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La Alianza por la Libertad de Expresión, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil venezolana, alertó sobre la aprobación de la Ley que pretende regular, controlar y fiscalizar a las ONG nacionales.

En un comunicado que hicieron público este jueves 2 de febrero advirtieron sobre los peligros de este instrumento legal, que la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó el 24 de enero en primera discusión.

«Una de las consecuencias más preocupantes de esta propuesta es que aumenta el riesgo de millones de personas en el país en situación crítica que hoy se benefician de programas sociales, humanitarios y derechos humanos en medio de una crisis estructural de larga duración. La ausencia de garantías institucionales efectivas para la protección de derechos derivó en el desplazamiento de más de 7 millones de personas  lo que convirtió a Venezuela en el foco de una crisis migratoria sin precedentes en el continente», dijeron.

La Alianza por la Libertad de Expresión la integran el Centro de DDHH de la Ucab, el Colegio Nacional de Periodistas, el Comité por una Radiotelevisión Pública, además de la Dirección de Publicaciones de la Ucab. También la conforman Espacio Público, Expresión Libre, la Revista Gumilla, SER Comunicación e Investigación, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV, el Instituto Prensa y Sociedad y Un Mundo Sin Mordaza.

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Qué pasa con la Ley contra las ONG

Manifestaron que la aprobación se dio sin cumplir las garantías previstas en la Constitución de 1999 y tampoco hay acceso público a la propuesta que presentó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien impulsa esta legislación.

«En Venezuela las organizaciones ya están sometidas a una serie de registros que demandan el cumplimiento de compromisos fiscales e institucionales. Es el Estado el que impide el debido funcionamiento del sistema de registro actual así como las actualizaciones de las actas constitutivas de las organizaciones», respondieron a los argumentos del dirigente del partido de gobierno, quien asegura que las ONG no rinden cuentas en el país.

Entre otras advertencias mencionaron el Ejecutivo tendrá amplias facultades para «que La propuesta otorga facultades al Poder Ejecutivo de «supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización; esto significa que el Estado puede diseñar los mecanismos de seguimiento, control, captación y supervisión de las actividades».

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Qué dijo la Misión de Hechos sobre la ley

Este 30 de enero la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela también manifestó su preocupación por el instrumento legal.

“La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó Francisco Cox, experto de la Misión.

La presidenta de esta instancia, Martha Valiñas, aseguró que «la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela», si la sanciona finalmente el Poder Legislativo.

Mientras que la Alianza por la Libertad de Expresión añadió que «exhortamos a todas y todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad, su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios/as directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos».

Lea el comunicado de la Alianza aquí