Bandas delictivas se robustecieron en los territorios de paz

Sólo una operación sin precedentes en la historia policial venezolana permitió a los desterrados agentes de la Policía de Aragua regresar a la estación policial del sector San Vicente de Maracay.

Una cadena de eventos unidos al clamor popular condujo a mil quinientos  funcionarios, incluyendo a efectivos del Ejército, a ocupar, la madrugada del miércoles 13 de mayo, la zona que, de manera paradójica, fue bautizada como “Zona de Paz”. La semana anterior detectives de la policía científica denunciaron haber sido hostigados con granadas. Las subdelegaciones de Villa de Cura, Turmero y Caña de Azúcar fueron atacadas con los artefactos explosivos en represalia por la muerte de tres antisociales que habitaban en el sector.

Durante ocho horas de intensa metralla los ojos de los venezolanos se posaron sobre el otrora apacible barrio, fundado en la década de 1950, cuyo nombre derivó de la floreciente hacienda San Vicente que allí estuvo anclada desde la época de Juan Vicente Gómez.  Tal vez por ello sus pioneros de amplia vocación agrícola decidieron radicarse en esa área que al norte limita con la población de Mariara, al sur con el Lago de Valencia, al este con el sector 23 de Enero y al oeste con la Base Aérea Mariscal Sucre.

Los “Territorios de Paz”, proyecto bandera que en septiembre de 2013 emprendió el Viceministerio de Política Interior y Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores, a juicio de policías y vecinos comenzaban a naufragar y se patentó en el barrio San Vicente.

Sin embargo, en diversas zonas del estado Miranda donde arrancó el plan piloto, destinado a desmovilizar a las bandas delictivas, prosperaron las organizaciones criminales. Un informe confidencial elaborado por el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) de la Guardia Nacional Bolivariana el cual fue divulgado daba cuenta de la proliferación de al menos seis bandas criminales que operaban en la zona de Barlovento.

Ahí los antisociales dedicados a la extorsión, el secuestro, narcotráfico, sicariatos y violaciones se repartieron el territorio que asumieron como suyo. Las incipientes  bandas que se acogieron al plan pacificador ahora muestran un amplio portafolio criminal, aseguran funcionarios policiales y moradores.

El director de la Policía del estado Miranda, comisario Elisio Guzmán,  fue el primer jefe policial en alertar sobre el peligro que revisten esas áreas patrocinadas por el Gobierno nacional. Guzmán cuestionó que los cuerpos policiales no puedan actuar en esos territorios que se han convertido en nichos de impunidad.

Replican la “pranocracia”

Criminólogos y jefes policiales han detectado que en esos espacios dominados por delincuentes se reproduce el mismo caudillaje de los penales. El general de División Jesús Rafael Chourio,  comandante de la Zona de Defensa Integral Aragua (Zodi), al ofrecer un balance oficial del inédito despliegue militar y policial que  incluyó a paracaidistas de la 42 Brigada de Infantería, admitió el descalabro del proyecto gubernamental en el barrio San Vicente.

“En vez de cumplir la función de inserción de quienes estaban opuestos a la ley, fue interpretado como territorio libre para delinquir”, manifestó.  Respecto de los tres presuntos delincuentes abatidos durante el procedimiento, dijo que formaban parte de la banda conocida como “El Tren de Aragua”, organización que se dedicaba a la extorsión, cobro de vacunas, robo de vehículos, venta de drogas, homicidios y lesiones.  El fallecido antisocial apodado “Jhohan Maleta”, dijo el general Chourio, se había autoproclamado  como el “Pran del sector 1 de San Vicente”.

El jefe militar admitió que los bandidos se habían adjudicado diversos sectores de la barriada para cometer delitos. “Se trata de una banda que está distribuida por cuadrantes para delinquir. Imagínense a lo que hemos llegado”, comentó.  Tras la ocupación del barrio fueron detenidas 836 personas,  16 de ellas serán imputadas. Sólo pudieron recuperar 4 armas de fuego.

El criminalista y profesor universitario Fermín Mármol considera que establecer convenios con bandas para que transiten por el camino del bien son sólo utopías y recordó que se trata de una fracasada experiencia puesta en práctica en El Salvador. “Aquí el criminal siente que gana más dinero delinquiendo, especialmente en un país con 90% de impunidad”.

Mármol también lamenta que el Estado pueda sentarse en una mesa a conversar con los jefes de las bandas criminales en lugar de hacerlo con las víctimas y los sobrevivientes. Sostiene que la fragilidad del programa se expresa a través de la constitución de micros-estados considerados como “la república de los pranes, los colectivos armados y paramilitares armados”.

Las mismas formas de terror y dominación que ejercen los pranes en los penales a través de “pranocracias” se replican en las barriadas. El criminólogo Luís Izquiel también fustigó el proyecto que culminó al convertir algunos predios en “zonas francas del delito”, donde el delincuente se cree con el derecho de expulsar a las autoridades para sentirse libre de la persecución policial.

“Esos territorios los agarraron los delincuentes como madrigueras de impunidad.  Son escenarios ideales para que impongan sus leyes, ya que no existe presencia de funcionarios policiales y militares”, señaló Izquiel.

En curso de colisión

Las advertencias que daban cuenta acerca de un eventual choque entre la población y las bandas delictivas enquistadas en las “zonas de paz” surgieron en los pasillos de la policía científica. Los detectives a quienes les prohibieron realizar procedimientos en estos lugares alertaron sobre el curso de colisión que estaba por materializarse.

El mes de febrero del pasado año los miembros de la banda conocida como “Los Orejones”, tras amenazar a los detectives del Cicpc en los Valles del Tuy, decidieron doblar su apuesta y decretaron un toque de queda. Comercios, escuelas y liceos cerraron sus puertas.

El pasado mes de abril en otra demostración de fuerza asesinaron a nueve personas en la urbanización Lomas de Guadalupe, perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la autopista Charallave-Ocumare.  Mientras valoraban  la masacre los detectives concluyeron que la evidencia indica que los delincuentes no se han reinsertado en la sociedad. Al contrario, sus acciones han marcado veredas donde los escasos índices delictivos se mantenían en niveles tolerantes. Los uniformados que juraron defender a los ciudadanos ahora como parias deambulan por oficinas improvisadas mientras reclaman volver a sus despachos.