Amnistía Internacional (AI) emitió una “acción urgente global” para exigir a Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, liberar a Javier Tarazona, activista y director de la organización FundaRedes, encarcelado el pasado 2 de julio.
“Me alarma profundamente que el preso de conciencia y defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, director de Fundaredes, continúe detenido y sometido a un proceso penal injusto”, se lee en una misiva publicada en la cuenta de Twitter de Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
En el comunicado la organización defensora de derechos humanos señaló que Tarazona sufre de un deterioro de su salud debido a la falta de atención médica especializada que el Gobierno le ha negado.
“Debe ser liberado inmediatamente e incondicionalmente, con particular urgencia para que pueda recibir la atención y el tratamiento médico que requiere”, dice AI.
En la carta, publicada la tarde de este 20 de diciembre, AI insistió al Gobierno venezolano que deje en libertad al activista por los derechos humanos y a cerrar todas las investigaciones penales sobre el defensor.
El organismo exhortó al Gobierno a poner fin a la criminalización de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
Caso sin audiencias
Tarazona fue detenido junto a su hermano, Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García, el 2 de julio cuando acudieron a la Fiscalía de Coro, capital estado del Falcón, justo cuando fue a denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios del Sebin y otros sujetos sin identificar, mientras realizaban jornadas de formación a esta zona costera del país.
Días previos al arresto, los activistas hicieron denuncias sobre el conflicto armado entre la fuerza Armada Nacional y disidentes de las FARC, en Apure, estado fronterizo con Colombia.
Posteriormente, Rafael Tarazona y Omar García fueron excarcelados bajo una medida cautelar que les obliga a presentarse ante los tribunales cada ocho días. Pero Javier Tarazona sigue detenido. Los activistas fueron acusados por la Fiscalía de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
Para Tarazona y su familia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 18 de junio de 2020 la Resolución 30/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
De la misma forma, diversas organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica ya se han pronunciado en favor de la libertad plena e inmediata de Javier Tarazona, así como de los activistas Rafael Tarazona y Omar García.
A la fecha, la audiencia preliminar de Javier Tarazona, de Omar García y Rafael Tarazona, ha sido diferida al menos en 12 oportunidades, sin que se informe a la defensa las razones por las cuales se dan estos retrasos, «que en realidad obedecen a dilaciones sin justificación», informó FundaRedes. Luego de cinco meses de demora, el pasado 16 de diciembre se llevó a la audiencia.