El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió este jueves la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, donde según la alta comisionada Michelle Bachelet ha habido «algunos pasos en la dirección correcta» en los últimos meses, aunque también alertó de la persistencia del acoso a activistas, el cierre de emisoras de radio y el bloqueo a medios digitales.
En su informe actualizado ante el Consejo, que cubrió eventos desde el pasado septiembre, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.
Cierre de emisoras y bloqueo a medios digitales
También se cerraron desde el pasado año al menos ocho emisoras de radio y se han bloqueado siete sitios web de medios de comunicación, destacó la alta comisionada sobre derechos humanos, quien insistió en que «el pueblo venezolano tiene derecho a fuentes de información independientes».
Bachelet recordó también que 12 personas cuyos casos siguen grupos de derechos humanos siguen en detención arbitraria, y criticó la reciente persecución de la ONG FundaRedes, con más de dos décadas de activismo y cuyo director Javier Tarazona, con una salud en deterioro, sigue detenido.
Pese a las críticas, el informe de la alta comisionada, quien este lunes tuvo un encuentro virtual con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue más positivo que en sesiones anteriores del Consejo, al reconocer algunos avances por el buen camino y creciente colaboración entre su oficina y las autoridades del país.
Pasos «positivos»
Por ejemplo, las reformas en marcha del sistema de justicia, la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, la prohibición de enjuiciar civiles en tribunales militares o las medidas para enfrentar el hacinamiento en centros de detención preventiva «son pasos prometedores», reconoció Bachelet.
Estas reformas «deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repiten», afirmó la expresidenta chilena.
La alta comisionada también valoró positivamente la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional, que en noviembre abrió un examen preliminar sobre posibles crímenes de derechos humanos en el país.
Del mismo modo, Bachelet recordó que en los últimos seis meses agentes estatales han sido condenados «en tres casos emblemáticos, entre ellos el del homicidio y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo».
También destacó que las elecciones regionales de noviembre se celebraron «en gran medida de forma pacífica», con acceso amplio a ellas por parte de las misiones internacionales de observación y acciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral para garantizar la legitimidad del proceso.
Discrepancia del chavismo
Tras la intervención de la alta comisionada, tuvo derecho a réplica el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, quien aseguró que algunas críticas del informe «no se ajustaron a la realidad» y «no tuvieron en consideración la información compartida por nuestro Estado».
«Vemos con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del objetivo de promoción de los derechos humanos del Consejo», lamentó el diplomático.
Constant también subrayó que el presidente Maduro se comprometió en su conversación con Bachelet esta semana a «primar la transparencia y la voluntad manifiesta de cooperación».
En este sentido, el diplomático subrayó que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet ha reforzado su presencia en Venezuela en los últimos años, y aseguró que «sus funcionarios cumplen su mandato con total libertad y apoyo de los órganos competentes del Estado».
Tanto la alta comisionada como el embajador reiteraron su petición del levantamiento de las sanciones que países como Estados Unidos siguen imponiendo a Venezuela, y que en palabras de Constant «violan el derecho internacional y constituyen un delito de lesa humanidad».