de forma arbitraria según los registros de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). Caracas, Zulia, Trujillo y Lara, son las entidades con más detenciones por motivaciones políticas en los tres primeros trimestres de este año. 

Según un listado facilitado a Efecto Cocuyo por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, la cual defiende los derechos humanos de los presos políticos, solo en Caracas se estiman al menos 61 detenciones hasta la primera semana de octubre. Uno de los casos más emblemáticos es del líder opositor Juan Pablo Guanipa, arrestado en mayo de 2025 días antes de las elecciones regionales y acusado de terrorismo y otros delitos.

En el marco de esa misma operación, donde el gobierno vinculó a los aprehendidos con supuestos actos terroristas, fueron detenidos otros 70 ciudadanos; entre ellos, la activista de derechos humanos y promotora de los derechos de la mujer, Naomi Arnaudez , quien fue apresada en su residencia de Caracas la madrugada del viernes 23 de mayo.

En Zulia, al menos 22 personas están tras las rejas, mientras que en Trujillo la cifra asciende a 21 y en Lara son 17 las personas detenidas. 

En los últimos dos estados, las detenciones se han incrementado desde el mes de septiembre, lo que defensores de derechos humanos han calificado como una nueva ola de represión que busca callar a quienes difieren del gobierno de Nicolás Maduro. 

Mes de julio cierra con más detenciones: activistas políticos,  sindicalistas, trabajadores y un dirigente estudiantil 

Este año, las detenciones han estado marcadas por la figura del Sippenhaft, un concepto jurídico y práctica de terror implementada por el régimen de la Alemania nazi, que consistía en castigar a los familiares, allegados o relacionados con una persona acusada o sospechosa de cometer “un crimen” contra el Estado o de ser un opositor político, aun cuando dichos familiares eran completamente inocentes.

Un ejemplo de estas prácticas, que fueron utilizadas en regímenes como el de los nazi, se puede evidenciar con los recientes arrestos en el estado Trujillo, donde los familiares del activista Pedro Andrade fueron aprehendidos como forma de presión para que Andrade se entregara a las autoridades gubernamentales.

En el arresto y allanamiento a su residencia, fueron enviados a prisión su madre, su hermana y un sobrino, días posteriores el activista fue detenido cuando intentaba huir de Venezuela debido a la persecución en su contra; el activista fue incluido en una lista de un tribunal que ordenó detenerlo.

Las detenciones más recientes de las que se tiene registro ocurrieron el lunes 13 de octubre, según documentó el Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela, en el estado Lara, el cuarto estado con más arrestos registrados por JEP.

 Alexis Guedez y Luz María Rodríguez, miembros de la sociedad civil en esa región, fueron apresados por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Estas personas fueron detenidas tras la persecución a un familiar de una dirigente de Vente Venezuela. 

Once activistas, al menos, han sido detenidos en Trujillo desde inicios de septiembre

Ese mismo lunes, en esa entidad también fue detenida Xiomara Ortíz, coordinadora de Vente Venezuela, de la parroquia Juan de Villegas, en el municipio Iribarren, quien hasta este 17 de octubre se encuentra en desaparición forzada.

Estos hechos ocurridos recientemente en Lara fueron calificados como una “nueva ola represiva” orquestada por el gobierno de Maduro contra líderes locales vinculados a María Corina Machado.

Bolívar y Miranda

Los estados Bolívar y Miranda, con 16 detenciones arbitrarias respectivamente, son el quinto y sexto estado del país donde se han apresado a disidentes políticos en lo que va de año. 

En el estado minero, el 22 de julio de 2025 se registró la detención de Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar).

La prensa regional señaló que lo arrestaron en horas de la tarde cuando se encontraba en su vivienda en Puerto Ordaz. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Laboratorio de Paz, informaron que Brito, de 79 años de edad, padece de mal de Párkinson y otras afectaciones de salud relacionadas con su avanzada edad. 

El Correo del Caroní, medio local, también registró durante ese mes la aprehensión del dirigente del Partido Centro Democrático (PCD) en Bolívar, Yandir Loggiodice, y del coordinador de comunicaciones de Vente en esa entidad, Rodrigo Pérez.

En Miranda, el 10 de enero, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Noel Álvarez, jefe del comando de campaña de la oposición, según informó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Otro de los detenidos en esta entidad es José Riera, miembro del Encuentro Nacional de Activistas de Voluntad Popular. Fue apresado el 26 de julio de 2025, días antes de las elecciones municipales, en Los Dos Caminos, en el municipio sucre. Sus familiares denunciaron que Riera fue sometido a desaparición forzada. 

Barinas Aragua y Carabobo 

En los estados Barinas, Aragua y Carabobo se han reportado, en lo que va de año, al menos 13 detenciones de carácter político en cada uno de ellos.

En Barinas, la mayoría de los detenidos por estos motivos son los familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, quien se encuentra en el exilio tras oponerse al gobierno de Maduro y como represalia nueve de sus seres queridos se encuentran en prisión. 

Las detenciones se realizaron en dos fases principales: el 24 de enero de 2025 fueron arrestados su hermana Génesis Rodríguez Araña, y sus primos Gilbert Araña y Daniela Araña, todos bajo presunta acusación de terrorismo.

Posteriormente, en el mes de septiembre de 2025, se registró una nueva ola de arrestos y desapariciones forzadas que incluyó la nueva detención de su padre, José Rodríguez (quien ya había sido detenido el 14 de abril de 2025 y liberado en mayo); su madre Neida Araña Díaz (desaparecida desde el 19 de septiembre, tras una detención previa en abril); su tía Haydee Jerez, detenida y desaparecida forzosamente desde el 19 de septiembre; su cuñada Alejandra Vera detenida el 18 de septiembre de 2025; su hermano Jhoany Rodríguez y su primo Carlos Belandria Araña ambos detenidos en septiembre de 2025. 

Unas de las 13 detenciones documentadas por Justicia, Encuentro y Perdón en Aragua es la del dirigente sindical Roberto Campero, miembro de Sitraenseñanza, que fue detenido violentamente por funcionarios de Inteligencia del Estado la noche del jueves 14 de agosto de 2025 en su vivienda, ubicada en la localidad de Turmero , municipio Santiago Mariño, del estado Aragua. 

La detención se produjo en un contexto de creciente ola de represión sistemática contra líderes gremiales y sindicales en el país, y ocurrió un día después del arresto de la defensora de derechos humanos Rusbelia Astudillo, en Caracas. Hasta la fecha del reporte, se desconocen los motivos oficiales de su detención, pero el docente es conocido por su trabajo activado en la defensa de los derechos laborales del sector educativo.

De los 13 casos de detenciones registradas en el estado Carabobo, uno de los últimos reportes con mayor visibilidad fue el que involucró a la familia Guillén.

Tras ser detenidos entre el 4 y 5 de septiembre en la urbanización Paso Real, en un operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que buscaba a un familiar, hasta este 17 de octubre, permanecen en detención arbitraria Miriam Fernández Ruiz (72 años) y Chantal Niulany Guillén (21 años), pero la detención inicial incluyó a la hija de dos años de Chantal y a un adolescente de 17 años, quienes fueron liberados el 8 de septiembre.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Comité para la Liberación de los Presos Políticos denuncian que la detención de estas mujeres, especialmente la de una adulta mayor, forma parte de un patrón sistemático de persecución. 

Portuguesa, Yaracuy,  Táchira y Mérida

Los estados Portuguesa, Yaracuy, Táchira y Mérida también han registrado detenciones de carácter político. En Portuguesa, al menos 11 personas han sido registradas por JEP como detenidas, mientras que en Yaracuy, 10 personas engrosan la lista de arrestados. En Táchira, al menos ochos personas han sido detenidas y, por último, en el estado andino de Mérida hay seis ciudadanos tras las rejas.

De las 11 personas aprehendidas en el estado llanero de Portuguesa, el partido Voluntad Popular denunció la detención de su dirigente Edgar Torres, el viernes 23 de mayo , quien fue capturado de manera ilegal en horas de la tarde en las afueras de su residencia. Voluntad Popular calificó el hecho como una “nueva escalada de persecución, sadismo y terror” por parte del gobierno, sin detallar la fuerza policial específica y alertó que el encarcelamiento pone en riesgo la ya delicada salud de Torres, quien sufre de un trastorno de ansiedad aguda y claustrofobia.

Pedro Hernández, activista y defensor de derechos humanos, y presidente de la ONG Campo en la región, fue detenido el martes 16 de septiembre en Aroa, municipio Bolívar, estado Yaracuy. Esta detención forma parte de las 10 ocurridas en Yaracuy en estos meses y se realizó de forma violenta: funcionarios de la PNB lo interceptaron en motocicleta con su esposa e hijo de cinco meses, apuntándole a la cabeza antes de llevárselo en una patrulla.

Al día siguiente, el 17 de septiembre, su esposa (Natalia Álvarez), padre (Pedro Hernández Serrano), hermano (Daniel Henrique Hernández) y primo y abogado (José Hernández) también fueron apresados al acudir a la sede policial para conocer su paradero. Aunque los cuatro familiares fueron liberados el fin de semana siguiente, Pedro Hernández permanece bajo custodia sin que se conozcan los cargos en su contra.

Entre las ocho personas detenidas en Táchira, estado fronterizo con Colombia, está Alayne Rangel Gómez, quien fue arrestada de manera arbitrariamente el 10 de enero de 2025 en esa entidad. La detención se realizó sin orden judicial y, según Voluntad Popular, ocurrió en represalia por la militancia política de su prima, la dirigente Zuleika Meneses. 

De las seis personas que han sido detenidas en el estado Mérida, dos de los casos más notorios son los de los dirigentes juveniles de Vente Venezuela, Yones Molina y Jesús Castillo, quienes fueron detenidos y calificados de “secuestrados” por su partido el domingo 31 de agosto de 2025.

Los hechos se produjeron cuando los líderes estudiantiles fueron interceptados por un grupo de civiles armados en circunstancias que la tolda política corresponde al “régimen de Nicolás Maduro” como un acto de represión. Molina es el coordinador de Comunicaciones y Castillo el coordinador de Organización y economista egresado de la ULA, y su detención, que se produjo sin comunicación oficial de los motivos, es vista por Vente Venezuela como un ataque directo a la lucha por la libertad y la democracia.

Estados con menor cantidad de detenciones

A pesar de que las cifras de detenciones por motivos políticos se concentran en Caracas, Zulia, Trujillo y Lara, la actividad represiva del Estado se extiende a estados con menor registro de casos, afectando a activistas y defensores en el interior del país. Tanto en Anzoátegui como en Monagas se contabilizan cinco detenciones arbitrarias respectivamente, mientras que en Falcón y Guárico se han reportado tres arrestos en cada uno. 

El registro de Justicia, Encuentro y Perdón complementa este panorama al señalar que las detenciones también ocurrieron en estados con solo dos casos documentados: Apure , Cojedes y Vargas. Finalmente, el estado Sucre cierra este listado con al menos una detención arbitraria documentada hasta ahora.