Asfixia, golpes, desnudez forzada: las torturas que aplican contra militares presos

LA HUMANIDAD · 10 DICIEMBRE, 2020 13:44

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María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin

Foto por Mairet Chourio | @mairetchourio

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Golpes, asfixia, desnudez forzada, amenazas, aislamiento, privación de agua y alimentos. Estos son parte de los actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados contra militares presos que describe un reciente informe de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno interino.

El documento presentado este jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, examinó 22 casos de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) privados de libertad, señalados por su presunta responsabilidad en actos contra el gobierno de Nicolás Maduro. De ellos, 22 son hombres y una mujer.

Las causas registradas fueron el Golpe azul, Francotiradores, Operación Libertad, Paramacay, Armagedón, Drones, Cotiza, Constitución, Operación Vuelvan Caras, entre otras.

Tortura física y mental

A través de entrevistas realizadas por la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión, identificaron que entre los actos de tortura física y mental infringidas a las víctimas se incluyen:

Desnudez forzada

Amenazas de desmembramiento o quemaduras

Golpizas en distintas partes del cuerpo con tablas, bates, palos de pico y fusiles, entre otros objetos

Asfixia por ahorcamiento

Inmersión del rostro en tobos de agua

Cubrir el rostro con bolsas plásticas (frecuentemente impregnadas de gas lacrimógeno)

Electrocución en distintas partes del cuerpo

Esposas excesivamente apretadas

Suspensión con cadenas

Aislamiento

Privación de agua y alimentos por tiempo prolongado

Sometimiento a bajas temperaturas

Prohibición de aseo durante días

El informe Relatos de tortura. La realidad silenciosa de los militares privados de libertad denunció que como consecuencia de estas prácticas muchos de los militares presos ameritan atención médica, que les han negado.

“En algunos de los casos los daños causados son irreversibles e incluyen parálisis permanente de distintas partes del cuerpo, infertilidad derivada de un aborto forzado, mutilación física y pérdida absoluta de uno o más de los sentidos.

“Lamentablemente, en un caso documentado la víctima falleció como consecuencia de las brutales torturas ejecutadas en su contra”, detallaron.

Los centros de tortura

El documento advierte que la mayoría de los hechos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se llevaron a cabo en centros formales de reclusión, especialmente en el marco de interrogatorios realizados previos a la audiencia de presentación.

Mientras estos hechos ocurrieron, las víctimas permanecieron encerradas en lo que llaman celdas de castigo o celdas de adaptación.

Hacen referencia a al menos ocho instalaciones o espacios “creados para torturar” y ubicados principalmente en edificios del Sebin (en Plaza Venezuela), la Dgcim (en Boleíta, estado Miranda) y el Centro Penitenciario de Oriente (conocido como La Pica).

La Comisión también tuvo información de torturas ejecutadas en centros clandestinos.

Responsables por acción u omisión

Tras las entrevistas realizadas, la Comisión señaló como responsables directos “del sufrimiento físico y mental” contra estos militares a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, principalmente integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Destacaron además la responsabilidad de algunos jueces, fiscales, defensores públicos y médicos forenses “que han intervenido de una forma u otra para intentar encubrir las violaciones cometidas”.

El comisionado presidencial para los DDHH, Humberto Prado, destacó que al menos tres víctimas que dieron su testimonio para el informe declararon ser castigados tras reunirse con oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH y/o por suministrar información a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.

Alertó que esta situación es preocupante porque puede disuadir a las víctimas de continuar denunciando, por lo que urge que se apliquen mecanismos de protección para ellos, sus familias y las organizaciones que los acompañan.

“Existe la posibilidad de que el número total de afectados por colaborar con la ONU sea mayor, sin embargo, debido a la suspensión de visitas decretada desde el mes de marzo de 2020 con ocasión del COVID-19 y mantenida a la fecha, gran parte de los familiares no han podido comunicarse con sus seres queridos; lo que impide recabar información actualizada al respecto”, señalaron.

El documento formula recomendaciones destinadas a investigar de forma inmediata e imparcial el cumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo de Estambul, sobre sancionar a todos los responsables involucrados (especialmente a quienes ostentan un alto nivel jerárquico), reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.

Hasta el pasado 31 de octubre, la Comisión contabilizaba 378 presos políticos en el país. De esta cifra, 60,58% son funcionarios activos o retirados de algunos de los cinco componentes de la Fanb que fueron privados de libertad arbitrariamente por presuntamente realizar, instigar o planear “actos subversivos en contra del gobierno de Hugo Chávez o del ilegitimo régimen de Nicolás Maduro”, dependiendo del caso.