Amnistía Internacional denuncia lentitud en investigación de atentado contra activistas venezolanos en Colombia

A cuatro meses del tiroteo contra Yendri Velásquez y Luis Peche, la justicia colombiana no avanza

Cuatro meses después del atentado armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, la justicia colombiana no registra avances significativos en la investigación ni ofrece garantías completas de protección a las víctimas, denunció Amnistía Internacional en un comunicado publicado este viernes.

El ataque ocurrió el 13 de octubre de 2025 en el norte de la capital colombiana. Dos sujetos armados dispararon contra los defensores de derechos humanos cuando salían de su residencia para tomar transporte público. Ambos resultaron heridos en las piernas, pero se recuperaron fuera de peligro.

Yendri Velásquez, integrante del equipo de Amnistía Internacional y activista LGBTIQ+, había llegado a Colombia en septiembre de 2024 tras sufrir persecución en Venezuela. Luis Peche, consultor político y director de la consultora Sala 58, también huyó de amenazas, detenciones y desaparición forzada en su país de origen.

Amnistía Internacional califica el hecho como “un reflejo de los riesgos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas venezolanas, en especial aquellas perseguidas por su activismo en defensa de los derechos humanos”.

La organización advierte que las trabas administrativas para reconocer el estatus de refugiado aumentan la vulnerabilidad de estos defensores.

“Este ataque no puede tratarse como un caso aislado. Refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo. La obligación del Estado es proteger e investigar con urgencia. Cada día sin avances profundiza el daño”, declaró Valentina Ballesta, representante de Amnistía Internacional.

Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de la organización, agregó: “El caso de nuestro colega Yendri Velásquez y Luis Peche es ejemplo de cómo las trabas administrativas para reconocer oportunamente el estatus de refugiado generan riesgos, más aún en casos de personas que defienden los derechos humanos, y que por ello deberían estar sujetas a una protección especial, pues enfrentan riesgos particulares”.

Por su parte, Yendri Velásquez expresó: “Hoy la gente vive con temor en Venezuela, y los que estamos fuera también. El Estado tiene la responsabilidad de protegernos y de investigar lo que pasó. Seguiremos denunciando porque el silencio no nos protegerá”.

La Fiscalía General de la Nación colombiana no ha presentado resultados claros ni ha identificado a los responsables. Amnistía Internacional exige que las autoridades avancen de manera inmediata, exhaustiva e imparcial en la investigación, implementen medidas de protección integral a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cumplan con las obligaciones internacionales de proteger a quienes solicitan refugio.

La organización recuerda que la impunidad en estos casos erosiona la confianza en las instituciones y envía un mensaje de tolerancia ante la violencia contra defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional continuará monitoreando el caso y demandará que ninguna agresión contra personas en necesidad de protección internacional quede sin castigo.