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La ONG Aula Abierta hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar alerta ante los intentos de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 de reformar el marco legal de la educación superior, “lo cual rechazamos debido a la cuestionada legalidad del referido órgano, así como las formas implementadas por el mismo”.

La organización emitió un comunicado en el que resalta que cualquier instrumento normativo impulsado por la AN, o cualquier otro órgano del Poder Público, debe ser fruto de un proceso inclusivo, acorde a los estándares sobre libertad académica, autonomía universitaria y derecho a la educación superior previstos en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

El pasado 18 de enero, Luis Martínez, diputado a la AN de 2020, anunció a través de su cuenta de Twitter, la instalación de una “comisión para la formulación de la estrategia para la construcción de la Ley de Educación Universitaria”, en las instalaciones de la Oficina de Planificación Universitaria (Opsu), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Y este 2 de febrero reseñó que avanzamos en la construcción de una nueva Ley de Educación Universitaria, «en la mas amplia consulta, que garantice la autonomía y potencie la calidad académica».

Y según Aula Abierta (basándose en información aparecida en un medio nacional) la comisión estaría presuntamente integrada por “rectores, diputados, representantes profesorales y estudiantiles” y su instalación marcaría el inicio de un proceso que llevará a la presentación de un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, con la pretensión de derogar la vigente Ley de Universidades de 1970.

“A la fecha, en cuanto a la inclusión de representantes de las universidades autónomas del país por parte de la Asamblea Nacional no ha habido una invitación formal, sólo se conoce de la iniciativa de creación de una comisión de rectores articulada en por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) donde existiría la representación de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu)”, dice en el comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, aclara, no se ha conocido la inclusión de los representantes de las Federaciones de Centros Universitarios (FCU) de las universidades autónomas, representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), entre otros actores relevantes del sistema de educación superior del país, para la discusión de esta propuesta de Ley, continuando la política de Estado de exclusión y/o discriminación de estos actores en los espacios de discusión de asuntos de interés público, por motivos políticos.

En este sentido, señala que la instalación de esta comisión “no responde a un hecho aislado sino a una política de Estado contra las universidades en los últimos años, a través de un conjunto de actuaciones por parte del Ministerio de Educación Superior y otros órganos del Poder Público en detrimento de la libertad académica y la autonomía universitaria”.

Y cita hechos como la imposición de cupos de nuevos ingresos por parte de la Opsu –la cual fue convalidada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –; la  suspensión de procesos electorales universitarios por parte de diversos tribunales de la República la modificación inconstitucional de los integrantes del claustro universitario; la asfixia presupuestaria que alcanza, en algunos casos, 99 % de déficit con respecto a las necesidades reales de las universidades y la implementación del Sistema Patria para la centralización de facto de recursos financieros propios de las universidades públicas; la creación del Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación (Sesa), entre otras prácticas que se configuran como patrones de violación a la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela.

En este contexto, añade, también se han creado instrumentos que afectan los derechos de la comunidad universitaria y en cuya adopción se excluyeron a actores que debían participar en su proceso de discusión, transgrediendo así los requisitos legales, entre ellos la publicidad de tales instrumentos.

Resalta el caso de las Convenciones Colectivas Únicas del Sector Universitario (CCU), en cuya discusión se ha excluido sistemáticamente a las asociaciones y grupos sindicales legítimos, específicamente a los representantes de las asociaciones de profesores pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), «debido a sus opiniones críticas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado venezolano y la gestión de sus órganos del Poder Público».

A la ONG le preocupa que sólo unos meses antes de la instalación de la “comisión para la formulación de la estrategia para la construcción de la Ley de Educación Universitaria” por parte de la Asamblea Nacional, haya circulado dentro de la comunidad universitaria un proyecto de Ley de Educación Universitaria que, si bien no es oficial, contiene un membrete de la actual Asamblea Nacional y ha sido compartido por actores universitarios con cercanía a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Ftuv), de marcada relación pro gobierno.

Sostiene que el mencionado proyecto de Ley –cuyos autores se desconocen de manera oficial– tiene grandes similitudes con el proyecto de Ley de Educación Universitaria aprobado en el año 2010 por la Asamblea Nacional, pero vetado en el año 2011 por el Ejecutivo Nacional, por ser inconstitucional.

Lo que se avecina con el proyecto

Aula Abierta indica que la rechazada figura del Estado Docente prevista en la Ley Orgánica de Educación del 2009 es ratificada en el referido proyecto (arts. 1, 4 y 9), al igual que en el proyecto de ley de 2010 (arts. 1, 4 y 9).

Por otra parte, señala que el proyecto de ley actual radicaliza algunas posturas ideológicas en la sección relativa a los principios y valores de la educación universitaria, al vincular ésta a un proceso de superación de la sociedad capitalista (art. 3. 6.) y construcción de un modelo productivo socialista (arts. 4. 11. y 60), a través del adoctrinamiento con orientación socialista y la eliminación de la corriente de pensamiento capitalista en las universidades.

Asimismo, establece diversas disposiciones que trastocan la autonomía universitaria (académica, administrativa, organizativa o de gobierno y económica o financiera) reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 109) y en la Ley de Universidades vigente (art. 9).

Además, elimina el principio de universalidad de todas las corrientes de pensamiento en la educación universitaria –previsto en el proyecto de ley de 2010 (art. 4. 11.)–, con la intención de exterminar la pluralidad de corrientes de pensamiento, en esencia el pensamiento crítico y, en consecuencia, limitar el ejercicio de la libertad académica.

Por otra parte, mantiene la estructura orgánica planteada en el proyecto vetado por inconstitucionalidad en el año 2011, en lo que respecta a la aplicación de mecanismos que violentan la autonomía académica y pueden derivar en la eliminación de la capacidad legal de las universidades para funcionar como instituciones de educación superior, toda vez que atribuye a actores externos indeterminados tales como las “comunidades”, la facultad de evaluarlas y revisar su acreditación (art. 8. 9.).

Y mantiene, según la ONG, la figura del Consejo Nacional de Transformación Universitaria (arts. 20, 21, 22 y 33) y los Consejos Territoriales de Transformación Universitaria (arts. 23, 24 y 25). “Sin embargo, suprime los Consejos Universitarios, en sustitución de la Asamblea Universitaria, el órgano ejecutivo, el Consejo Disciplinario, el Consejo de Apelaciones, el Consejo Contralor, el órgano electoral y la Defensoría Universitaria” (art. 82), eliminando el ejercicio de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela, al establecer que los reglamentos internos de las universidades serán dictados por el Ejecutivo Nacional”.

Por tanto, insisten en alertar a la comunidad nacional e internacional ante los intentos de la Asamblea Nacional de 2020 de reformar el marco legal de la educación superior, lo cual rechazamos debido a la cuestionada legalidad del referido órgano e insiste en la pluralidad y autonomía académica.

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